María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II, ha abandonado la cárcel madrileña de Soto del Real en la noche de este viernes tras la depositar los 100.000 euros de fianza. La imputada permanecía en prisión preventiva  desde que, a mediados de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó la Operación Lezo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

La salida de prisión se ha producido horas después de que el juez Manuel García Castellón le rebajara de cuatro millones a 100.000 euros la fianza que le había impuesto Eloy Velasco, el magistrado que inició la instrucción del caso y que ocupa hoy una plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

La aminoración de la caución se producía 24 horas después de que Richmond declarara de forma voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que defendió su participación en la compra del 75% de la empresa brasileño Emissao por parte del Canal de Isabel II y aseguró que no vio motivos para sospechar de que esta operación fuera irregular. La adquisición de Emissao es una de las líneas principales de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez en Lezo.

Como informó este periódico, el Ministerio Público había anticipado al término de la declaración de la investigación que emitiría informe favorable a la rebaja de la fianza, como había pedido la defensa de Richmond. Tras salir de la cárcel la ex directiva del Canal de Isabel II, permanecen aún en prisión el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la filial de la empresa pública en Latinoamérica.

La salida se producía horas después de que el juez le rebajara la fianza de cuatro millones a 100.000 euros

En el auto por el que decretó prisión preventiva, el juez Eloy Velasco -magistrado que inició la instrucción del caso antes de pasar a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y de que se reincorporara a su plaza García Castellón- veía fundado el riesgo de que María Fernanda Richmond pudiera fugarse por el hecho de que, «aprovechándose de los conocimientos financieros y de la posición» que tenía en la estructura directiva del Canal de Isabel II, ha podido «distraer caudales públicos que se encuentran en el extranjero para su disfrute personal».

En el recurso, el abogado de la ex directiva criticaba que la caución impuesta a su representada fuera 40 veces superior a la que se impuso al que fue su jefe en esta empresa pública -el ex gerente Adrián Martín López de las Huertas (100.000 euros)- y consideraba «absolutamente falso» tanto que aquélla tenga cuentas corrientes o bienes muebles o inmuebles ni a su nombre ni al de familiares o testaferros. «Luego es completamente erróneo poder establecer un riesgo de fuga de mi defendida sobre la base de tener bienes o dinero fruto del delito, a su alcance, en el extranjero», subrayó.

Combatiendo la tesis de Velasco, el letrado defendía también en su recurso que Richmond tiene «absoluto arraigo» en España, donde reside junto a su marido, una hija fruto de su primer matrimonio, su madre y un hermano que padece una grave enfermedad mental y al que asiste económicamente al contar éste únicamente con una “modesta” pensión argentina. Al figurar como autorizada en la cuenta de su hermano, ésta ha sido también bloqueadas en este procedimiento por el juzgado, al que la investigada ha pedido ya que levanta la medida por el perjuicio que está sufriendo a su familia.