España está sentando las de la estrategia de país durante las próximas tres décadas para luchar contra el cambio climático. Lo ha hecho porque el país ya se ha comprometido a cumplir con los Acuerdos de París y tiene que llegar 2050 con una economía neutra en emisiones de gases de efecto invernadero. Y porque la Unión Europea le exige tener ya un plan con medidas concretas para reducir sus emisiones significativamente ya para 2030.
El Gobierno de Pedro Sánchez deja hecho un plan que supone una auténtica revolución energética y ambiental, con el objetivo de llegar a mitad de siglo con una economía descarbonizada y sostenible.
Sin embargo, todo –o casi todo- el contenido de esta macroinciativa ambiental es revisable en los próximos meses y no compromete al siguiente Gobierno que saldrá del 28-A. El adelanto electoral y un eventual cambio de signo en Moncloa deja en el aire los grandes planes desvelados esta semana por el Ejecutivo socialista.
Por el Consejo de Ministros de este viernes pasaron tres documentos clave para estos objetivos integrados en el denominado Paquete de Energía y Clima. Uno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la hoja de ruta con objetivos hasta 2030 en generación eléctrica para extender las renovables e ir reduciendo el uso de nucleares, carbón y gas. Este plan, sólo un borrador, ha de enviarse ya a la Comisión Europea y se irá revisando hasta su aprobación definitiva por Bruselas a finales de 2019.
Dos, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla las líneas generales más a largo plazo para conseguir un cambio de modelo económico para hacerlo sostenible y enteramente descarbonizado. Con el adelanto electoral el rpoeycto de ley nace muerto, ya que no se tramitará hasta la siguiente legislatura y será el próximo Ejecutivo el encargado de pilotar el proceso de transición energética.
Y tres, la Estrategia de Transición Justa, con la que el Ejecutivo sienta las bases para establecer medidas para proteger a las personas y territorios afectados por el cambio de paradigma económico y ecológico. Con algunas de las iniciativas en marcha, la mayor parte no dejan de ser un programa político a futuro que el siguiente Gobierno mantendrá o no.
El Ejecutivo de Sánchez deja diseñado un plan con más de 400 millones de euros para impulsar la economía y el empleo de las cuencas mineras tras su clausura y para las comarcas en que cierren centrales nucleares y de carbón.
Éstas son parte de las medidas cruciales repartidas por los tres pilares de la estrategia de energía y clima dada a conocer por el Ejecutivo esta semana… en plena precampaña electoral:
Ni un coche nuevo diésel o gasolina en 2040
El proyecto de Ley del Cambio Climático contempla que en 2040 quede vetada la venta en España coches nuevos diésel o gasolina. De manera textual, en realidad, se establece que sólo se permitirá los que no tengan emisiones de CO2. Prohibir, pero sin prohibir. Porque de facto quedarían vetadas la comercialización y matriculación de turismos y comerciales ligeros de gasolina, diésel, de diferentes tipos de gas e incluso híbridos. Y, en principio, sólo estarían permitidos los coches eléctricos puros o los de hidrógeno, o cualquier otra tecnológica sin emisiones que se desarrolle en el futuro.
Ni nuclear, ni carbón, ni gas: 100% renovable en 2050
El objetivo internacional al que se ha comprometido España es llegar a mitad de siglo con un sistema eléctrico 100% renovable, sin emisiones. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se establecen los hitos intermedios que dibujan cómo será la producción electricidad en 2030.
El plan del Gobierno pasa por disparar el uso de las renovables. De aquí a 2030 se duplicará la eólica (con una potencia al final de la próxima década de casi 50.300 megavatios, MW), se multiplicará por siete la fotovoltaica (hasta los 36.800 MW en 2030), se triplicará la termosolar (hasta 7.300 MW), casi se triplicará la biomasa (con 1.677 MW) y España se iniciará en la geotermia (30 MW) y en las energías del mar (50 MW).
