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Fedea desmonta los mitos de las pensiones: son generosas y superiores a lo que se aporta

Un informe advierte de la necesidad de tomar medidas para ralentizar el incremento del gasto ante la amenaza de recortes por parte de Bruselas

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Fedea desmonta los mitos de las pensiones: son generosas y superiores a lo que se aporta
El gasto en pensiones supera por primera vez los 9.000 millones.

Protestas en favor de la revalorización de las pensiones. Europa Press

Resumen:

La Fundación  de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado este lunes un informe sobre pensiones que trata de desmontar tres supuestos mitos, a saber: las pensiones actuales son una miseria, todo el mundo tiene derecho a una pensión digna y de acuerdo con lo aportado durante la carrera laboral y las pensiones estarían aseguradas si los ricos pagaran lo que deben.

El objetivo del autor, el profesor de economía aplicada y colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García, es arrojar luz sobre la situación actual del sistema de pensiones y sobre los efectos reales de las decisiones políticas tomadas, a su juicio, para satisfacer estas creencias y las presiones de lobbies (el de los jubilados entre ellos).

Según el informe, titulado Sistema público español de pensiones: mitos y realidades, aceptando estas verdades absolutas y cediendo a la figura de la jubilación parcial con contrato de relevo en el sector industrial o la menor elevación de la base mínima de cotización de los autónomos frente a la de los asalariados, lo que está ocurriendo es que el sistema está perdiendo coherencia y se aleja de su naturaleza contributiva y de reparto, con componentes de solidaridad.

La Fundación  de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado este lunes un informe sobre pensiones que trata de desmontar tres supuestos mitos, a saber: las pensiones actuales son una miseria, todo el mundo tiene derecho a una pensión digna y de acuerdo con lo aportado durante la carrera laboral y las pensiones estarían aseguradas si los ricos pagaran lo que deben.

El objetivo del autor, el profesor de economía aplicada y colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos Miguel Ángel García, es arrojar luz sobre la situación actual del sistema de pensiones y sobre los efectos reales de las decisiones políticas tomadas, a su juicio, para satisfacer estas creencias y las presiones de lobbies (el de los jubilados entre ellos).

Según el informe, titulado Sistema público español de pensiones: mitos y realidades, aceptando estas verdades absolutas y cediendo a la figura de la jubilación parcial con contrato de relevo en el sector industrial o la menor elevación de la base mínima de cotización de los autónomos frente a la de los asalariados, lo que está ocurriendo es que el sistema está perdiendo coherencia y se aleja de su naturaleza contributiva y de reparto, con componentes de solidaridad.

En último término esto está elevando el gasto en pensiones peligrosamente por encima de las aportaciones reales, engordando pensiones ya generosas, y se está fiando parte del ajuste de un sistema que ya alcanza un déficit de unos 19.000 millones de euros a una política redistributiva que trasvasa rentas de rentas altas a rentas bajas, todo ello sin tomar otras medidas quizás mucho más impopulares.

¿Son las pensiones generosas?

Para empezar, García, a propósito de la suficiencia de las pensiones, señala que la relación del gasto en prestaciones sobre el PIB se ha disparado desde 2007 en 3,4 puntos porcentuales, lo que ha elevado la ratio del 8,6% al 12% actual, en línea con la media de la UE. Esa cifra lo que mide es el esfuerzo de la sociedad para pagar las pensiones.

Esta evolución se produce porque las pensiones han crecido un 8% y su cuantía un 8,9% desde 2008, un ritmo que nada tiene que ver con el ritmo de la actividad económica en esos años, que provocó una pérdida por el camino 11.000 millones de euros de ingresos por cotizaciones.

Es por eso que se ha pasa de un cómodo superávit a un déficit en estos años. Nada menos que 35.000 millones de euros de diferencia que deja el saldo negativo de la Seguridad Social en unos 19.000 millones de euros.

El autor detalla que casi 9.000 millones de euros se concentran en los regímenes agrario, el del Mar y el del Carbón, especialmente el primero –6.000 millones–, que acumulan un total del 9% del total de los cotizantes. En el caso de los autónomos, su responsabilidad es residual.

Así, esos 35.000 millones de euros son el resultado de esa caída de los ingresos y el incremento de los gastos. Visto desde otra óptica, actualmente la cuota media pagada por afiliado es muy similar a la de 2008, después de una prolongada caída de los salarios (reflejados en las bases de cotización). Sin embargo, esos ingresos son insuficientes por asumir el gasto en pensiones, que va en aumento.

¿Y cómo se traducen estas cifras en el bolsillo de los pensionistas? el informe detalla que, valorando la generosidad de las pensiones, entendida como el cociente entre la pensión media y el salario medio neto, tras la reforma de 2011 y las inflaciones negativas de los últimos años, esta se ha disparado en el caso de las nuevas prestaciones. Ahora bien, en términos constantes es previsible que a futuro la relación se mantenga.

