La Junta Única de Resolución ha detallado una a una todas las causas que, en su opinión, ocasionaron la crisis de liquidez que hundió Popular. En un documento publicado el 5 de octubre que se adjunta junto al informe Hippocrates de Deloitte, en el que la firma hace una valoración provisional de Popular, la JUR reconoce que la situación de liquidez se deterioró «rápidamente». Cita varias circunstancias como las rebajas de ráting, la cobertura mediática y las publicaciones de resultados.

En su escrito la institución europea señala los siguientes puntos como causantes de «importantes salidas de depósitos»:

«En febrero de 2017, la entidad comunicó la necesidad de dotaciones extraordinarias de 5.700 millones de euros, lo que provocó pérdidas de 3.485 millones en 2016 y nombró un nuevo presidente, el cual inició una revisión de la estrategia de la entidad», señala el organismo.

«El 10 de febrero de 2017, DBRS rebajó la calificación de la entidad», continúa.

«El 3 de abril de 2017, la entidad dio a conocer una declaración pública ad hoc en la que se informaba del resultado de varias auditorías internas con un impacto potencialmente significativo en los estados financieros de la entidad y confirmó que sustituiría al consejero de la entidad tras menos de un año en el cargo», cita la JUR.

«El 7 de abril de 2017, la entidad anunció que no pagaría dividendos y que podría ser necesaria una ampliación de capital o una operación societaria debido a la ajustada situación de capital del grupo y al nivel de activos improductivos», recuerda.

La cobertura mediática negativa y el supuesto riesgo inminente de quiebra han generado un aumento de las salidas de depósitos»

«El 21 de abril de 2017, Moody´s rebajó la calificación de la entidad», apunta.

«El 3 de mayo de 2017, el grupo publicó sus resultados del primer trimestre de 2017 que fueron aún peores de lo esperado por el mercado», indica.

«La continua cobertura mediática negativa sobre los resultados financieros de la entidad y el supuesto riesgo inminente de quiebra/iliquidez han generado un aumento de las salidas de depósitos», asegura.

«El 6 de junio de 2017 DRBS y Moody´s rebajaron la calificación de la entidad», señala.

En el citado informe, la JUR destaca que «la liquidez del grupo es el factor clave que está desencadenando que el banco esté en graves dificultades». Indica que la «la reputación de la entidad se deterioró como resultados de la cobertura mediática y el anuncio realizado por el banco sobre la necesidad de llevar a cabo, bien un aumento de capital, bien una transacción de fusiones y adquisiciones, dado el empeoramiento de la situación financiera». Añade que, «dicho deterioro, junto con el impacto de las posteriores bajadas de calificación, motivó que las salidas de depósitos […] en el contexto de una reducción constante de la financiación con un colchón de liquidez limitado».

El expediente de la CNMV

El documento de la JUR cobra relevancia en pleno periodo de instrucción, dado que señala que fue a partir de febrero de 2017 cuando se filtran a la prensa noticias negativas de la entidad, motivando una importante salida de depósitos. A raíz de este informe gana protagonismo el expediente sancionador abierto por la CNMV para valorar si hubo «abuso de mercado» en la actuación de El Confidencial y Popular, tras el análisis de una serie de filtraciones por miembros del nuevo consejo de administración.

El 11 de mayo el diario digital publicó una información advirtiendo del riesgo de quiebra inminente del grupo y al día siguiente admitió en otra pieza haber mantenido una conversación con Emilio Saracho, presidente de Popular, en la que confirmaba la situación de «urgencia» del banco y la contratación de dos firmas para contactar con potenciales compradores.

Por último, el informe de valoración provisional de Deloitte no indica que, en la fecha de valoración, el banco fuera insolvente. «La autoridad de resolución no cuenta con indicios para considerar que el grupo Banco Popular incumple los requisitos de capital para mantener la autorización de forma que pudiera justificar la retirada de dicha autorización […]», concluye.