Economía

El pacto presupuestario de PSOE y Podemos en 10 dudas

Pedro Sánchez y Pablo Igelsias

Pedro Sánchez y Pablo Igelsias en el Congreso.

El acuerdo presupuestario sellado este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es, sin lugar a dudas, una demostración de fuerza de las izquierdas, una ostentación del viraje de la política económica de corte social que pretenden imprimir y una puesta en escena del entendimiento que parece haber a día de hoy entre ambas formaciones.

Pero la redacción, antes de que se traslade al Plan Presupuestario que el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea como tarde el próximo lunes 15, deja en el aire cuestiones importantes.

Sin noticias de la senda de déficit

En primer lugar, en el documento de 50 páginas no aparece por ninguna parte qué senda de déficit ha decidido adoptar el Gobierno. Si la heredada del Ejecutivo del PP, que plantea unos objetivos del 2,2% del PIB para este año y el 1,3% en 2019, o las planteada a Bruselas (pero bloqueada por Ciudadanos y PP), más laxa y realista, del 2,7% y el 1,8%, respectivamente.

En cualquiera de los dos escenarios, lo que a la UE le importa es que España aplique para el año que viene un ajuste estructural de alrededor de medio punto del PIB, unos 6.000 millones de euros. Pues bien, nada de eso se concreta.

Hay dos previsiones de ingresos

Más aún, el documento precisa estimaciones de gasto por valor algo superior a los 5.000 millones, pero no da cifras de ingresos. Sobre estos, el Gobierno ha hablado de alrededor de 5.700 millones, mientras las cifras aportadas por Podemos elevan los recursos a unos 7.240 millones.

La diferencia es de bulto: supone disponer de unos 600 millones o de más de 2.000 millones, respectivamente, para enjugar el déficit, sin contar con la reducción que se produzca por la aportación del ciclo económico. Pero en ningún caso los ingresos serán suficientes para corregir el saldo negativo de las cuentas como espera Bruselas.

Los dudosos impuestos a la banca

Los número cojean, entre otras cosas, porque el anunciado golpe fiscal a la banca no será tal. Para empezar, el documento da una patada a seguir con el impuesto finalista a la entidades financieras, que se queda en un compromiso para estudiarlo en el futuro. Esta figura estaba llamada a aportar 1.000 millones de euros para cubrir la subida de las pensiones con el IPC.

La otra figura tributaria que el PSOE planteó en la oposición para pagar las pensiones era la tasa a las transacciones financieras, al puro estilo francés. Esto es, un gravamen del 0,2% sobre las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Quedan fuera del ámbito del impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados, precisamente el ámbito en el que quería meter mano Podemos para que el impuesto ganara tracción recaudatoria.

Y en lo que se refiere al establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, este se plantea sobre la base imponible, en lugar del resultado contable, lo que también supone una merma importante de la capacidad de recaudación de la medida. Y es que, el tipo mínimo que pagan los grandes grupos sobre la base imponible ya es del 19%, frente a algo más del 6% sobre el resultado contable.

Lo que Podemos quería atajar era la tributación de los dividendos cobrados en el extranjero, que están exentos para evitar una doble imposición. Es ese el motivo de que la tributación por el resultado contable sea tan baja. El acuerdo sí se refiere a ello, y aplica una tributación mínima del 5%.

La ‘Tasa Google’, en solitario

Otra de las medidas de ingresos que se recogen en el acuerdo es la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como ‘Tasa Google', para gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, “en línea con las recomendaciones de la Unión Europea”.

Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros. El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Pues bien, este impuesto se está tratando a nivel comunitario y la duda que surge es el impacto negativo que podría tener por el hecho de que España lo adopte sin esperar más y de manera unilateral. De hecho, la CEOE advertía poco después de conocerse el acuerdo de que “la adopción de medidas unilaterales en materias que están siendo debatidas en la Unión Europea coloca a nuestras empresas en desventaja competitiva”.

El Gobierno entra en el Impuesto de Patrimonio

Otra de las grandes dudas que surgían tras conocerse el detalle del acuerdo entre los economistas era el incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. La cuestión radica en que este impuesto recae en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno solo puede decidir sobre cómo aplicarlo en el caso de los no residentes.

La subida del SMI a 900 euros

Quizás la medida ‘estrella’ del documento sea la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes, un incremento sin precedentes de más del 20%, que la CEOE ha recibido con advertencias de que frenará el incremento del resto de contratos.

Más aún, la literatura económica plantea habitualmente que una subida del SMI debe hacerse de manera escalonada y no de golpe, porque ello puede llevar a incentivar la contratación en precario y a frenar el empleo.

¿Podría afectar a los autónomos?

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido del efecto colateral que la subida del SMI puede tener para los trabajadores por cuenta propia. Mientras el acuerdo no concreta como se articulará el sistema para que estos profesionales coticen por sus ingresos reales, y los que menos ingresos tengan puedan rebajar su factura, lo cierto es que las bases mínimas de cotización de los autónomos –con excepción de los societarios—está ligada a la evolución sobre el SMI.

De esta forma, la subida del salario mínimo hasta los 900 euros en 2019 impactaría en forma de subida de las cotizaciones mínimas de 35 euros, hasta los 314 euros mensuales. El documento tampoco menciona este extremo.

El permiso de paternidad de 16 semanas

Otro de los extremos que la redacción de documento no acaba de aclarar con rotundidad es la extensión del permiso de paternidad hasta las 16 semanas. El documento establece claramente que esa es la vocación del Gobierno y Podemos de equiparar los permisos de paternidad y maternidad.

Sin embargo, mientras establece un calendario escalonado a tres años en el caso del sector público para elevar el permiso de paternidad a las 16 semanas, para el privado se remite a una consulta a patronal y sindicatos en el seno del diálogo social y admite que tendrá un coste económico, por la necesidad de sustituir a los trabajadores de baja.

¿Cuánto subirán las pensiones este año?

En la misma línea de ausencia de detalles sobre los supuestos macroeconómicos sobre los que se sustentan las medidas propuestas en el acuerdo, se consignan algo más de 700 millones de euros para pagar la compensación correspondiente si el IPC finalmente supera el 1,6% previsto como subida en los Presupuestos de 2018, pero sin precisar cuál será la referencia.

A la vista de la evolución del indicador, que reflejó una tasa anual del 2,3% en el mes de octubre, lo más probable es que las partes estén contando con tomar como referencia el IPC del mes de noviembre, que tras el abaratamiento del precio de la energía y la moderación del consumo podría situarse en el entorno del 2,2%.

Un nuevo estatuto de los trabajadores

Y entre los anuncios más sonados, el documento guardaba una medida de calado, eso sí, completamente por desarrollar. Se trata de la discusión a partir de 2019 de un nuevo Estatuto del los Trabajadores, una enmienda a la totalidad a primera vista de la reforma laboral de 2012.

PSOE y Podemos hablan de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Para ello, avanzan, se constituirá un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional”. ¿Cuál será revolución del mercado laboral que se prepara?

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