El Gobierno ha logrado esquivar dos de las exigencias de Podemos que habían levantado ampollas en la comunidad financiera: la fiscalidad de las Socimis y las condiciones de las Sicav, las sociedades que utilizan las grandes fortunas para gestionar su patrimonio.

El plan presupuestario para 2019 aprobado el lunes en consejo extraordinario de ministros no hace alusión a estos dos vehículos, pese a la contumaz lucha del partido morado para acabar con ellos. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos habían cerrado un acuerdo para el plan presupuestario del próximo año que sí contemplaba modificaciones en las condiciones de ambas sociedades y que, finalmente, se han descartado.

El citado acuerdo, presentado el 11 de octubre, incluía aumentar el impuesto a las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que actualmente tienen el régimen especial de tributación de las instituciones de inversión colectiva (fondos y Sicav).

El Gobierno ha logrado esquivar dos de las exigencias de Podemos que habían levantado ampollas en la comunidad financiera

Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) las Socimi tienen un tipo de gravamen del 0%. Y por las rentas que perciben en otro tipo de actividades tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%.

El pacto entre el Ejecutivo y Podemos suponía aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades. Finalmente, esta medida no forma parte de los presupuestos para 2019.

El otro gol que le mete Sánchez a Pablo Iglesias tiene como protagonistas a las Sicav. Ambas formaciones habían acordado estrechar el control sobre estos vehículos para evitar su uso fraudulento. Finalmente, mantendrán la misma supervisión que se aplicaba hasta ahora.

El pacto preveía otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las Sicav en la normativa financiera. Es decir, daba poderes a la institución para asegura que los vehículos contaban, tal como dicta la ley, con 100 accionistas reales, frente a la práctica habitual según la cual un solo inversor controla la mayoría del capital.

«De esta manera, con independencia de que sea la normativa financiera la que recoja la definición del concreto número mínimo de accionistas, no resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender expresamente la aplicación de un régimen
tributario especial (en especial tributación al 1% en el impuesto sobre sociedades)», señalaba el documento.

Igualmente, el Gobierno y Podemos habían llegado al acuerdo de «establecer requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, objetivaría el carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por la Agencia Tributaria de los supuestos de uso fraudulento de Sicav».

Tasa a la banca

Los que, de momento, no ha podido librarse del golpe fiscal son los bancos. El Gobierno quiere que los próximos presupuestos incluyan un impuesto específico que grave las transacciones financieras. La denominada tasa Tobin ya se ha encontrado con la firme oposición de bancos y reguladores, que advierten de los riesgos que supondría su implementación para el crecimiento de la economía.

La previsión del Gobierno es que la recaudación procedente de este impuesto alcance los 850 millones de euros, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«Se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero», recoge el documento consensuado por PSOE y Podemos. Añade que «se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización supera los 1.000 millones». No se gravará la compra de acciones de Pymes y empresas no cotizadas. Tampoco la deudA y los derivados. «Es una medida que proponen e impulsan 10 países de la Unión Europea», puntualiza el escrito.