El Congreso de los Diputados pedirá a la Fiscalía que investigue el papel del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la crisis financiera. La decisión se produce después de darse a conocer la valoración que han hecho los letrados de la Cámara Baja sobre el dictamen emitido por la Comisión de Investigación. Los abogados ponen en duda el papel de las dos instituciones a la hora de evitar la convulsión del sector bancario en nuestro país.

El diputado de IU, Alberto Garzón, ha confirmado en la tribuna que el informe tiene validez jurídica, por lo que será remitido a la Fiscalía para que abra una investigación.

Los letrados del Congreso aconsejan cambiar el dictamen sobre la crisis porque atribuir al Banco de España una «grave irregularidad» -cuando permitió a las cajas que formaron Bankia contabilizar un deterioro de 7.619 millones contra reservas- no respeta la jurisprudencia constitucional.

Los abogados del Congreso piden también una redacción alternativa para la conclusión relativa a la venta de preferentes, que se hizo incumpliendo la normativa de protección al consumidor «bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron para otro lado».

Cambio de redacción

Estas dos recomendaciones figuran en el informe de los letrados al que ha tenido acceso Efe que pretende cambiar la redacción del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera que este jueves ha votado el Pleno del Congreso para evitar -dicen- los riesgos de impugnación judicial del dictamen por algunos de los agentes mencionados.

La primera de las modificaciones que piden los letrados se refiere a una conclusión de Ciudadanos que afirma que el Banco de España «incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP contabilizar de forma singular todo el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados».

La nota de los letrados explica que la literalidad de este párrafo «no es la más adecuada en aras a respetar la doctrina constitucional», y añade que existen «fórmulas de redacción que podrían alcanzar el objetivo político».

El punto relativo a la comercialización de las preferentes, presentado por el PNV, señala que bancos y cajas «ahogados por la crisis financiera encontraron en la emisión de este tipo de productos una forma de financiación eficaz que les permitía sanear sus balances negativos, sin tener en cuenta los intereses de sus clientes, incumpliendo la normativa de protección al consumidor».

«Miraron hacia otro lado»

«Y todo ello -añade- bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron hacia otro lado».

Esta conclusión no es, dicen, el resultado de un proceso administrativo o judicial previo, «por lo que podría formularse una redacción alternativa» para evitar la impugnación judicial del dictamen.

No obstante, estos cambios no saldrán adelante porque la modificación del dictamen una vez aprobada por la Comisión sólo puede hacerse por unanimidad, que no se da en este caso.

El Pleno, por tanto, votará, previsiblemente, el mismo texto que salió de la Comisión que -tras un año y medio de comparecencias de más de ochenta altos cargos de organismos supervisores, reguladores, de entidades bancarias y asociaciones financieras- concluyó que los principales organismos reguladores, sobre todo el Banco de España, fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica.