El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han renunciado a los 6.000 millones extra que supondría aplicar la nueva senda de estabilidad en su acuerdo presupuestario firmado este jueves. El fracaso de su artimaña parlamentaria para eliminar la capacidad de veto del Senado a la hora de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha llevado al Ejecutivo y al partido de Pablo Iglesias a utilizar el objetivo de déficit marcado por el PP, que supone 6.000 millones menos para el gasto social que ambos quieren acometer en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes de Hacienda explican que el objetivo de déficit utilizado en este acuerdo es el aprobado legalmente, el 1,3%, aunque el Gobierno pretende convencer a la UE de que esa cifra es incongruente con la situación real del país, cuyo déficit previsto es del 2,7%, medio punto por encima del vigente, que es el 2,2%. Con esos datos sobre el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, Hacienda pretende conseguir que el déficit se ajuste de facto hasta el 1,8% negociado con Bruselas pero que el Gobierno no ha conseguido aprobar en las Cortes.

Mientras tanto, Hacienda asegura que la diferencia entre un objetivo de déficit y otro es irrelevante, ya que sólo supone una diferencia de una décima en los gastos referentes exclusivamente al Estado, no a las comunidades autónomas, las más afectadas por esa exigencia de ahorro. Esa diferencia se sustituirá en el proyecto de presupuestos con un sustancial aumento de impuestos que eleve el capítulo de ingresos, explican desde Hacienda.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido responder a las preguntas sobre la senda de estabilidad utilizada en estos acuerdos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y se ha remitido a la comparecencia que ofrecerá el próximo lunes tras la aprobación del plan presupuestario que el Gobierno presentará a Bruselas. “El objetivo que se manda en el plan presupuestario será el global de las administraciones públicas en el conjunto del Estado, por lo que la diferencia no es significativa”, ha asegurado la ministra socialista, que no obstante ha reiterado el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad fiscal marcados por Europa.

A preguntas de los periodistas, Montero ha admitido que el techo de gasto de los Presupuestos prácticamente no se modifica si se utiliza la senda de estabilidad del PP o una nueva, ya que de los 6.000 millones extra que pretendían disponer con el aumento del déficit iba a parar principalmente a las comunidades autónomas, que tendrían la posibilidad de endeudarse por 5.000 millones más. Al Estado propiamente dicho sólo le correspondían 1.200 millones de esos 6.000 que resultaban tan vitales para el estado del bienestar hasta ayer, según el Gobierno y para Unidos Podemos.

El acuerdo con el déficit del PP y las explicaciones de Hacienda contradicen la postura del Gobierno y de Unidos Podemos hasta ahora. Ambos han defendido con vehemencia la necesidad de aprobar una nueva senda de déficit que facilite esos 6.000 millones de euros extra para servicios públicos. El partido de Pablo Iglesias lo situaba, incluso, como una línea roja para alcanzar un acuerdo.

Tras fracasar en sus tretas parlamentarias para intentar saltarse al Senado en el cambio de la senda de estabilidad, Gobierno y Podemos optan por subir impuestos y renunciar a parte de esas medidas sociales anunciadas para justificar la necesidad de contar con la nueva senda de estabilidad. Todos los anuncios y exigencias en ese sentido quedan en papel mojado.

Tras el acuerdo firmado de forma sorprendente entre un Gobierno y un grupo parlamentario, como aparece en el documento oficial con ambos logotipos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el lunes un plan presupuestario que tendrá que negociar con el resto de fuerzas necesario para su aprobación en el Congreso: el PNV, que apoyó los PGE del PP actualmente en vigor, y los separatistas catalanes de PDeCAT y ERC.

Con este acuerdo, que establece medidas hasta el año 2020, el Gobierno y Unidos Podemos muestran las medidas que querrían desarrollar en un futuro Gobierno de coalición y preparan su relato electoral de cara a las próximas elecciones generales.