El Gobierno remitió hace un par de semanas a los grupos parlamentarios un borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Un documento con objetivos maximalistas en material medioambiental y cuyo objetivo es llegar a 2050 con una economía descarbonizada. Para ello, entre otros aspectos, se fomentarán las energías renovables y se desincentivará el consumo de combustibles fósiles.
Algunas de las medidas contenidas en esa anteproyecto ha levantado un auténtico revuelo entre los sectores afectados, como la prohibición de vender ningún coche que no sea eléctrico puro más allá de 2040 (quedarían vetados los de gasolina, diésel e incluso los híbridos); la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recargas de coches eléctricos, la prohibición de cualquier nueva ayuda al consumo de combustibles fósiles…
Pero el Gobierno empieza a matizar sus propuestas maximalistas y se muestra ahora dispuesto, en este último asunto, a mantener o crear nuevas ayudas en algunos sectores económicos concretos. Así lo ha reconocido la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el encuentro de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) con motivo de su 25 aniversario.
Ribera ha definido su borrador de Ley de Cambio Climático como un “texto para empezar a trabajar” y que se diseñó “antes de conocer la visión oficial”. “No es un texto que sea definitivo”, ha sentenciado. La ministra se abre a revisar algunos de los aspectos contenidos en el texto. Y empieza a suceder con esta prohibición a cualquier incentivo al consumo de petróleo, gas y carbón.
“Habrá que mantener ciertos apoyos”, ha dicho la ministra. “El Gobierno acompañará a los sectores donde existen soluciones técnicas que pueden servir para reducir las emisiones”, aunque sea con el uso de combustibles fósiles. “Tenemos que ver cómo se facilita una transición energética que está empezando”.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica detalla que sus planes pasan por permitir incentivos en concreto en algunos sectores económicos como el transporte pesado por carretera (el de los camioneros), el transporte en barco y también en el sector agroganadero. El Ministerio no precisa qué tipo de ayudas se concederán o se permitirán, y sólo apuntan que están en estudio.
Según se recoge en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Gobierno propone (o proponía) que desde la entrada en vigor de la norma –en principio, en algún momento de 2019- quede prohibida la creación de “nuevos subsidios u otros incentivos económicos” que favorezcan el consumo de combustibles fósiles. No se podrán crear nuevas ayudas para petróleo y sus derivados, ni para gas natural ni carbón.
Además, el Ministerio de Hacienda, en colaboración con el de Transición Ecológica, tendrá un año de plazo para realizar un informe que analice el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles y para identificar las ayudas y medidas vigentes que favorecen su consumo. El informe incluirá una propuesta de calendario para revisar la fiscalidad y decidir si se mantiene.
Las ayudas actuales en el punto de mira comprende un catálogo variopinto, desde los subsidios y ayudas varias para utilizar carbón y gas natural para producir electricidad, a los descuentos fiscales para el consumo de diésel por parte del sector del transporte.
En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez propone a los grupos parlamentarios prohibir que la Administración General del Estado y el conjunto de organismo y entidades del sector público estatal realicen nuevas inversiones directas o indirectas en participaciones accionariales o en instrumentos financieros de cualquier clase en empresas o entidades que se dediquen a la “explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”.
En este caso, el Ministerio de Economía y el de Transición Ecológica se dan dos años para estudiar cuáles son las participaciones industriales en empresas de combustibles fósiles y establecer un calendario para desprenderse de esos paquetes accionariales o instrumentos financieros en estas compañías.
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