María Fernanda Richmond, ex directora financiera de Canal de Isabel II Gestión y en prisión preventiva tras su detención el pasado mes de abril en el marco de la operación Lezo, ha defendido este jueves ante el juez su actuación en la compra de la empresa brasileña Emissao y ha asegurado que no era conocedora de que esta operación pudiera ser irregular o que existieran motivos para desconfiar.

Richmond ha sido trasladada desde la prisión madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional para comparecer a petición propia ante el titular del Juzgado de Instrucción Central 6, Manuel García Castellón. La investigada había pedido declarar para ofrecer todas las explicaciones sobre su papel en los hechos investigados, una vez recordadas las gestiones realizadas en el marco de la compra de la compañía carioca y en condiciones muy distintas a las que lo hizo cuando compareció ante el juez Velasco 48 horas después de su detención.

Las fuentes consultadas por este periódico han dicho que la comparecencia se ha prolongado durante dos horas y media y que María Fernanda Richmond ha respondido todas las preguntas formuladas por el juez, la fiscal y su defensa, dirigida por el penalista Bernardo del Rosal. Con su declaración, la imputada pretende demostrar su voluntad de colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y, lejos de ‘tirar de la manta’, se ha limitado a explicar las razones por las que tomó las decisiones vinculadas a la adquisición del 75% del capital de Emissao.

La ex directora financiera del Canal declara a petición propia ante el juez García Castellón durante 2,5 horas

La petición de comparecencia ante el instructor del caso Lezo está relacionada también con la petición de su abogado para que decrete su libertad o, al menos, le rebaje la fianza que le impuso el juez Eloy Velasco para poder salir de prisión: cuatro millones de euros. En un recurso de apelación presentado el pasado 25 de abril, el letrado de Richmond consideró «absolutamente desproporcionada» la fianza que había fijado el anterior instructor y criticaba que ésta fuera 40 veces superior a la que se impuso al que fue su jefe en esta empresa pública: el ex gerente Adrián Martín López de las Huertas (100.000 euros), como informó El Independiente.

Según ha podido conocer este diario, la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado este jueves partidaria de que se rebaje la fianza a la ex directora financiera del Canal de Isabel II Gestión. Con el informe favorable del Ministerio Público, todo hace indicar que el magistrado García Castellón reducirá la cuantía de la caución en las próximas horas.

En el auto por el que decretó prisión preventiva, Eloy Velasco veía fundado el riesgo de que María Fernanda Richmond pudiera fugarse por el hecho de que, «aprovechándose de los conocimientos financieros y de la posición» que tenía en la estructura directiva del Canal de Isabel II, ha podido «distraer caudales públicos que se encuentran en el extranjero para su disfrute personal».

Anticorrupción apoya que se rebaje la fianza a Richmond, que el juez Velasco fijó en cuatro millones de euros

En el recurso, el abogado de la ex directiva consideraba «absolutamente falso» tanto que su cliente tenga cuentas corrientes o bienes muebles o inmuebles ni a su nombre ni al de familiares o testaferros como que la compra de Emissao le haya reportado a aquélla «ningún beneficio, ventaja económica o comisión». «Luego es completamente erróneo poder establecer un riesgo de fuga de mi defendida sobre la base de tener bienes o dinero fruto del delito, a su alcance, en el extranjero», subrayó.

Combatiendo la tesis de Velasco, el letrado defendía también en su recurso que Richmond tiene «absoluto arraigo» en España, donde reside junto a su marido, una hija fruto de su primer matrimonio, su madre y un hermano que padece una grave enfermedad mental y al que asiste económicamente al contar éste únicamente con una «modesta» pensión argentina. Al figurar como autorizada en la cuenta de su hermano, ésta ha sido también bloqueadas en este procedimiento por el juzgado, al que la investigada ha pedido ya que levanta la medida por el perjuicio que está sufriendo a su familia.