El acceso a las viviendas de protección oficial (VPO) empieza a ser un problema grande: apenas se construyeron y entregaron 5.000 pisos en España en 2017 frente a 400.000 demandantes. Y la capital, Madrid, padece ese conflicto: al final del mandato de Manuela Carmena la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) construirá, si es que llega, poco más de 1.000 viviendas y entregará como mucho una quinta parte de las mismas a pesar de los anuncios que hablan de 2.500 VPO (en fase de ejecución que no se terminarán esta legislatura). Ante esta tesitura, la ex consejera delegada de la EMVS destituida de forma sorpresiva hace exactamente dos años por la número dos del ayuntamiento, Marta Higueras, cargó ayer en una charla contra las políticas municipales de vivienda.

María Serrano, cuyo cese en junio de 2016 apenas despertó ruido en los medios, intervino en un acto titulado La función social de la vivienda: retos y desafíos organizado por la asociación Abogados de Madrid. «Cuando llegué se me hizo un encargo para que elaborara un informe de tasación», explicó Serrano. «Ahora mismo han pasado tres años de inactividad, pero yo dejé hecho un plan cuatrienal, íbamos a construir 6.500 VPO con dinero del ayuntamiento, de un fondo social. Fue más o menos cuando se me cesó».

Búsqueda de suelo

«Tuvimos que buscar suelo para hacer efectiva la promoción de viviendas. Y gran parte de ese suelo lo tenía el área de Desarrollo Urbano Sostenible [DUS, Urbanismo] que no me facilitó la labor. Y no critico al concejal delegado de DUS [José Manuel Calvo] sino a algunos funcionarios que, imagino, procedían de la etapa del PP y cuya resistencia me escapaba», señaló Serrano. La ex consejera delegada cargó con dureza contra la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo Blackstone durante la alcaldía de Botella, una enajenación que, cinco años después, ha disparado el valor de esos pisos.

«Jamás he tenido una herramienta tan importante en mi vida para ayudar a los ciudadanos», subrayó la ponente. Serrano criticó que el ayuntamiento «está más volcado en macro-operaciones como Chamartín o Mahou-Calderón que en hacer vivienda social». «¿Qué nos vamos a llevar los madrileños de estas operaciones?», se preguntó. «¿Se ha negociado con estos señores construir el parque público de viviendas que nos interesa?. No nos merecemos este ayuntamiento, y puede parecer que lo digo con acritud pero no es cierto. Es que lo pienso».

«No merecemos este ayuntamiento»

La ex alto cargo, que fue sustituida de manera fulminante por Francisco López en un giro en el que Higueras apenas dio explicaciones, repasó la especulación urbanística desde tiempos de Franco. «En los años sesenta se crearon seis millones de viviendas en cinco años, una locura sin parangón en el resto de países europeos, mucho más avanzados en todos los sentidos». Comparó la política de vivienda de Gallardón con la dictadura, basada en la promoción y el desarrollo del suelo para financiar «obras faraónicas» y terminó en la venta de VPO a fondos buitre.

«El ayuntamiento no puede asumir todas las competencias, pero sí muchas de ellas. Garantizar un derecho subjetivo a la vivienda, una alternativa temporal, dar ayudas para poder sufragar la renta del alquiler para no dejar a gente en la calle. Es nuestro plan, del que no sé nada desde que me cesaron, planificamos 1.000 viviendas para personas mayores desarrollando suelo público. En cada barrio concebimos una o dos promociones, hicimos un análisis de los censos», continuó.

8 inspectores, 300 trabajadores

Serrano habló de su «equipo». «En junio de 2016 íbamos a empezar la construcción de viviendas», dijo. «Las fórmulas eran variopintas: trabajar con un fondo social, hablando con importantes promotoras para que construyeran VPO a cambio de alquileres sociales, fomentar alquileres asequibles, desplegar una buena política de intermediación», prosiguió. «Yo había localizado varios edificios del ayuntamiento. Además solo teniamos ocho inspectores para una empresa con 300 personas». Ana Botella pensó en liquidar la EMVS en los peores vaivenes de la crisis, algo que al final se tradujo en algunos despidos.

Preguntada por su caída en desgracia, Serrano no se mordió la lengua. «Supuestamente fue porque yo me oponía a vender por orden del juez 250 casas en Colonia de las Victorias, en Tetuán», indicó. «Es cierto que me opuse, pero no vehementemente y traté de buscar una salida para que el ayuntamiento no perdiese dinero: al no poder recurrir, quería recurrir a una figura de última instancia y convencer al juez; según esta vía, podiamos vender las casas a precio de módulo y que las pérdidas para la EMVS fueran menores». Según ella, Higueras tiró de una noticia de La Razón para justificar su destitución.

Defensa de Colau

«La sentencia era injusta, yo quise hacer algo y de la noche a la mañana se me cesó con un plan en el cajón para construir miles de viviendas protegidas. ¿Cuál es el coste actual para el Ayuntamiento de Madrid por la venta de Colonia de las Victorias?», lanzó Serrano. La anterior responsable de la Empresa de la Vivienda valoró a modo de colofón las políticas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, «que obliga a que en toda construcción el 30% de las viviendas sean VPO».