El Gobierno defiende la necesidad de dar más holgura a los objetivos de déficit para 2018 y 2019, no solo para contar con más margen para desarrollar políticas expansivas y sociales de gasto, sino también para adecuarlos a la realidad. La de una economía que se desacelera y que acumula ya una desviación en la reducción del saldo negativo de las Administraciones respecto a los objetivos vigentes difícil de recuperar.

Lo que pretende el Ejecutivo es que el Parlamento de vía libre a una nueva senda de consolidación fiscal que pasa por reducir el déficit al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en 2019, frente al 2,2% y el 1,3% previstos en el calendario heredado del Gobierno de Mariano Rajoy.

De no lograr el apoyo de las Cortes, el Gobierno tendrá que elaborar los Presupuestos de 2019 con unos objetivos por tanto más restrictivos, lo que, como ha avanzado la ministra de Economía, Nadia Calviño, empujará sin remedio a acometer nuevos ajustes, de momento por el lado de los impuestos.

Mientras el Gobierno trabaja en un acuerdo con Podemos para dar salida a su senda de déficit, el consenso de analistas ha actualizado estos días sus previsiones macroeconómicas y la conclusión es clara: el Gobierno tiene razón al señalar que su propuesta de consolidación es más realista, sin embargo ni con esa relajación será posible cumplir los objetivos de déficit el próximo año. O dicho de otro modo, si se quiere cumplir habrá que hacer, incluso en ese escenario, ajustes adicionales a los previstos por el Gobierno.

Lo dice  el panel de los principales servicios de estudios que elabora la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Un plantel en el que se recogen las previsiones de entidades financieras como el Banco Santander o el BBVA; la patronal CEOE o gigantes como Repsol.

El consenso de todos estos analistas sitúa la previsión de déficit para este año en el 2,7% del PIB, dos décimas más que hace seis meses, aunque en línea con la nueva senda marcada por el Gobierno. Esta coincidencia era esperable puesto que el Ejecutivo se ha limitado este año a poner en la casilla del objetivo de déficit los resultados que arroja la ejecución presupuestaria. Nada más realista que esto.

Más difícil es hacer un pronóstico para 2019, puesto que supone entrar en el terreno de las previsiones y porque está en el aire la elaboración de un Presupuesto llamado a incluir importantes novedades tanto del lado de los ingresos como de los gastos. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido, antes de saber qué Presupuestos podrá presentar, a reducir el déficit público en nueve décimas el próximo, del 2,7% al 1,8% del PIB.

Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, los analistas creen que el déficit se situará el año que viene en el 2%, lo que supone una desviación sobre el nuevo objetivo, en caso de aprobarse, de dos décimas, alrededor de 2.500 millones de euros. Este pronóstico implica que, si el Gobierno se ve impelido finalmente a reducir el déficit al 1,3% el año que viene, el ajuste extra que debería llevar a cabo para conjurar la previsión debería alcanzar las siete décimas, más de 8.000  millones de euros.

Solo la Cámara de Comercio, el IEE y Repsol confían

No obstante, esta previsión es una media entre un total de 17 panelistas, cuyas previsiones de déficit van de un mínimo del 1,3% del PIB en 2019, al 2,5%. Los más optimistas y los únicos que creen que España podría reducir su saldo negativo al 1,8% o por debajo son la Cámara de Comercio de España (-1,3%), Repsol (-1,6%) o el Instituto de Estudios Económicos (-1,3%).

Entre los más pesimistas están Cemex (-2,5%), el Centro de Estudios de Economía de Madrid (-2,4%) o Analistas Financieros Internacionales (AFI). Por su parte, la gran banca sitúa sus proyecciones en torno al 2% del PIB y el Banco de España mantiene de momento su previsión de junio que apuntaba a un déficit para el año que viene del 2,3% del PIB.

En los fundamentos de estas previsiones, el panel de analistas ha rebajado una décima, hasta el 2,7%, su estimación de crecimiento del PIB para este año, dado que prevén una menor aportación tanto del sector exterior como de la demanda nacional. Esta reducción de la aportación del sector exterior también ha motivado la rebaja de una décima, hasta el 2,3%, del crecimiento previsto para 2019. De igual forma, los principales servicios de estudios estiman que todos los componentes de la demanda nacional seguirán moderando su ritmo de crecimiento el próximo año, especialmente el consumo privado.

AIReF también arroja dudas

La publicación del panel coincide con la publicación de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que considera que el cumplimiento del déficit del 2,7% del PIB para este año es probable y, por tanto, imposible que el saldo se reduzca al 2,2% del PIB en el caso de que no prospere la nueva senda de consolidación. Otra vez, realismo.

Esto condenaría, en coincidencia con la valoración de los analistas publicada por Funcas, a una ajuste brusco en 2019 para poder lograr reducir el déficit al 1,3% el próximo año en el peor de los escenarios, y arroja dudas sobre la capacidad del Gobierno de cumplir con el escenario más favorable del 1,8%.

Más aún cuando la tendencia del déficit en el último tramo de este año es negativa. Según precisa el auditor de las cuentas del Estado, la recuperación de los ingresos será inferior al aumento de los gastos hacia el final del año debido a la entrada en vigor de medidas como la subida de las pensiones o de los salarios públicos, pero, sobre todo, porque el peso muerto de la deuda será superior a los presupuestado.

Desde enero, los ingresos han crecido en tres décimas del PIB, tendencia que se mantendría hasta final de año con un ritmo menor, de dos décimas. Esto se debe a una ligera mejora de los ingresos por IRPF y por el Impuesto de Sociedades. En cambio, los gastos se han reducido en otras tres décimas desde el inicio del año, pero revertirán esta tendencia en los próximos meses, con un incremento de cuatro décimas, hasta alcanzar el 41,1% del PIB. Además, AIReF estima un mayor gasto en intereses, con una reducción respecto a 2017 menor que la prevista anteriormente.