El Gobierno de Pedro Sánchez no va a renunciar a la creación de una tasa que grave determinados servicios digitales (la conocida como tasa Google) para forzar a que los gigantes tecnológicos paguen impuestos por su actividad en el país. El Ejecutivo español apuesta por impulsar un acuerdo internacional en el marco de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea, pero si no hay pacto global o comunitario, en España se creará el nuevo impuesto.
“No podemos renunciar a tener una estructura justa de imposición digital. Es fundamental un marco internacional para este impuesto, pero sino es posible un acuerdo en el G20 y en la OCDE, habrá que hacerlo a nivel europeo y, si no, a nivel nacional”, ha advertido la ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a la prensa tras inaugurar el congreso anual de la patronal tecnológica Ametic en Santander.
“No renunciamos y tenemos la intención de poner sobre la mesa una propuesta de creación de un impuesto sobre determinados servicios digitale”, ha sentenciado la ministra. “Es indispensable adaptar nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI. Las grandes plataformas digitales no tienen una estructura productiva que se acomode a los sistemas fiscales existentes, mientras que las empresas de la economía tradicional sí están pagando impuestos allí donde realizan el servicio”.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiso aprobar la denominada ‘tasa Google’ de manera unilateral en España la pasada legislatura, pero el no a los PGE y la convocatoria de elecciones impidieron su creación. Con el Gobierno ya cuatro meses en funciones y sin una perspectiva cierta de que vaya a haber investidura este mes, el Ejecutivo confirma su intención de gravar la actividad de los gigantes digitales en España.
Y lo hace después de que la aprobación por parte de Francia de esta tasa haya estado a punto de provocar un choque frontal con el Gobierno de Estados Unidos, que salió en defensa de sus gigantes como Google, Amazon, Facebook o Apple. El presidente Donald Trump llegó a amenazar con imponer duros aranceles a los vinos franceses en respuesta. La pasada semana Trump y el presidente galo, Emmanuel Macron, alcanzaron una solución pactada: Francia devolverá parte de la tasa pagada por las compañías si la OCDE acaba aprobando un impuesto de menor cuantía.
Calviño no ha querido pillarse los dedos y no ha desvelado si el Gobierno español estaría dispuesto a seguir los pasos de París y acceder a la devolución de parte de lo cobrado a las empresas cuando se cree una tasa a escala global. La OCDE cuenta con tener lista una propuesta definitiva para crear la tasa Google en la primera mitad de 2020.
Un hachazo de 1.200 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez pretendía dar un hachazo fiscal a los gigantes tecnológicos que operan en nuestro país a través de los presupuestos generales del Estado (PGE) que el Congreso acabó por rechazar, lo que llevó al Presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones. El Ejecutivo quería que en los PGE de 2019 se incluyera ya la denominada tasa Google, un tributo específico para grandes grupos de la economía digital.
La previsión del Gobierno es que la recaudación de la conocida popularmente como tasa Google se eleve hasta los 1.200 millones de euros al año, una cifra que a todo el sector tecnológico y a buena parte de la oposición política les pareció siempre exagerada e inalcanzable.
El nuevo tributo sólo tenían que pagarlo las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España que superen los 3 millones de euros. Google, Amazon, Facebook, Apple… eran algunos de los gigantes que tendrían que tributar más en España. El impuesto gravaba al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
El impuesto digital era, de hecho, una herencia recibida del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya pretendía haber empezado a aplicarlo en los anteriores PGE. La previsión de Montoro pasaba por recaudar 600 millones el año pasado, pero teniendo en cuenta que sólo se iba a aplicar en la segunda mitad del año. La estimación del actual Gobierno de ingresar 1.200 millones al año venía pues a replicar los cálculos del Ejecutivo anterior.
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