Ignacio González ha abandonado sobre las 19.45 horas de este miércoles la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecía internado desde el pasado 21 de abril por su presunta responsabilidad en los hechos que se investigan en el  marco del caso Lezo. El ex presidente de la Comunidad de Madrid se ha negado a responder a los periodistas que se encontraban a las puertas del centro penitenciario madrileño.

Visiblemente desmejorado y más delgado, González se ha subido al vehículo con sus abogados para dirigirse a su domicilio, donde volverá a dormir después de haber estado privado libertad durante más de 200 días. Su salida se ha producido horas después de que once familiares y amigos depositaran los 400.000 euros que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le impuso este martes como caución accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid tiene congeladas sus cuentas desde un día antes de que Eloy Velasco -instructor que inició el caso Lezo y actualmente en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- dictara prisión incondicional por su presunta responsabilidad en la trama corrupta que se investiga. El hecho de que estén bloqueados los sus saldos bancarios ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el abogado de González en sus peticiones de excarcelación, al entender que sin la posibilidad de disponer de recursos económicos era «imposible» que su cliente pudiera darse a la fuga.

El juez de la Audiencia Nacional considera que, a través del entramado societario creado, «oculta» en varios países «el dinero público desviado»

Frente a lo que sostiene el investigado sobre la inexistencia de fondos fuera de España, García-Castellón considera indiciariamente que la estructura societaria constituida por la trama «oculta» en al menos cuatro países -Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Reino Unido- el «dinero público desviado».

«Los elementos probatorios que se están recabando evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal», sostiene el magistrado.

Testimonio incriminatorio de Rodríguez Sobrino

Tampoco casa con el testimonio exculpatorio de González la declaración en sede judicial de Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la filial del Canal de Isabel II en Suramércia (Inassa), quien aseguró al magistrado García-Castellón el pasado mes de junio que se infló el precio de compra del 75% del capital social de la empresa brasileña para poder cobrar una comisión. La parte correspondiente a Ignacio González, aseguró, fue ingresada en una cuenta independiente.

La confesión voluntaria de Rodríguez Sobrino arrojó otro elemento incriminatorio para el ex presidente del Ejecutivo madrileño, al señalarlo como la persona que promovió ese plan para lucrarse. «Que el mando de la operación estaba en sus manos se acredita por las declaraciones judiciales muy esclarecedoras obtenidas en Colombia», ha reconocido el instructor en el auto por el que fijaba fianza para el ex dirigente del PP de Madrid.

Con la  salida de prisión de Ignacio González, el único imputado en el caso Lezo que permanece privado de libertad es Rodríguez Sobrino, después de que ya lograran salir bajo fianza Pablo González, hermano del ex presidente madrileño, y la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond.