La Audiencia Nacional ha incluido al Banco Santander en la causa que investiga la gestión durante los últimos meses de vida de Banco Popular, al considerar a esta última extinguida tras culminar la fusión en septiembre de 2018, han informado hoy fuentes jurídicas.

El magistrado José Luis Calama ha tomado esta decisión una vez acreditado que el Santander «absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Popular», informa Efe.

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación, ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

No es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que asumir responsabilidades de la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado.

También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.