El Gobierno sentencia al carbón y da por hecho que en 2030 no quedarán centrales eléctricas de carbón, desde los más de 10.500 MW actuales. El Gobierno ya desveló que su plan es que las centrales nucleares vayan echando el cierre hasta 2035, y con el PNIEC da por hecho que antes en 2030 ya habrán cerrado cuatro de los siete reactores operativos.
Subastas renovables para bajar el precio
La descarbonización de la generación eléctrica permitiría, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, rebajar el precio de la factura de la luz un 12% en 2030, en relación al precio que tendría si no se toman las medidas. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica –comandado por Teresa Ribera- contemplan la convocatoria de subastas de nueva potencia renovable cada año hasta 2030, con un mínimo de 3.000 megavatios (MW) anuales en licitación.
El Ejecutivo socialista cambiaría por completo la metodología de las pujas anteriores. El objetivo es utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores. La pretensión del Ministerio pasa por revolucionar la fórmula que regía hasta ahora las subastas para que las empresas compitan por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años). Quien ofrezca la electricidad más barata gana, como adelantó El Independiente.
De gasolineras a electrolineras
El Ministerio para la Transición Ecológica quiere que la red de recarga de coches eléctricos empiece a desplegarse por todo el territorio español ya a corto plazo. Las gasolineras tendrán que instalar puntos de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 22 kilovatios (kW) y que, además, esa electricidad tenga garantía de origen renovable. Lo tendrán que hacer las gasolineras que vendan ahora más de 5 millones de litros, que son en torno a 1.000 estaciones ubicadas en grandes ciudades del total de 11.000 que hay en todo el país.
Un ‘Madrid central’ en todas las grandes ciudades
El Gobierno quiere que todos los municipios con más de 50.000 habitantes (hoy son 145 en el país) fomenten con sus planes de ordenación urbana medidas para reducir las emisiones del transporte y la movilidad. En este sentido, las grandes ciudades tendrán que contar en 2023 con zonas de bajas emisiones, similares a la zona de Madrid central implantada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.
No más pozos de petróleo y veto al ‘fracking’
Desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, no se otorgarían nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en España. Ni en tierra ni en mar habría nuevos pozos de petróleo o de gas, y ni siquiera se buscarían. Del mismo modo, tampoco se daría ningún permiso para realizar trabajos de exploración mediante fracturación hidráulica (el polémico fracking).
En paralelo, el Gobierno también quiere poner coto a las ayudas y beneficios fiscales que se conceden a los combustibles fósiles. No habría ayudas para petróleo, gas o carbón. En todo caso, se estudiarían nuevas ayudas sólo desde un punto de vista del interés social, una vía para no retirar algunos incentivos a barcos o camiones.
Rehabilitación de 1,2 millones de viviendas
El Gobierno marca objetivos ambiciosos de mejora de la eficiencia energética. Una vía para conseguirlo es volcándose en los trabajos de reforma de las viviendas para hacerlas más eficientes. El Ejecutivo contempla en el PNIEC realizar rehabilitaciones para mejorar la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas hasta 2030, comenzando con 30.000 viviendas anuales en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030. Además, se activarán programas de renovación de 300.000 calderas tanto centralizadas como individuales en viviendas.
200.000 millones de inversión, 300.000 empleos
Sólo hasta 2030, en el marco del PNIEC, el Ejecutivo prevé que los trabajos de descarbonización y modernización de la economía hacia un modelo más sostenible movilizarán casi 200.000 millones de nuevas inversiones (236.000 millones en total). El 80% de la inversión la ejecutaría el sector privado, y el 20% restante, las distintas administraciones (47.000 millones de dinero público).
El boom de renovables permitirá reducir la importación de combustibles fósicles (singularmente petróleo y carbón, porque las plantas de gas se mantienen activas la próxima década) y ahorrar casi 75.400 millones en compras. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentaría entre 19.300 y 25.100 millones al año durante la próxima década. Y, en paralelo, las medidas del PNIEC –según el Ejecutivo- generarían entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos cada año (pues de trabajo adicionales, pero no acumulables anualmente).
Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete aquí
Te puede interesar