Red Eléctrica de España (REE) se ha marcado como prioridad prepararse para la ineludible transición energética que tiene que afrontar el país. Una revolución que plantea el reto de mejorar las redes de alta tensión para asumir el boom de renovables de los próximos años (más difíciles de gestionar que otras fuentes de energía no intermitentes) y de autoconsumo, que exige redes inteligentes, mayor digitalización, nuevos puntos de conexión, cierre de otros…
Para prepararse para la transición energética REE ha diseñado un plan de inversiones sólo en redes de transporte en España que requerirá unos 7.000 millones de euros entre 2020 y 2030, prácticamente el doble del ritmo actual de inversión aprobado por la compañía para los próximos años, según ha desvelado el presidente de la compañía, Jordi Sevilla, en un encuentro con la prensa.
“Sin esas inversiones, será difícil que la transición energética pase del papel”, sostiene. Además, la compañía ha solicitado ya al Gobierno que para afrontar la mejora de las redes se habilite una tramitación especial de los proyectos para reducir los plazos necesarios. El objetivo sería que el tiempo dedicado a los trámites de autorizaciones y permisos para nuevos puntos de conexión, que normalmente tardan unos 3 años, se reduzca a la mitad.
Impacto en el recibo de luz
La retribución que recibe REE por la red de transporte se carga directamente en el recibo de la luz a través de los peajes (que sirven para cubrir los costes regulados del sistema, y que representan en torno a un 45% de la factura). Este año la compañía percibirá unos 1.700 millones de euros, y Sevilla ha reconocido que el plan de inversiones tendrá conllevaría una subida de los peajes y, con ella, del recibo.
Sin embargo, el presidente de REE subraya que el impacto sería limitado, dado que la retribución a la compañía representa cada año entre un 4 y un 4,5% de la factura final. “El problema de las subidas de la factura no es REE”, ha sentenciado. “Los problemas se solucionan actuando donde existe el problema. La subida actual está más vinculada al comportamiento del mercado marginalista y las medidas anunciadas por el Gobierno pasan por reducir impuestos”.
Además, Sevilla ha apuntado que el recibo de la luz arrastra un “problema histórico: que parte de la política energética se traslada a la tarifa, mientras que en otros países va a los presupuestos del Estado”.
Red Eléctrica aún está pendiente de que el Gobierno decida la retribución que percibirá la compañía con cargo de la factura eléctrica en el próximo periodo regulatorio, entre 2020 y 2025. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) propone que se le reconozca una rentabilidad del 5,47%, mientras que REE ha pedido en sus alegaciones que se eleve hasta el 6,2 o 6,4%, lo que supondría un sobrecoste de unos 120 millones de euros.
Buscar 7.000 millones en el mercado
“Conseguir esos 7.000 millones en los mercados no es fácil. Y menos en un contexto de financiación cambiante”, ha apuntado, en referencia a la incipiente subida de tipos de interés que se avecina en los mercados y a la desaceleración económica.
El consejero delegado de REE, Juan Lasala, realizó la pasada semana encuentros con inversores en Estados Unidos para tantear los mercados de cara a obtener nueva financiación. El grupo ha admitido que si la retribución se fija en el 5,47% como propone la CNMC será “aún más difícil” poder colocar bonos u otras fórmulas de financiación, pero que lo conseguirá igualmente.
La compra de Hispasat, aparcada
Sevilla ha marcado como la auténtica prioridad del grupo para los próximos años “sacar de los mercados esos 7.000 millones y garantizar la transición energética”. Y deja fuera de los grandes objetivos de la compañía la compra del grupo de satélites Hispasat que estuvo negociando con Abertis la anterior cúpula de REE comandada por José Folgado.
Sevilla ha decidido frenar la operación, dejando la decisión última sobre la compra al Gobierno, dado su carácter estratégico en diferentes ámbitos, pero sobre todo porque Hispasat gestiona los satélites de Defensa. “¿Para nosotros tiene sentido la operación? Sí, porque complementaría nuestra área de comunicaciones. ¿Es mi prioridad? No”.
“Si mañana el Gobierno, y el precio es razonable, lo haremos”. El problema es si actualmente hay acuerdo sobre lo que es un precio razonable. Abertis alcanzó un preacuerdo con REE a principios de año que valoraba Hispasat en 1.150 millones de euros. Tras la compra de Abertis por ACS y Atlantia, los nuevos dueños valoran la compañía de satélites actualmente en unos 1.300 millones.
“¿Qué es un precio razonable?”, se pregunta Sevilla encogiéndose de hombros. “Lo que sé es que el precio que he leído en los medios que ahora vale Hispasat me parece caro”.
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