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El Gobierno se abre a aplazar la prohibición de coches diésel y gasolina más allá de 2040

Los ministros salen en tromba para aclarar que su Ley de Cambio Climático es sólo un “borrador para empezar a trabajar” y que se puede negociar con la industria y con el resto de partidos porque “no es definitivo”.

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El Gobierno se abre a aplazar la prohibición de coches diésel y gasolina más allá de 2040
Un vehículo diésel repostando.

Un vehículo diésel repostando. europa press

Resumen:

El Gobierno quiere apagar las múltiples polémicas y críticas que su propuesta de Ley de Cambio Climático ha desatado en las últimas semanas. El texto incluye medidas de calado para conseguir una economía descarbonizada a mitad de siglo, y algunas han hecho saltar las alarmas en la industria. Prohibir los coches de gasolina, diésel e híbridos en 2040, obligar a las gasolineras a instalar puntos de recarga para coches eléctricos, prohibir más ayudas e inversiones públicas en petróleo, gas y carbón

Los ataques han sido continuos desde diferentes sectores económicos afectados por las medidas que se incluyen en el texto. Pero ahora el Ejecutivo parece recular sobre algunas de sus iniciativas maximalistas y se abre a revisarlas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han aprovechado sus respectivas intervenciones en una jornada de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) –cuyos integrantes, las grandes petroleras, han repetido sus críticas- para subrayar que la propuesta de Ley de Cambio Climático es “una propuesta para empezar a trabajar”, que “no es un texto definitivo”, y que se muestran dispuestos a negociarlo con las industrias implicadas y con los partidos políticos.

Ribera ha recordado ante el sector petrolero que el objetivo seguirá siendo llegar a 2050 con una economía descarbonizada, sin emisiones, pero mostrándose abierta a consensuar con las compañías “las sendas hasta 2040 y 2050” y pactar “las señales de precios y fiscales” para reorientar inversiones y el consumo de los ciudadanos hacia fórmulas que permitan combatir el cambio climático.

En este sentido, el Gobierno se muestra ahora dispuesto a revisar una de sus propuestas más polémicas. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez planteaba prohibir la venta y la matriculación de todos los coches que no tengan emisiones cero en 2040. Esto es, en esa fecha quedaría prohibida la comercialización de los turismos y comerciales ligeros de gasolina, diésel, de diferentes tipos de gas e incluso los híbridos. Sólo estarían permitidos los coches eléctricos puros.

“No está aprobado aún”, ha dicho la ministra Maroto sobre el límite temporal para los coches con emisiones. “Sólo hemos abierto el debate. Se trata de un documento de trabajo al que todos los sectores pueden hacer aportaciones y que se acordará con todos los grupos parlamentarios. Llevaremos al Consejo de Ministro una norma consensuada”. Y eso a pesar de que la ministra sostiene que las fechas que se manejan son “conservadores” y que están en línea con la de otros países europeos, pero considera que los plazos son negociables.

Las petroleras, al ataque

La AOP celebraba este lunes su 25 aniversario, pero además de festivo el acto ha sido profundamente reivindicativo, con continuas críticas a las propuestas del Gobierno. “Prohibir la venta y matriculación todos los coches que no sean eléctricos puros no es una medida sensata. Socava los principios de libertad y progreso, restringe la libertad de consumo y l retrae, provoca una incertidumbre innecesaria que desincentiva la inversión y supone un riesgo para la competitividad y el empleo”, ha sentenciado Luis Aires, presidente de AOP y máximo ejecutivo de BP España, ganándose el aplauso de los asistentes.

El directivo ha reclamado en presencia de la ministra Ribera que deje “competir entre sí” a las distintas tecnologías en igualdad de condiciones, solicitando medidas para incentiviar la renovación del avejentado parque automovilístico español, “sea de la tecnología que sea” el coche nuevo, como mejor vía para reducir las emisiones. “El desarrollo requiere promoción, no prohibición”.

Las críticas han venido secundadas por otros ejecutivos del sector. Para el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático es un “golpe en la línea de flotación de la economía española” y que abre un “círculo perverso” al estar retrayendo ya a los ciudadanos a cambiar de coches a la espera de conocer los cambios legales. “Puede que sólo sea un borrador. Pero no se pueden poner estas medidas así encima de la mesa, porque tiene consecuencias”.

Mantener ayudas a los combustibles

En el borrador de la nueva ley remitido por el Gobierno a los grupos parlamentarios se contemplaba también la prohibición de crear nuevos incentivos al consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Pero este punto el Ejecutivo también empieza a matizarlo y se muestra a dispuesto a abrir la mano.

“Habrá que mantener ciertos apoyos”, ha dicho la ministra. “El Gobierno acompañará a los sectores donde existen soluciones técnicas que pueden servir para reducir las emisiones”, aunque sea con el uso de combustibles fósiles.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica detalla que sus planes pasan por permitir incentivos en concreto en algunos sectores económicos como el transporte pesado por carretera (el de los camioneros), el transporte en barco y también en el sector agroganadero.

Según se recoge en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Gobierno propone (o proponía) que desde la entrada en vigor de la norma –en principio, en algún momento de 2019- quede prohibida la creación de “nuevos subsidios u otros incentivos económicos” que favorezcan el consumo de combustibles fósiles. No se podrán crear nuevas ayudas para petróleo y sus derivados, ni para gas natural ni carbón.

En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez propone a los grupos parlamentarios prohibir que la Administración General del Estado y el conjunto de organismo y entidades del sector público estatal realicen nuevas inversiones directas o indirectas en participaciones accionariales o en instrumentos financieros de cualquier clase en empresas o entidades que se dediquen a la “explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”.