Centrando el análisis en las pensiones más bajas, la realidad es que una cuarta parte de los pensionistas –2,4 millones de personas– perciben pensiones mínimas. Sin embargo, sin los complementos a mínimos, su percepción se reduciría a la mitad, y en algunos casos se sitúan por encima del salario mínimo interprofesional (SMI).

Esto, según el autor, es muestra del esfuerzo realizado por la Administración para sostener las pensiones y hace que el porcentaje de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza sea del 8,9%, frente al 19,7% del conjunto de la población (datos de 2016) . Y eso que la ratio ha aumentado en los últimos años por la mejora del empleo y los salarios. En cambio, la media de la UE se sitúa en torno al 14% porque hay menor número de personas con una vivienda en propiedad.

García señala al respecto que “las pensiones españoles no son tan malas comparadas con otros países y de hecho están entre las más generosas”. Así lo indica un último indicador en el que se enmarca el germen del problema actual de las pensiones: la tasa de sustitución (relación de la primera pensión respecto al último salario) es del 78,7, la cifra más alta de la UE.

Esto quiere decir que los nuevos pensionistas son los que reciben las mejores pensiones en relación a los ingresos obtenidos en los últimos años de trabajo dentro de la UE. Y esto se suma a que, frente a otros países, la situación no es tan malo. Cabe preguntarse si además ese nivel de protección está en línea con lo que los pensionistas han aportado durante su fase activa.

¿Tenemos las pensiones que nos merecemos?

Otro de los mitos que trata de desmontar el informe es la creencia de que los españoles tienen derecho a una pensión digna y a recibir lo que aportaron durante años de trabajo. Al respecto, García explica que la financiación de las pensiones se sostiene fundamentalmente con cotizaciones sociales, y en menor medidas con impuestos y deuda.

De entrada, con esta estructura de ingresos, el autor estima que, en ausencia de medidas y con la perspectiva de gasto creciente, sería necesario subir la recaudación por IRPF un 23% o aumentar la afiliación en 3,6 millones de personas, o como alternativa subir las bases de cotización un 17,1% para reequilibrar el déficit.

Sea como fuere, García recalca que son las contribuciones las que generan derechos, o lo que es lo mismo “el sistema no puede ser muy contributivo y muy universal al mismo tiempo”.  Dicho de otro modo, cuando se llama a elevar las pensiones sin más, dice el autor, se está rompiendo el carácter de las pensiones como “salario diferido” y se está perdiendo coherencia.

Y en este punto es en el que cabe preguntarse cuánto tiempo y qué pensiones se pueden pagar sin que se rompa el carácter contributivo del sistema o, dicho de otro modo, sin que los pensionistas reciban menos de lo aportado, pero sin que se llegue a pagar por encima de lo aportado hasta reventar las costuras del sistema.

Pues bien, desde 1975 hasta 2015 se ha aumentado el periodo de pago de las pensiones en seis años, pese a que las aportaciones no han aumentado en esa cuantía.

Un caso tipo sirve para ilustrar claramente ese proceso. Una persona que haya pagado los 37 años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora –el 23,5% se dedican a cotizaciones (se excluyen otras contingencias)– ha aportado lo necesario para pagar su pensión durante nueve años. A partir de ahí, si se aplica una rentabilidad sobre lo aportado en línea con la mejora del PIB en ese periodo (2% anual real), la cantidad daría para cubrir 13,2 años. Y si se añade una tasa de reposición del 78,5%, la cifra se eleva a los 16 años. Sin embargo, a día de hoy la esperanza de vida es de 21 años a partir de los 65 años.

De esto subyace, según el informe, que podría estudiarse actuar sobre la variable restante, la tasa de reposición, en el sentido de reducirla para que mantener el cobro durante más tiempo sea sostenible. Y también subyace que, por lo general, se cobra más pensión de la generada.

¿Se soluciona todo trasvasando rentas?

“Desgraciadamente no hay tantos ricos en España para pagar una factura de 154.000 millones en pensiones en 2019”, concluye García, en relación a las medidas contempladas en los Presupuestos y que van desde aumentar el IRPF a las rentas más altas a incrementar la carga en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas.

De hecho, si todo el patrimonio de Amancio Ortega se pusiera al servicio de las pensiones, solo daría para pagarlas hasta julio. “Luego habría que buscar más ricos”, bromea el autor.

“Las pensiones están entre las más generosas y el problema no se va a solucionar solo subiéndoles los impuestos a los ricos y la opción de incrementar desmesuradamente en el futuro actual gasto en pensiones sobre el PIB exigiría un importante esfuerzo adicional de toda la sociedad y atentaría contra la equidad entre generaciones”, añade.

De no ser así, el autor augura futuros recortes en el momento en el que la UE considere que la situación de déficit de las pensiones es insostenible.