Economía

El TSJ abre la vía para anular la venta de 2.935 VPO de la Comunidad de Madrid al fondo Azora

Tras cuatro meses deliberando, el TSJM da la razón a un inquilino del Ivima por la enajenación en 2013 de su vivienda social "a precio inferior al del mercado" con personas con una "necesidad reconocida"

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El TSJ abre la vía para anular la venta de 2.935 VPO de la Comunidad de Madrid al fondo Azora
Viviendas de Protección Oficial en el Ensanche de Vallecas, al sur de Madrid.

Viviendas de Protección Oficial en el Ensanche de Vallecas, al sur de Madrid. ARQUIA

Resumen:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado un recurso de apelación de la Comunidad de Madrid y del fondo Azora que puede tener consecuencias históricas: el tribunal ha dado la razón a un particular y ha anulado la venta de una vivienda social que forma parte de las casi 3.000 enajenadas en 2013 por el entonces Gobierno de Ignacio González a Azora y Goldman Sachs por 201 millones; una resolución que podría afectar a las -concretamente- 2.935 VPO. Las partes pueden recurrir por la vía de casación ante el propio TSJ o bien elevar el recurso ante el Tribunal Supremo, según ha sabido El Independiente.

El fallo llega tras cuatro meses de deliberación del TSJ madrileño, algo insólito según expertos consultados. Antes, en mayo de 2017, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid había fallado contra el Ejecutivo autonómico y el fondo Azora. Ahora se da un paso más en este sentido denegando los argumentos del fondo y del Gobierno regional, que «coinciden en señalar que la adjudicación» no perjudicaba la situación de los arrendatarios de las viviendas con o sin opción de compra». Los jueces aseguran que sí varía porque el Ivima cumple una función social de dar alojamiento a personas que lo necesitan, función que se pierde tras la venta masiva de pisos protegidos.

Según el TSJM, con la enajenación de las casi 3.000 VPO «no serían de aplicación las normas reguladoras de la gestión y administración de las viviendas sociales» todo ello «partiendo de la base de que quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida por la propia Administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado». O por estar «en declarado riesgo de exclusión social».

TSJ: «Quienes ocupan estas viviendas tienen una necesidad reconocida por la Administración»

Esta operación a «un precio para la opción de compra inferior al del mercado inmobiliario», según la sentencia, granjeó una importante rentabilidad a Azora: seis directivos del fondo se repartieron en 2018 hasta 57 millones de euros en retribuciones, según adelantó este medio hace menos de dos semanas. Según los magistrados, «el Consejo de Gobierno -del Ivima, en 2013- expone que la finalidad última de la enajenación estratégica que autoriza es la de equilibrar el presupuesto» de la empresa autonómica y de las cuentas de la Comunidad; pero no dice «nada, de nuevo, sobre el hecho de que deban ser éstas 2.935 viviendas y no las de otra u otras promociones las enajenadas por ser ya innecesarias cuando no es discutido que, al menos, el 80% de las mismas se hallaban ocupadas».

El 80% de las 2.935 viviendas del Ivima enajenadas se hallaban ocupadas por inquilinos

«Se habría decidido la reducción del parque de viviendas pero no justificado la reducción de las necesidades de vivienda social de la población afectada», insiste el tribunal autonómico. En agosto del año pasado, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid defendieron la “legitimidad” de la operación basada en una “decisión política legítima” y en el «interés público». También en el «ahorro». “La reducción del patrimonio público se ampara no en un mero capricho, sino en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión”, reza el argumentario enviado entonces al TSJ.

No solo la Comunidad enajenó vivienda social en 2013: la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, entonces con Ana Botella al frente, vendió 1.860 VPO por 128 millones, también por debajo del precio de mercado. Hasta tal punto que el Tribunal de Cuentas condenó el pasado mes de diciembre a Botella y a otros seis miembros de su equipo a devolver más de 25 millones de euros.