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El Estado lleva 13 años para aprobar un decreto contra el acoso sexual en sus plantillas

El Gobierno asegura que no ha podido aprobarlo por falta de tiempo. Los sindicatos denuncian que no hay datos sobre acoso desde 2011

Tampoco será en esta legislatura. Y ya van 13 años. Desde que echara a andar la Ley de Igualdad en el año 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aún no se ha aprobado un Real Decreto para implantar con rango normativo un protocolo contra el acoso sexual en las administraciones públicas, tal y como obligaba a hacer su artículo 62.

La letra pequeña de aquella Ley, que el Gobierno ha tratado de recuperar estos días con un ‘decretazo’ en materia de Igualdad, daba seis meses para la aplicación del protocolo tras la aprobación del preceptivo Real Decreto. Y el caso es que el protocolo existe, porque fue acordado por el Gobierno de turno en 2011 con los sindicatos en la Comisión Técnica de Igualdad dentro de la Mesa General de la Administración General del Estado.

Más aún, se incluyó en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General del Estado de ese año. Pero su aplicación no es a día de hoy exigible por Ley, al estar plasmado en una mera resolución, según aseguran fuentes sindicales, que ven una clara diferencia entre una fórmula y otra.

El Gobierno se compromete a aprobarlo

Del lado del actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública, existe un compromiso desde la celebración de la primera Conferencia Sectorial de sacar adelante el demorado Real Decreto y fuentes del departamento aseguran que ese sigue siendo la voluntad del Gobierno.

Sin embargo, aunque el actual Ejecutivo ha tomado medidas en este sentido en otros ámbitos –por ejemplo, la posibilidad de las funcionarias víctimas de violencia de género de trasladarse a la provincia que quieran conservando sus derechos–, lo cierto es que se ha quedado sin tiempo por la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. Desde el gabinete que dirige Meritxell Batet lamentan que previsiblemente no dará tiempo.

Sin embargo, para los sindicatos ya llueve sobre mojado y pese a la voluntad mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez han levantado la voz, con la mirada puesta ya en la próxima legislatura, ante lo que se prevé un nuevo incumplimiento, como precisan desde CSI-F.

¿Qué hay en juego?

Todas las partes admiten que la aprobación del Real Decreto implicaría cambios en materia de competencias de inspección dentro de la Administración, y esa sería la clave.

Actualmente existe ese protocolo, y lo aplica de oficio la Dirección General de Gobernanza Pública, dependiente del Ministerio de Política Territorial y encargada de la inspección y mejora de los servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados. Es la ‘policía’ de la Administración, en pocas palabras.

Por eso, los sindicatos aseguran que esta circunstancia puede que en muchas ocasiones las víctimas del acoso prefieran silenciarlo. Por el contrario, aseguran desde CSI-F que a través del Real Decreto se podría reservar este papel a asesorías confidenciales, a personas formadas en igualdad de carácter independiente.

Además, se podría determinar procedimiento de denuncia, sin esperar a que la administración actúe de oficio, y de esa manera poder llevar a cabo un registro de  casos, denuncias, sanciones o expedientes disciplinarios. A petición de este periódico, el Gobierno no ha facilitado estos datos desde 2011 y se limita a asegurar que son casos residuales.

El problema sería, según precisan las mismas fuentes, que desde la Dirección General de Gobernanza Pública se ve la creación de esta instancia como una invasión de competencias. Al respecto, desde la Administración se reitera que el problema no es ese, al menos en lo que afecta al actual Gobierno, sino a la falta de tiempo para aprobar el Real Decreto.

El 86% de las trabajadoras, en silencio

Ante la sequía de información reinante, CSI-F ha realizado una encuesta sobre más de 4.000 personas, donde se pone de manifiesto que el 50% de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas. Pero ese dato no es el más grave a la luz de los resultados del cuestionario.

Según el sindicato, el El 55% reconoce que existe un humor sexista en su trabajo, el 40%  ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia, el 40% se ha sentido discriminada por ser mujer –ninguneos o indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros–; y el 32% ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer.

Pero más allá, el 6% ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del centro de trabajo, el 9% recibe correos electrónicos o ‘whatsapp’ de naturaleza sexual –insinuaciones, mensajes subidos de tono, gifs, vídeos de youtube–, el 17% ha sufrido contacto físico no deseado –roces en el hombro, manos, cintura, espalda, acercamiento excesivo en una conversación sin respetar la distancia mínima–; y, finalmente, el 86% no comunica estas situaciones a la organización.

Para rematar la encuesta, un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen.

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