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La falta de Gobierno obliga a seguir cargando en el recibo de luz ayudas a la gran industria

El Ejecutivo en funciones no puede reformar el servicio de interrumpibilidad como exige la UE y ya prepara una nueva subasta para 2020 con las mismas reglas que hasta ahora. Trabaja en una reforma total del modelo de reparto de ayudas.

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La falta de Gobierno obliga a seguir cargando en el recibo de luz ayudas a la gran industria
Planta de ArcelorMittal en Asturias.

Planta de ArcelorMittal en Asturias. ArcelorMittal

Resumen:

Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria. Unas ayudas, pensadas para contener la factura eléctrica que soportan las fábricas, y que se reparten mediante subastas a través del denominado servicio de interrumpibilidad.

Este programa garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario.

El pasado junio el Gobierno organizó la subasta que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año. Y cerró con el resultado más bajo de su historia (con 95 millones a repartir entre un centenar de fábricas durante seis meses). Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se dijo entonces que sería la última subasta de ese tipo.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmó hace dos meses que, cumpliendo la exigencia de la Comisión Europea de poner fin a este tipo de pujas para repartir ayudas a la gran industria, se preparaba una reforma integral de las subastas. Y se encomendó al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja el Ejecutivo para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

Pero la situación de bloqueo político, con el Gobierno en funciones a la espera de si al final sí sale adelante investidura de Pedro Sánchez en septiembre, impide la reforma del sistema de subastas que reclama Bruselas y la aprobación del esperado estatuto de consumidores electrointensivos, que ya se frenó la anterior legislatura por duda sobre la legalidad de las ayudas que contemplaba.

Así que el Ministerio para la Transición Ecológica ya prepara la subasta para repartir las ayudas de interrumpibilidad en la primera mitad de 2020 y que se celebrará con las mismas reglas que había hasta ahora (en las últimas pujas se han revisado a la baja la cantidad de electricidad subastada y el precio de salida, pero en lo sustancial las normas serán las mismas). En el BOE de ayer se publicaba una orden ministerial que ampliaba treses, del 31 de agosto al 30 de noviembre, el plazo para que las fábricas soliciten la habilitación para prestar el servicio de interrumpibilidad.

«El Gobierno, siguiendo la nueva normativa europea, modificará todos los mecanismos de capacidad, incluido el de interrumpibilidad que no podrá continuar como hasta ahora», confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero, de momento, y mientras siga el Ejecutivo en funciones, toca esperar. Y las subastas se quedan como están.

Recortes en las ayudas

En la anterior subasta, organizada por Red Eléctrica de España (REE) para el segundo semestre del año, se adjudicaron un total de 2.340 megavatios (MW) a 123 fábricas españolas, por los que cobrarán 95 millones de euros. En la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones.

Así que en el conjunto del año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Para la anterior subasta el Gobierno modificó las condiciones de la puja con el objetivo de provocar un recorte del importe de las ayudas que perciben la gran industria y por tanto del coste que se traslada a la factura eléctrica de todos los clientes. Para la industria le supone un problema, pero cuanto más cae la retribución a las fábricas menor es el recargo a la factura de luz de los consumidores.

El Ministerio para la Transición Ecológica rebajó el precio de salida de la puja: el precio inicial ha sido de 125.000 euros por cada bloque de 5 megavatios (MW) en liza –frente a los 150.000 de las anteriores pujas- y fue de 150.000 euros para los bloques de 40 MW –cuando en las anteriores citas se arrancaba desde los 200.000 euros-. Y, en paralelo, el Ministerio también recortó el número de bloques de mayor tamaño, que son a los que precisamente optan las mayores factorías.

A la espera de nuevos incentivos

El Gobierno paralizó la aprobación del nuevo programa de ayudas a la gran industria para rebajar su factura eléctrica. El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar en mayo el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, elaborado por el Ministerio de Industria y que contempla que la gran industria deje de pagar algunos recargos eléctricos.

Pero el nuevo plan de ayudas quedó paralizado hasta que lo apruebe (y lo rediseñe) el nuevo Gobierno… cuando haya nuevo Gobierno. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió paralizar el programa por las dudas planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de que las ayudas diseñadas sean legales.

El propio presidente Pedro Sánchez se compormetió a sacar adelante un nuevo Estatuto de Consumidores Electrointensivos una vez que forme gobierno, aunque todavía está por ver cuál serán las condiciones del nuevo texto. En paralelo, el Ejecutivo ha garantizado ya 91 millones de euros para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2 que soportan las industrias y se ha comprometido a elevar esa cantidad hasta los 200 millones, el máximo que permite Bruselas (aunque de momento es sólo una promesa).