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Los gigantes energéticos van al Supremo para no pagar al fondo para ahorrar energía

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Los gigantes energéticos van al Supremo para no pagar al fondo para ahorrar energía
Una torre de electricidad.

Una torre de electricidad. D. P. P.

Resumen:

Cada año, desde hace seis, el Gobierno obliga a las empresas energéticas españolas a hacer aportaciones dinerarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el instrumento financiero que articula las políticas para conseguir recortes del consumo de energía comprometidos con Bruselas. Y cada año decenas de estas compañías recurren de manera sistemática ante el Tribunal Supremo esta aportación.

Endesa ha abierto el camino y ya ha recurrido ante el Alto Tribunal la cantidad que tiene aportar al fondo para ahorrar energía, que este año asciende hasta casi los 28,5 millones de euros. El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El suyo sólo será el primero de muchos recursos.

Cerca de 360 compañías de los sectores del petróleo, la electricidad y el gas inyectarán al fondo conjuntamente algo más de 203 millones de euros, según el presupuesto marcado por el Gobierno. Más de mitad de esos más de 200 millones lo asumirán cuatro compañías de esos más de tres centenares de sociedades: Repsol, con 39,2 millones de euros; Endesa, con casi 28,5 millones; Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, con cerca de 25,5 millones, y Ceposa, (con 22,4 millones).

Repsol, Naturgy y Cepsa recurren desde hace años la obligación de hacer estas aportaciones, y fuentes del sector apuntan a El Independiente que éste no será una excepción. En años anteriores también han presentado recursos ante el Supremo, entre otras muchas compañías, BP (que este año tiene que aportar 12,8 millones) o Galp (9 millones).

Otras compañías optan por no judicializar su aportación –como tradicionalmente ha sido el caso de Iberdrola- y se conforman con presentar alegaciones durante el periodo de audiencia del Gobierno para reclamar cambios en la fórmula de cálculo o para pedir que se incluya entre los paganos del fondo también a los consumidores directos.

El Gobierno establece el reparto mediante una compleja metodología que toma como base la proporción de ventas de energía anuales de cada compañía. Para este ejercicio se utilizan para el cálculo las ventas correspondientes a 2017.

En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales. Las aportaciones de las empresas van desde las decenas de millones de euros a apenas unos céntimos en función del tamaño de cada compañía.

El objetivo de este año en eficiencia energética marcado por el Ministerio es un ahorro agregado de 262 miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,5 gigavatios hora (GWh), y se establece una equivalencia financiera a razón de 789.728 euros por cada ktep o de 67.916 euros por cada GWh.

El Fondo de Eficiencia Energética se creó en 2014 para articular el compromiso de ahorro energético establecido por la Unión Europea. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones se han embarcado en una batalla legal ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales para tumbar las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.