El juez que instruye el caso Lezo ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, dejar en libertad a Ignacio González si deposita una fianza de 400.000 euros. El ex presidente de la Comunidad de Madrid permanece en prisión desde el pasado 21 de abril, días después de su detención en el marco de la causa en la que se investigan presuntas actividades corruptas en la empresa pública Canal de Isabel II.

En un auto fechado este martes, el magistrado Manuel García-Castellón justifica que su antecesor al frente del Juzgado Central de Intrucción 6 de la Audiencia Nacional acordara privar de libertad al ex presidente del Ejecutivo madrileño hace más de seis meses, si bien considera que el avance de la instrucción ha hecho disminuir «considerablemente» el riesgo de fuga y la eventual reiteración delictiva, toda vez que las pesquisas judiciales que se han llevado a cabo en Colombia y Panamá han estrechado el cerco sobre el «posible manejo de fondos en el extranjero». García-Castellón ha adoptado esta decisión después de recibir el informe en el que el Ministerio Público varía su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido en las dos ocasiones anteriores en las que la defensa de Ignacio González había solicitado la libertad para su representado.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional accede a suavizar las medidas cautelares para el ex presidente del Ejecutivo madrileño, al que no obstante acusa -junto a su hombre de confianza en la filial del Canal en Suramérica, Edmundo Rodríguez Sobrino– de haberse prevalido de su cargo público para «beneficiarse ilícitamente del patrimonio» de la Comunidad de Madrid.

En la resolución, el juez delimita la investigación a la compra en 2001 de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) –holding de la que cuelgan el resto de participadas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica-, la adquisición del 75% del capital de la empresa brasileña Emissao en 2013 e irregularidades en las licitaciones obtenidas en Panamá y República Dominicana, principalmente.

El juez y la Fiscalía creen que, después de casi siete meses, ha disminuido «considerablemente» el riesgo de fuga y de reiteración delictiva

En relación con la compra de Inassa, el magistrado acusa a Ignacio González de haberle encargado un informe previo al bufete Cuatrecasas sobre esta operación corporativa sin el preceptivo concurso público y de haberlo «ocultado» a los órganos de gobierno del Canal. «No existe ninguna ley que autorice a un funcionario público a encargar y pagar con dinero público un determinado servicio para posteriormente ocultarlo», razona.

Respecto al contenido de dicho informe, el juez detalla que no sólo exponía «meras irregularidades» sino que incluía además «indicios claros de una conducta delictiva», como ha quedado avalado en conversaciones «por separado» interceptadas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tanto a González como a Rodríguez Sobrino.

«No se trata de una referencia coloquial o en clave política, sino que se trata en ambos casos del pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado», razona García-Castellón. Y añade: «Con esta actuación, Ignacio González permitió el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y le dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito».

El magistrado cree que, a través de una estructura societaria, Ignacio González y su ‘hombre de confianza’ en Suramérica ocultan dinero en varios países del extranjero

En relación a la compra del 75% de las acciones de Emissao, el instructor rechaza el argumento de Ignacio González y asegura que en las actuaciones se ha acreditado «de forma reiterada» que la operación se inició «con anterioridad» a que el ex presidente madrileño cesara como presidente del Canal de Isabel II. «Que el mando de la operación estaba en sus manos se acredita por las declaraciones judiciales muy esclarecedoras obtenidas en Colombia», añade.

El magistrado describe en su auto una «actividad delictiva colectivamente ejecutada» con reparto de papeles entre los dos principales imputados para «facilitar o ejecutar» los hechos que se investigan y «alejar los centros de decisión delictiva de los centros de ejecución material delictiva» a fin de lograr «una mayor protección e impunidad» para los máximos responsables.

«La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado», plantea García -Castellón, que acusa a González y Rodríguez Sobrino de camuflar el resto del capital «bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal», agrega.

García-Castellón acusa al ex presidente madrileño de dar «cobertura ilícita» a los antecesores que habrían delinquido con la compra de una empresa en Colombia en 2001

La investigación también alcanza la presunta ‘compra’ de funcionarios en países en los que ya estaba presente el Canal de Isabel II a través de Inassa -caso de Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia- y el incremento patrimonial «ilícito» que Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero -ambos imputados también en la causa- habrían logrado a través de la empresa Tecnoconcret como beneficiaria de los contratos de construcción y explotación del campo de golf. El juez señala al investigado José Antonio Clemente Martín como la «persona interpuesta».

«El importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros», precisa. Para retirar ese dinero, los investigados crearon un sistema de «facturación mendaz» a través de las sociedades Reimex Representaciones SL, Asesora 25 SL y Proyectos Ecosistemas SL.

«Apoderamiento de capitales públicos»

«Para la consecución del plan dirigido al apoderamiento de capitales públicos de la Comunidad de Madrid, el investigado Ignacio González orquestó todas las actuaciones administrativas necesarias dirigidas al buen fin de la operación ilícita. Para ello removió todos los obstáculos legales concurrentes, con quebranto de la legalidad administrativa vigente, para la adjudicación a la mercantil ACS de los contratos de ejecución de obra y de explotación de las instalaciones deportivas de Canalgolf, así como para la aprobación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid del proyecto modificado presentado en 2006 y para la ejecución de las obras sin la preceptiva licencia urbanística del Ayuntamiento de Madrid», concluye García-Castellón, que considera que estos hechos pueden ser constitutivos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y judicializada un año después, después de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento del Ministerio Público las conclusiones de una auditoría interna y que arrojaba dudas sobre el importe, los plazos de compra y las fórmulas de pago. Las alarmas se encendieron tras constatar el nuevo equipo que más del 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.