El Ayuntamiento de Madrid va a volver a pedir la nulidad de la venta de 1.860 Viviendas de Protección Oficial (VPO) a Blackstone, efectuada por la Corporación municipal en 2013 cuando Ana Botella era alcaldesa. El equipo de Manuela Carmena reacciona así a la condena de 22,7 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Botella y a otros siete miembros de su equipo por vender viviendas sociales por debajo del precio de mercado. Entre los condenados hay actualmente varios cargos públicos del Partido Popular.

«Queremos reiniciar un nuevo procedimiento de nulidad», ha resaltado la vicealcaldesa y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras. La EMVS fue la empresa pública que realizó la operación hace ya cinco años. «Si nuestra petición llega a buen término, ese procedimiento pretende revertir la situación hasta el inicio. Es decir, que la EMVS tendría que abonar a los fondos la cuantía que pagaron. De momento estamos en fase de estudio».

Dictamen desfavorable en abril

El pasado mes de abril, la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid emitió un dictamen desfavorable a la nulidad y a cualquier acción judicial paralela. Aquel dictamen no tenía opción de recurso. El Ayuntamiento se basó en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que también depende de la Comunidad. Ahora Carmena quiere reabrir esa vía -un nuevo dictamen de la comisión jurídica asesora- acudiendo directamente al presidente regional Ángel Garrido. A día de hoy, tan solo queda una denuncia por la vía penal formulada por el PSOE a la que se ha sumado el actual Ayuntamiento solicitando la anulación de la enajenación de viviendas.

«Quiero ser prudente porque no hemos tenido tiempo de estudiar a fondo la sentencia de 94 páginas», ha reconocido Higueras. «Sabemos que habrá un recurso de la señora Botella contra la misma, porque así se ha publicado. Nuestros letrados en la EMVS también están planteando presentar otro recurso, porque el perjuicio económico de nuestra demanda se fijó en 127 millones y el Tribunal de Cuentas lo ha establecido en 23 millones».

Recurso también del Ayuntamiento

El fondo Blackstone no ha querido hacer declaraciones acerca de las intenciones del Consistorio. A través de su filial Fidere, se hizo con las 1.860 viviendas por 130 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, Blacktone-Fidere se hizo también con vivienda social por valor de 200 millones de euros, y ha multiplicado por cuatro el valor de todos estos pisos según las cuentas de la sociedad de 2017.

Según la vicealcaldesa, «el problema de las 1.860 familias que disfrutaban de un alquiler social no está resuelto. Muchas han sido desahuciadas», ha lamentado.