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El Gobierno para el plan de rebajas de luz a la industria por riesgo de ser ayudas ilegales

El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este viernes el estatuto de los consumidores electrointensivos. La CNMC alertó de las dudas sobre su legalidad y pide que sea avalado antes por Bruselas.

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El Gobierno para el plan de rebajas de luz a la industria por riesgo de ser ayudas ilegales
La aluminera Alcoa anuncia el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña.

La aluminera Alcoa anuncia el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña. EFE

Resumen:

El Gobierno quería impulsar un nuevo programa programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este viernes el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria y que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

Pero el nuevo plan de ayudas tendrá que esperar a que lo apruebe (y lo rediseñe) el nuevo Gobierno que salga de las urnas del 28-A. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido paralizar el programa por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas sean legales.

El supervisor publicó ayer un informe en el que alertó del “elevado riesgo” de que los incentivos incluidos en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos puedan ser consideradas ayudas ilegales de Estado, y por eso instaba al Ejecutivo a remitir el plan a la Comisión Europea para que avalara la legalidad de los mismos por “prudencia” y para “evitar inseguridad jurídica”.

El plan de incentivos del Gobierno contemplaba rebajas en los recargos que asumen las grandes industrias en su factura de la luz, lo que supondría una rebaja de unos 64 millones de euros. Y al tiempo se anticipaba –aunque condicionado a unos Presupuestos Generales del Estado que ahora mismo no existen- una compensación de las factorías de los costes indirectos del CO2 de entre 76 millones y 100 millones. Las ayudas ahora, en cualquier caso, quedan en dique seco a la espera de la formación de un nuevo Gobierno.

La gran industria española se queja desde hace años de que el alto precio de la electricidad en España pone en jaque su competitividad y su rentabilidad. Los elevados costes energéticos de las plantas industriales son un lastre para competir en el exterior porque son muy superiores a los de sus rivales europeos.

El frenazo al nuevo estatuto para los electrointensivos llega en un momento en que conseguir ayudas para la gran industria para sus cargos eléctricos se había convertido en una de las grandes bazas para conseguir un comprador para las dos plantas que Alcoa pretende cerrar en Avilés y A Coruña.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) se había quejado de que las ayudas que planeaba el Gobierno eran insuficientes para atender sus necesidades y advertía de que algunas factorías no soportarían los altos costes energéticos y recurrirían a recortes de actividad o incluso a deslocalizaciones. La propia Alcoa ya había avisado de que se planteaba echar el cierre a su última planta en España, la de San Ciprián.