La enajenación de miles de viviendas de protección oficial (conocidas como VPO) a fondos de inversión o buitres en la Comunidad de Madrid antes y durante la crisis fue una práctica extendida que en breve puede resolverse judicialmente. Pero mientras se dirime en el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) una demoledora sentencia aún no firme, los fondos propietarios de vivienda protegida buscan maximizar beneficios disparando los alquileres. Como ha sucedido recientemente en la localidad de San Sebastián de los Reyes (87.000 habitantes).

En Sanse el fondo Lazora, socio de Goldman Sachs en la compra de 3.000 VPO al Ivima en 2013, subió de la noche a la mañana los arrendamientos un 70% a una treintena de familias de la calle de Juan Gris cuyo contrato vence en las próximas semanas. Vecinos que pagaban 500-600 euros vieron cómo el alquiler pasaba a costar más de 1.000 euros, y sin opción a compra. Los medios se hicieron eco y la tensión llegó a tal punto que el equipo de Gobierno formado por PSOE y Ganemos (la marca de IU) promovieron el 19 de julio una Declaración Institucional respaldada por todos los partidos instando a Lazora a mantener los alquileres a condiciones justas. Y para impulsar una mesa de negociación entre todas las partes.

La unanimidad se derrumba

La supuesta unidad política en defensa de la vivienda social apenas tardó unos días en desmoronarse: a la semana siguiente de la declaración oficial, el alcalde Narciso Romero (PSOE) y la concejala de Servicios Sociales Jussara Malvar (Ganemos) se reunieron en secreto con representantes de Lazora, algo que sentó como un jarro de agua fría entre los vecinos.

«Nos dijeron que se verían a las seis de la tarde en las dependencias del ayuntamiento. Allí fuimos y no había nadie», deplora Ruth Mélida, portavoza de los afectados. «Todo quedó como estaba, ya que el fondo seguirá negociando individualmente con los arrendatarios», agrega Melia, que al poco tiempo se vio con su casero Lazora, para estudiar su situación. «Me impusieron unas cláusulas abusivas y di la reunión por terminada».

Cláusulas abusivas

Este medio ha hablado con el servicio de prensa y con la concejala Jussara Malvar. «Las viviendas son libres desde 2016 porque el régimen de protección venció hace 10 años», rebaten en el Consistorio. Malvar confirma que el encuentro con Lazora tuvo lugar en un despacho municipal -«están repartidos por todo San Sebastián de los Reyes»-. «El fondo nos dijo que no habría mesa de negociación, y que si queríamos charlar con sus representantes tendría que ser en privado -destaca la responsable de Servicios Sociales-. Hemos intentado mediar, pero como Ayuntamiento tenemos las competencias limitadas. No podemos conseguir todo lo que queremos» .

«Me parece lamentable que esta moción que votamos los 25 concejales en el pleno fuese incumplida por el alcalde y la concejala que fue ponente de dicha moción, haciendo caso omiso a la voluntad de todos los grupos políticos y de todos los afectados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)», estalla Julián Serrano Pernas, de Sí Se Puede. «Un gobierno que se dice de izquierdas, ¿cómo es posible que en Sanse no promueva vivienda de protección oficial? Y encima no defiende a los que desahucian».

«Hemos intentado mediar»

Serrano Pernas protagonizó una sonada batalla dentro de Podemos en la Comunidad de Madrid que se ha resuelto felizmente para él tres años después: tras las elecciones municipales de mayo de 2015 confrontó con el otro concejal morado. Fue expulsado y, tras años de litigios con el Comité de Garantías, ha sido readmitido. Asegura que va a dejar la política en 2019.

El pleno es una ensalada de partidos: además de los ocho concejales del PP, los cuatro de Izquierda Independiente y los tres de Ciudadanos, comparte el punto de vista del concejal de Sí Se Puede el activista Félix Sobrino, miembro de la PAH de AlcoSanse. «Es lamentable que el Ayuntamiento se reúna a puerta cerrada con Lazora sin que como mínimo estén los afectados presentes», dice. «Estas viviendas de protección oficial fueron vendidas a fondos de inversión que ahora especulan con ese suelo».

Institución ‘non grata’

La oposición en el pleno llevará en septiembre una moción para declarar a Lazora «institución non grata«. «Es la primera noticia que tengo», admite la concejala de Servicios Sociales evitando responder qué votará. «Es imposible que no conozca la moción», responde la afectada Ruth Mélida.

La tensión política salta a la vista a pesar de que estos días tienen lugar las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes, con reconocidos festejos taurinos, y el ambiente parece más relajado.