Hubo un tiempo, en las postrimerías del segundo mandato de Mariano Rajoy, en el que los pensionistas se lanzaron a la calle para exigir el blindaje de sus prestaciones y el aumento de las pagas más bajas, entre las que se encuentra la de viudedad. Los partidos del Gobierno han dado respuesta esta semana a una parte de las reivindicaciones y han incrementado las pensiones el 0,9%, es decir, una décima más de la inflación de 2019. Más allá de decisiones políticas y de las motivaciones que se esconden detrás de ellas, la pregunta es: ¿cómo afecta esta concesión a la sostenibilidad de la Seguridad Social?

Hay que tener en cuenta que en España existe desde 2013 el conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que no ha sido derogado, pero ha sido introducido en el cajón donde se guarda todo aquello a lo que no se da un uso diario. Este método de cálculo de las prestaciones se aprobó en uno de los años más duros de la crisis económica para intentar evitar que se disparara el déficit de la Seguridad Social ante el comportamiento desfavorable de determinadas variables. Este índice tiene en cuenta, entre otros, el aumento de los ingresos del Estado, el número de pensiones, un factor de corrección del déficit.

El IRP -pese a aprobarse- no cuajó en España, dado que el Ejecutivo de Rajoy decidió fijar un aumento del 0,25% para las pensiones. Además, en los Presupuestos de 2018 se acordó un incremento del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Todo esto, en un momento en el que los jubilados convocaban diversas movilizaciones en España.

La subida del 0,9% que decidió el Ejecutivo implicará ‘recompensar’ a los pensionistas con el 0,65% más de lo previsto, que era el 0,25%. El economista José Antonio Herce, uno de los mayores expertos en la materia en España, incide en que eso implicará una subida de 9 euros mensuales a la pensión media, que en España es de 966 euros.

Si se tiene en cuenta que en este país, con menos de 9 millones de pensionistas, hay 9,8 millones de pensiones, que se ingresan en 14 pagas anuales, Herce calcula que el coste para las arcas públicas de esta decisión de añadir el 0,65% será de alrededor de 850 millones de euros. Dado que este incremento se va a consolidar año a año, calcula que el impacto en 10 años será de 44.000 millones de euros; y, en dos décadas, de 89.000 millones.

Cuantía de las pensiones

Una vez aplicados estos cambios -según documentó el periódico Cinco Días-, las pensión máxima quedaría establecida en 37.566 euros, es decir, en 2.683 euros mensuales. En el caso de las mínimas, existe una mayor casuística. Por ejemplo, para los mayores de 65 años con un cónyuge a su cargo será de 11.807 euros al año, sin cónyuge, de 9.565; y con cónyuge que no esté a su cargo, de 9.081. En caso de que la persona tenga invalidez, el rango va desde los 13.623 hasta los 17.711 euros.

La pensión de orfandad se fijará en 2.924 euros anuales, mientras que la de viudedad oscilará entre los 7.249 y los 11.069 euros en función de la edad, las cargas familiares y el posible grado de discapacidad de quien la perciba.

El agujero de las pensiones representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Se calcula que el déficit anual de la Seguridad Social supera actualmente los 17.000 millones de euros y que desde 2011 ha acumulado unos gastos sin cubrir superiores a los 100.000 millones de euros.

El rápido incremento de la esperanza de vida unido a las reducidas tasas de natalidad que se registran en España conforman un cóctel explosivo para la pervivencia del actual modelo de pensiones si no se abordan los cambios precisos

La situación amenaza, además, con volverse más crítica en los próximos años, con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, que supondrá un notable incremento de los pensionistas que difícilmente se vendrá acompañado acompañada por un aumento equivalente de cotizantes. 

El rápido incremento de la esperanza de vida unido a las reducidas tasas de natalidad que se registran en España conforman un cóctel explosivo para la pervivencia del actual modelo de pensiones si no se abordan los cambios precisos, lo que justifica que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez haya incluido, por primera vez, un ministerio de Seguridad Social, al frente del cual ha situado al economista José Luis Escrivá, hasta ahora responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Precisamente, la AIReF difundió hace unos meses, cuando aún estaba presidida por Escrivá, un informe en el que se proponían algunas medidas para corregir el déficit que arrastra la Seguridad Social, que, evidentemente, podría dispararse cuando se incorporen más personas -como la generación del baby boom– al sistema público de pensiones.

