El Ministerio de Fomento ha realizado un primer cálculo de la factura que el Estado tiene que pagar por las nueve autopistas de peaje rescatadas que supera los 2.000 millones de euros. Se trata de un importe mayor al de 1.800 millones estimado tanto por el anterior Gobierno como por el actual, puesto que ya se había incluido en el déficit público tomando como referencia los cálculos del anterior Ejecutivo.

El ministerio que dirige José Luis Ábalos revisa ahora esta cuantía y la encarece; Fomento cuenta con plazo para determinar el importe hasta mediados de enero, cuando, tal como establece la ley, se cumplen seis meses de la resolución de los contratos con las exconcesionarias de las autopistas. Se trata de nueve autopistas de peaje que quebraron en 2012 y que han pasado a ser titularidad de la empresa pública Seittsa. Los datos de tráfico de las nueve en lo que va de 2018 son malos.

Los fondos piden 5.000

El importe que Fomento debe calcular y pagar es el correspondiente a la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que por ley tiene que abonar a esas concesionarias por la inversión que realizaron en la construcción de las vías y que no les dio tiempo a amortizar durante el tiempo en que las explotaron. Los acreedores son principalmente fondos buitre, ya que durante la crisis compraron la deuda de las carreteras de pago a la banca internacional.

En 2014 Ana Pastor dijo que el rescate no iba a costar un duro» al contribuyente, pero esto se ha revelado como una falacia. Su sucesor Íñigo de la Serna estimó inicialmente en 2.000 millones de euros el importe, que posteriormente rebajó a 1.800 millones, un cálculo que el actual Gobierno ha asumido, según, en todos los casos, han ido indicando en los planes de estabilidad que se envían a Bruselas. Los fondos elevan la factura a casi 5.000 millones de euros. Y en medio están las concesionarias que construyeron y gestionaron las autopistas, todas ellas constructoras, que también reclaman su parte del pastel (Abertis, ACS, FCC…).

Rechazo de los administradores

Los administradores concursales han rechazado la cantidad que propone Fomento y, según Europa Press, rebaten cualquier pago por debajo de 3.000 millones de euros. Los administradores tratan de determinar el importe que supuso la construcción de las autopistas, el de las infraestructuras adicionales que tuvieron que ejecutar y las expropiaciones de los terrenos. Además, comparan estas cifras con las estimaciones iniciales realizadas en los pliegos de los contratos.

El sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron las vías y el desplome del tráfico durante la crisis son las dos principales causas de su quiebra en cadena a partir de 2012. De hecho, Fomento ha frenado el plan del Gobierno de Rajoy para volver a sacar la gestión a concurso público y va a abaratar un 30% de media los nueve peajes, que serán gratis por la noche. Las autopistas afectadas son cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la de Ocaña-La Roda, la de Madrid-Toledo, la Circunvalación de Alicante, la de Cartagena-Vera y el peaje del Aeropuerto de Barajas.