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La España vacía pide un 'rescate' de más de 500 millones

Economía

La España vacía pide un 'rescate' de más de 500 millones

Un informe impulsado por la red de Áreas Escasamente Pobladas pide que estos territorios disfruten de una fiscalidad especial para fomentar la actividad y el empleo

La España vacía, como la acuñó el periodista y escritor Sergio del Molino, es un lugar enorme e indeterminado que se extiende desde la periferia inmediata de las grandes urbes hasta allí donde unos pocos se juntan y resisten, en pequeños núcleos de población, pese a la escasez de servicios o infraestructuras. Es Laponia española o el desierto central de la Península. Nombres que tienen tanto eco como su propio significado.

Pero la España vacía está ahí, tan presente que aglutina a un 61% de los municipios españoles y a algo más de 1,4 millones de personas, desde la corona que rodea Madrid hasta la frontera de Portugal y las periferias de las poblaciones más pobladas de las costas mediterráneas y atlánticas, fundamentalmente. Lugares que fueron testigo entre los años 50 y 70 del éxodo rural hacia las ciudades y que necesitan un rescate para quedar completamente absorbidos por hasta por el olvido.

Ese es el alegato que ha lanzado recientemente la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), en sus siglas en inglés), que desde 2016 sirve de argamasa para defender los intereses de estos territorios tanto dentro de España –Cuenca, Teruel y Soria son los emblemas de esta tipología– como en el sur del continente, en lugares como Croacia o Grecia.

En su afán por buscar soluciones, la red ha explorado el camino recorrido por las Highlands y las islas de Escocia y el pasado año encargaba un estudio a expertos académicos coordinados por el economista José Antonio Herce que acaba de ver la luz, aunque, como aquellos territorios a quienes representan, lejos de los focos y los grandes titulares.

Concretamente, la red ha explorado la posibilidad de que España establezca una suerte de zona fiscal de excepción delimitando estos territorios, que el informe bautiza con el nombre de ultraperiferia demográfica española –poblaciones de menos de 1.000 habitantes–. Y concluye que existen mimbres legales para que España pueda pedir las autorizaciones pertinentes a la UE para establecer ese perímetro de excepcionalidad, a la manera de lo que ha hecho en anterioridad con Canarias.

Y todo ello con un coste que, aunque cabría debatir si supone un gran problema para las arcas del Estado, también llevaría a importantes retornos en forma de impulso de la actividad económica en esos territorios, del empleo, así como de la cohesión social.

Este posible ‘rescate’ rondaría los 460 millones de euros en el caso de los territorios analizados; el puente para devolver, aunque resulte extraño, la vida a las zonas rurales. No obstante, de extender este ejercicio al resto de los territorios ultraperiféricos es de esperar que la cifra superara los 500 millones.

Se trata en cualquier caso de una cantidad que vendría a compensar los costes adicionales a los que tienen que hacer frente los agentes económicos por las peculiaridades de estas zonas, en línea con la filosofía que está detrás del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Con esa cantidad, podría empezar a avanzarse en solventar los problemas sobre todo funcionales que arrastra la España vacía. Porque su auténtico drama es que, dado que no pueden generar economías de escala, ahuyentan poco a poco la inversión y la actividad económica, que se hace poco rentable, y finalmente a la población más joven.

Una propuesta para repoblar

El informe propone tomar como banco de pruebas las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, y aplicar en ellas una serie de incentivos fiscales y rebajas en las cuotas sociales a las empresas acogiéndose  a uno de los preceptos por los que la legislación comunitaria permite hacerlo sin que estos estímulos sean considerados ayudas de Estado encubiertas.

La propuesta plantea establecer una zona fiscal especial como el caso de Canarias

Se trata de la excepción que establece la UE cuando las ayudas son destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

Así, el informe plantea la posibilidad de que el Reino de España plantee una petición razonada a la UE para que admita la implantación de una nueva zona fiscal especial.

Si se pagara la mitad de impuestos

Una vez realizada esta petición, el estudio propone aplicar rebajas fiscales en los impuestos transferidos a las comunidades autónomas, lo que implicaría ciertas modificaciones legislativas. Entre estos, estarían el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (SD) y el Impuesto sobre Sociedades (IS).

A grandes rasgos, lo que hacen los autores es simular el coste y el impacto económico de aplicar una bonificación del 50% de la cuota íntegra de cada figura, sea directa o equivalente –lograda por cualquier otra vía como bases imponibles o tipos impositivos–.

Como resultado, el informe plantea que una medida así tendría un coste fiscal para el conjunto de los territorios estudiados de 335,2 millones de euros, el equivalente al 0,17% de la recaudación total en España en 2017, de los que solo 252,09 millones de euros procederían del IRPF.

El retorno sería de 266,97 millones de euros adicionales al PIB del territorio y de 4.027 empleos (creados o mantenidos durante la aplicación del estímulo). Además, de esa forma se podrían recuperar por la vía tributaria, a través de diferentes impuestos, unos 80 millones de euros, el 23,8% del coste de la propuesta. Así, el coste neto de estos estímulos tributarios rondaría los 255 millones de euros.

Además, la simulación incluye una reducción de 10 puntos porcentuales en la cuota social de las empresas, que costaría al sistema unos 271 millones de euros, pero que aportaría al PIB hasta 213 millones de euros y 3.235 empleos, además de un retorno fiscal de 63,92 millones de euros. Así es que sumando el coste neto de ambos tipos de estímulo el coste total sería de 462 millones de euros.

No obstante, los autores justifican estas cifras contando con que las rebajas fiscales aumentarían la renta disponible de los pobladores de estos territorios ultraperiféricos, también de las empresas, lo que incrementaría las necesidades de consumo y, por tanto, también de producción, generando una espiral ascendente de actividad económica.

Otras soluciones

Con todo, la SSPA no agota sus propuestas de con esta rebaja fiscal. Plantea como alternativas que los impuestos que pagan los territorios y empresas de esta España vacía se gasten en el mismo lugar, como complemento al gasto dispuesto habitualmente para el despliegue de las infraestructuras mínimas o la atención a los servicios sociales.

Asimismo, el informe plantea introducir en la Declaración de la Renta una casilla similar a la de la asignación a la Iglesia Católica, para que los españoles que lo deseen puedan ceder parte de los ingresos tributarios anuales para repoblar las zonas rurales más deprimidas desde el punto de vista demográfico.