La sede del Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid.
Tras el culebrón político arranca la batalla legal. La renovación de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez está ya en los tribunales. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la designación de cuatro nuevos consejeros del organismo nuclear, según confirman a El Independiente fuentes populares.
El partido de Pablo Casado solicita en su recurso medidas cautelarísimas para que no tengan efecto ni el cese de los consejeros salientes ni el nombramiento de los cuatro nuevos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes los reales decretos que servían para cambiar a cuatro de los cinco miembros del pleno del CSN, el órgano colegiado en el que se adoptan las medidas clave del organismo que vela por la seguridad nuclear.
PSOE y Podemos (con el beneplácito de PdCAT) pactaron la lista de candidatos de nuevos consejeros. Los socialistas han propuesto a tres nuevos miembros (la ex diputada Pilar Lucio, Elvira Romera y José María Serena, que será el nuevo presidente del centro) y la formación morada a uno, cuya candidatura ha resultado la más polémica. Podemos ha propuesto como nuevo consejero a Paco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción y abiertamente antinuclear.
El PP, como ha venido defendiendo en las últimas semanas, denuncia que el Gobierno se ha saltado el procedimiento reglamentario de nombramiento y que ha vulnerado el derecho de sus diputados. Los populares sostienen que los nombramientos son irregulares porque con la disolución de las Cortes por las elecciones del 28-A toda la actividad parlamentaria ajena a la diputación permanente decae.
Con el adiós a la legislactura y el cese de la actividad parlamentaria, según el PP, el Gobierno ha impedido que se cumpla el plazo de un mes de que disponen sus diputados para remitir al Congreso un informe con el rechazo motivado de los nombramientos. El Gobierno se agarra a que los letrados del Congreso de los Diputados la legalidad del procedimiento.
El PP ha decidido llevar su batalla primero al Tribunal Supremo por tratarse de un proceso administrativo contra el que recurren y para darle mayor velocidad a la toma de medidas cautelarísimas.
Sin embargo, el partido comandado por Casado estudia también abrir otro frente legal en el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo que sirva para impedir que los consejeros adopten ninguna medida de calado. El objetivo con el recurso ante el TC sería bloquear la aprobación de decisiones que no sean meramente de la gestión cotidiana y que se prohíba la adopción de medidas importantes, por el riesgo de inseguridad jurídica en un sector regulado como el nuclear en el caso de que se tumben los nombramientos y todas las medidas de la nueva dirección queden invalidadas.
El Gobierno intentaba pactar los nombramientos con el PP, buscando que la nueva cúpula estuviese integrada por dos candidatos socialistas, dos populares y uno de Podemos. Pero el PP se salió de la negociación. Así que el Ejecutivo se decidió por proponer tres cargos y dar entrada a Podemos en la cúpula del CSN esgrimiendo su vitola de tercera fuerza parlamentaria, con 71 diputados en el Congreso.
En las últimas semanas, la cúpula saliente del CSN ha maniobrado para intentar frenar los nombramientos. Los tres consejeros nombrados a propuesta del PP han denunciado públicamente la ilegalidad del proceso de renovación y han intentado que lo frenara la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Los intentos de frenar la renovación urgente de la cúpula del organismo pretendían trasladar al nuevo Gobierno que salga de las urnas en abril el proceso de nombramiento de la nueva dirección. Unas elecciones, y ésta es la clave, para las que las encuestas auguran un desplome de Podemos, lo que le dejaría sin opciones de entrar en los reguladores.
Los cuatro candidatos a nuevos miembros del pleno del CSN no obtuvieron el respaldo necesario de tres quintos de los miembros de la comisión de Transición Ecológica del Congreso. El Gobierno, pese a no contar con ese aval, tenía la potestad legal de aprobar los nombramientos y así lo hizo el pasado viernes.
Con los nombramientos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a apenas un mes de las elecciones del 28-A, rompe mayoría absoluta del PP en la cúpula (con tres miembros) y toma el control del organismo durante los próximos años. Un periodo en que la labor del CSN será clave para pilotar el cierre ordenado de todas las centrales nucleares, que arrancará en 2027 y se alargará hasta 2035.