Maniobra parlamentaria del Gobierno para tratar de garantizar la aprobación de los Presupuestos. Este martes a última hora, por sorpresa y antes de que cerrara el registro del Congreso, el PSOE ha introducido una enmienda a la ley sobre la formación de los jueces en materia de violencia de género, en la que pide eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda de estabilidad y por tanto sobre los Presupuestos Generales del Estado. La información ha sido adelantada por El País y confirmada a El Independiente desde el ministerio de Hacienda.
La maniobra es un atajo legal controvertido, pero que el Gobierno sostiene que ha sido autorizada por el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. El timing de la operación, realizada a última hora, ha impedido reaccionar a PP y Ciudadanos, puesto que el plazo de enmiendas terminaba este mismo martes. Así, la eliminación del veto del Senado tiene vía libre para su tramitación, primero en la comisión de Justicia y después en el Pleno, donde el PSOE cuenta con mayoría de socios favorables a revertir esta situación.
Sin escrúpulos: Sánchez aprovecha una ley contra la violencia machista para borrar de un plumazo al Senado y poder sacar presupuestos con populistas y separatistas. De fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en La Moncloa. https://t.co/dY0tJXodZs
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 18, 2018
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no tardó en reaccionar y en la noche del martes criticó la falta de "escrúpulos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del 2019. "De fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en La Moncloa", señaló Rivera, informa Europa Press.
En un tuit, el líder de la formación naranja ataca a Sánchez por "aprovechar una ley contra la violencia machista para borrar de un plumazo al Senado y poder sacar presupuestos con populistas y separatistas".
La aprobación de la senda de déficit es condición previa e indispensable para la presentación y aprobación de los Presupuestos Generales. Y el poder de veto del Senado sobre esta senda es, de momento, muy fuerte, ya que un voto en contra de la cámara devuelve el proyecto al Gobierno, que debe redactar uno nuevo, y no al Congreso para su aprobación por mayoría simple, como sucede en el resto de casos.
Con un PP mayoritario en la Cámara Alta, era de prever que la aprobación de la senda y por tanto la tramitación de los Presupuestos se retrasase sin límite. El objetivo de la norma cuya tramitación se ha aprobado este martes es volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que el posible veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple.
Guerra de atajos parlamentarios
La iniciativa es fruto del acuerdo de PSOE y Unidos Podemos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el fin de lograr un mayor margen de déficit para el próximo ejercicio, ya que con la actual situación el PP puede bloquear la aprobación de los objetivos de estabilidad en virtud de la mayoría absoluta de la que goza en el Senado.
Para conseguir que el cambio se aprobara cuanto antes y así acelerar la presentación de unas nuevas cuentas, PSOE y Unidos Podemos pidieron que la reforma se tramitase por el procedimiento de urgencia y en lectura única, pero se toparon con el freno que impusieron en la Mesa el PP y Ciudadanos. La urgencia implica acortar los plazos a la mitad y la lectura única, solventar todos los debates en un Pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión.
PP y Ciudadanos rechazaron esta vía y estaban dispuestos, usando su mayoría en la Mesa, a retrasar la tramitación de la reforma ordinaria de la ley ampliando sine die los plazos de enmiendas al texto. Ante ese bloqueo, el PSOE ha respondido con otro atajo legal para tratar de desbloquear la situación. La toma en consideración de la proposición de ley ha salido adelante con los votos de PSOE, Podemos, ERC, PDeCat, PNV, Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria.
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