A lo largo de junio de 2016 tuvo lugar una historia turbia en el seno de los servicios de contratación del Ayuntamiento de Madrid. Concretamente, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), encargada de construir vivienda pública en la capital. Y es que, de acuerdo con la documentación obtenida por El Independiente a través del Consejo de Transparencia, la multinacional Ilunion (ONCE) perdió en cuestión de 10 días un contrato de vigilancia de la EMVS de casi cinco millones de euros.

Un hecho insólito: según las fuentes consultadas, una firma tan potente como Ilunion (32.000 trabajadores y 50 líneas de negocio solo en España) «es imposible que no entregue en plazo» la documentación requerida, apenas cuatro meros documentos «fáciles de obtener».  Todos los elementos invitan a sospechar, porque durante el plazo concedido a Ilunion para presentar los papeles acreditativos el equipo de Gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena destituyó el 16 de junio por sorpresa a la consejera delegada, María Serrano. Serrano cargó recientemente contra Ahora Madrid por no hacer VPO y asegura que nunca entendió su cese.

Ilunion es incapaz de entregar cuatro documentos y pierde 5 millones de euros

Varias de las personas consultadas, todas desde el anonimato, apuntan a la connivencia entre parte de la dirección de la EMVS y la empresa finalmente adjudicataria, Castellana de Seguridad (Casesa), que ya venía prestando esos servicios con anterioridad.

Sospechoso cese

La EMVS la preside la número dos de Carmena, la Teniente de Alcaldesa Marta Higueras. La adjudicación del concurso a Ilunion Seguridad S.A. se produjo el 9 de junio de 2016, al día siguiente de convocarse la Mesa de Contratación. Ilunion superó con nota un largo proceso burocrático en el que concurrían otras dos empresas: Castellana de Seguridad S.A. y Sureste de Seguridad.

El mismo día en que se notificó a Ilunion que había ganado el contrato de seguridad, la empresa municipal reclamó a la privada cuatro documentos a entregar en 10 días hábiles, a saber: «Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias»; «documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato»; «garantía definitiva constituida mediante aval bancario intervenido notarialmente,
con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división y ejecutable al primer requerimiento»; y las «pólizas de los seguros» indicados en otro apartado.

Preparamos la documentación», responde la ONCE. Pero ésta nunca se envía

«Tomamos nota de su comunicación», responde un directivo Ilunion a la empresa local por correo. «Preparamos la documentación solicitada y la entregamos tal y como nos indican», agrega. Pero algo ocurre en ese plazo porque la entrega nunca se produce: Ilunion, que no ha querido hacer declaraciones a este medio, no presenta ni uno solo de los documentos para sorpresa de muchos trabajadores y altos cargos de la EMVS. Además, el día 16 de ese mes se materializa el despido de María Serrano, un cese que nunca despertó ruido mediático. El 19 de junio se le acaba el tiempo a Ilunion.

Todo ocurre muy deprisa. La caída de María Serrano se pactó con el PSOE y al frente de la empresa se situó Francisco López Barquero, un miembro del aparato socialista. Apenas unos días después de ser ratificado como consejero delegado, el 24 de junio López Barquero comunica por carta a Ilunion de que el plazo se ha agotado. «Habiéndose cumplido dicho plazo sin que se haya presentado documentación alguna», dice, «procede que la mesa de contratación proponga al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato de 4,8 millones a Castellana de Seguridad S.A.».

Las fuentes hablan de la presencia constante de un conseguidor de Casesa en la EMVS

El de julio de 2016 el contrato millonario se adjudica definitivamente a Castellana de Seguridad. Las fuentes de la EMVS hablan de la presencia constante en la sede de la Empresa de la Vivienda de Madrid de un conseguidor de Casesa, Carlos Correcher, quien no aparece entre los accionistas de la firma privada. Correcher, agente de policía, está vinculado a una condena por acoso que recibió la Comunidad de Madrid en 2005. Sea como fuere, Casesa o Castellana de Seguridad se impone. E Ilunion pierde el contrato inexplicablemente.

Ni VPO ni acción contra los fondos

En la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo suceden cosas muy raras de las que nadie da explicaciones, como el despido de una empleada por robar 100.000 euros que se dirime ahora en los juzgados. Dos años después de su llegada a la cúspide de la EMVS, ya se sabe que el consejero delegado López Barquero no va a construir las VPO prometidas por Ahora Madrid al inicio de la legislatura (difícilmente se llegará a las mil viviendas sociales frente a 2.500 prometidas); la empresa local tampoco ha tomado medidas judiciales contra la enajenación de casi 2.000 viviendas al fondo buitre Blackstone en 2013, durante la alcaldía de Ana Botella.