La central nuclear de Trillo, en Guadalajara.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado una hoja de ruta para llevar a España hacia a una economía descarbonizada y sostenible en 2050, a lo que obliga el compromiso internacional ya adquirido de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Una meta que implica plantarse a mitad de siglo con un sistema eléctrico 100% renovable.
En la guía para la transición energética establecida por el Ejecutivo se plantea, ya antes, llegar a 2030 con ninguna central eléctrica de carbón (o con una presencia testimonial), con la mitad de las centrales nucleares ya cerradas (prescindiendo de cuatro de los siete reactores hoy funcionando) y con todas las centrales de gas, que ya cerrarían en la siguiente década.
Para sustituir todos estos cierres se plantea un auténtico boom renovable. De aquí a 2030 se duplicará la eólica (con una potencia al final de la próxima década de casi 50.300 megavatios, MW), se multiplicará por siete la fotovoltaica (hasta los 36.800 MW en 2030), se triplicará la termosolar (hasta 7.300 MW), casi se triplicará la biomasa (con 1.677 MW) y España se iniciará en la geotermia (30 MW) y en las energías del mar (50 MW).
Para allanar el camino de sustitución de unas energías por otras y facilitar a las grandes eléctricas la transición, el Gobierno ofrece ventajas a las compañías si cambian sus actuales plantas por otras renovables.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Cambio Climático –que decaerá con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral y que habrá de retomar en todo caso el próximo Gobierno-, y en él se recoge medidas para incentivar que las eléctricas aceleren la transición.
Según se recoge en el anteproyecto de ley, las eléctricas que cierren sus centrales de carbón, gas o nucleares –todas en manos de los grandes grupos energéticos: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables.
El cierre de una central nuclear –que tiene una potencia de unos 1.000 megavatios, MW- daría derecho a la eléctrica propietaria a mantener una capacidad de acceso a la red por esa misma potencia durante tres años para sustituirla por renovables, según se recoge en una de las disposiciones finales de la norma redactada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Esto es, cerrar una central térmica o nuclear implicaría que las grandes eléctricas tendrían derecho a sustituirlas por renovables en la misma zona en que clausuran las plantas. Una ventaja que ha empezado a levantar ampollas entre empresas del sector de las renovables, que ven cómo con la medida se permitiría a las grandes eléctricas a mantener un “recurso muy preciado y muy escaso en el sector” como son los accesos a la red.
Tan escaso que, según fuentes del sector de las energías limpias, en algunas zonas se está pagando entre 100.000 y 150.000 euros por megavatio para tener conexión a la red de transporte eléctrico. “Es un regalo a las grandes eléctricas, porque no se permite a otros tipos de instalaciones mantener los puntos de acceso si deciden cambiar su tecnología”, se queja un ejecutivo vinculado al sector de las energías limpias. “Los grandes grupos se encuentran con una ventaja para crecer en las energías renovables, que son el gran negocio de la transición energética. Es una ayuda pública que ahoga la competencia. Es una forma de favorecer al oligopolio”.
El Gobierno impone algunas condiciones para que las eléctricas mantengan esa capacidad de conexión cuando cierren sus plantas térmicas o nucleares. Y es que el Ministerio comandado por Teresa Ribera quiere que para conseguirlo, las compañías tengan que suscribir con el Gobierno un convenio de transición justa para todas sus centrales de carbón, de gas o nucleares. Para todas las plantas del grupo, no sólo la afectada concretamente por ese cierre.
Además, el Ejecutivo tendría que declarar que la sustitución de una central por otra es “prioritaria” para cumplir los objetivos de descarbonización de la economía y de integración de energías renovables y la eléctrica tendría que cumplir un plazo prefijado para tener operativa la nueva instalación de energías renovables.
Más subastas de renovables
Con el objetivo de impulsar la implantación de más energías renovables, los planes del Ministerio para la Transición Ecológica contenidos en el anteproyecto de ley contemplan la convocatoria de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación.
El Ejecutivo socialista cambiaría por completo la metodología de las pujas anteriores. El objetivo es utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores.
La pretensión del Ministerio pasa por revolucionar la fórmula que regía hasta ahora las subastas para que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años). Quien ofrezca la electricidad más barata gana, como adelantó El Independiente.