El documento advertía del déficit estructural del sistema -de entre el 1,3 y el 1,5%- y recomendaba que fuera asumido por el Estado,“ya que visualizarlo como un problema del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social”.

Jubilarse más tarde

Entre las medidas que proponía para el futuro cercano, se encontraba la de elevar en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). A largo plazo, exponía dos propuestas: por un lado, el aumento de la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años; y, por otro, una más impopular, como es modificar los requisitos de acceso a la pensión (anticipada y ordinaria) para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación.

En su primera intervención como ministro de Seguridad Social, Escrivá apuntó también a la búsqueda de posibles fórmulas para fomentar la llegada a España de personas extranjeras en edad de trabajar; y al fomento de los planes de pensiones privados.

En un contexto en el que la fragmentación parlamentaria ha dificultado enormemente la toma de decisiones por parte del legislativo, y a tenor de que la ideología suele ser un factor que provoca colisiones entre los partidos a la hora de debatir sobre las decisiones económicas de calado, no parece sencillo que durante la próxima legislatura se consensúe una reforma del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad a largo plazo.

Para José Antonio Herce, uno de los aspectos fundamentales que debería abordarse a la hora de tomar cualquier decisión sobre las pensiones es el relativo a la ‘tasa de sustitución’. Es decir, al porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo recibido durante la etapa laboral.

“Tenemos pensiones que al pensionista tipo le da el 80% del último salario. Es un porcentaje enorme. De hecho, hay muy pocos países en el mundo que lo aplican porque es insostenible. Algunos, fueron intervenidos, como Grecia y Portugal”, expone.

Y añade:. En Francia, el país al que tanto queremos parecernos, la tasa de sustitución es del 50%. En Suecia, es inferior al 40%. En Reino Unido, del 30%. En Alemania, del 50%. Nuestra tasa es carísima y, si además decidimos mantener la actualización con el IPC, entonces nos sale más caro todavía el asunto (…) En Suecia, actualizan las pensiones con los salarios: si los salarios suben, las pensiones suben, si bajan, bajan; si el PIB sube, suben. Si baja, bajan. Ésa es una regla de indiciación decente”.

Herce apuesta por eliminar la demagogia del debate sobre el futuro del sistema de pensiones. La AIReF, expuso en el citado informe que sería recomendable que el Gobierno informara de la situación financiera del sistema y del efecto de las reformas con una mayor frecuencia. Y es evidente que algunas medidas que se tomen serán dolorosas; y, algunas, irán incluso contra la ideología de determinados grupos políticos. “Algunos ciudadanos, conocen lo que hay, otros no tienen ni idea. Y la inmensa mayoría no quiere saber. La gente no quiere saber porque está en su zona de confort y los sesgos de nuestra especie nos llevan a no querer salir de ella. Se hacen los tontos y se defienden panza arriba. Quieren que alguien solucione sus problemas y así ocurre con las pensiones”.

Y sigue: “Mucha gente sabe que a los 12 años la Seguridad Social ya le ha devuelto todo lo que ha cotizado…y más. Pero hay mucha gente que cree lo contrario y considera que la Seguridad Social le está robando porque se han pasado toda la vida cotizando y le devuelven una miseria. No es verdad”.

Subida temporal de impuestos

Entre las medidas que propone para iniciar un proceso de mejora del sistema público de pensiones, se encuentran algunas que podrían ser impopulares, como la ‘recarga’ de los tipos del IRPF y el IVA, siempre que se cumplan tres condiciones: que se haga de forma temporal, de la menor forma posible y sobre las bases más amplias. En este sentido, rechaza el incremento exclusivo de los impuestos a las rentas más altas, dado que eso sólo va a generar el chocolate del loro y no va a contribuir a solucionar los problemas.

Una vez se realice ese incremento impositivo, apostaría por fomentar soluciones como los planes de pensiones de empresa, que en España no son ni mucho menos habituales, pero que en países como el Reino Unido u Holanda han contribuido a la sostenibilidad del sistema. También abriría el debate sobre la edad de jubilación.

La solución para este asunto no es sencilla ni podría ser especialmente popular. Pero el déficit estructural de la Seguridad Social parece indicar que las reformas para garantizar el futuro del sistema público de pensiones no pueden demorarse mucho más en el tiempo, concluye.