María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Irene Montero, en la reuda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno da luz verde a la denominada Tasa Google. Un impuesto de nueva creación que grava la actividad de los servicios digitales de las grandes compañías para conseguir que tributen en el mercado español, adelantándose a la tasa global en que se trabaja en la OCDE y el G20.
El impuesto, que ha levantado ampollas en el sector tecnológico, llega un año después de lo previsto. El Ejecutivo la incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que no salió adelante. El Consejo de Ministros lo ha aprobado este martes y cumple con uno de los acuerdos del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
El Gobierno aprueba la tasa Google pero aplaza la liquidación del tributo hasta finales de año, como ha hecho Francia, para dar tiempo a la negociación internacional para lanzar una tasa consensuada y para sortear la amenaza de la Administración Trump de aplicar aranceles a los países que apliquen su propio impuesto.
La liquidación no se producirá al menos hasta el próximo 20 de diciembre, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y se cambiará la ley para adaptarla a un eventual acuerdo internacional en el marco de la OCDE.
Pero además el nuevo impuesto digital nace con menos pretensiones de ingresos que las que manjeaba el año pasado el Gobierno. Hacienda estimaba en la tramitación de los malogrados PGE de 2019 que la tasa Google permitiría unos ingresos de 1.200 millones de euros. La ministra Montero rebaja ahora esa estimación hasta los 968 millones de euros, un 19% por debajo a la de hace un año, y justifica el recorte a los efectos de la “ralentización económica” actual.
Sin embargo, la antigua previsión de 1.200 millones de euros ya fue desinflada por varios organismos que consideraban las estimaciones del Ministerio de Hacienda como demasiado optimistas. Entre las instituciones que desinflaron los cálculos del Gobierno estaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que entonces estaba comandada por José Luis Escrivá. Ahora Escrivá es el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y se sienta en el Consejo de Ministros que aprobará estas tasas.
El informe de la Airef sobre las medidas fiscales incluidas por el Gobierno en el plan presupuestario para los fallidos PGE de 2019 auguraba que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ingresaría entre 546 millones y, precisamente, 968 millones de euros (justo la nueva previsión revelada hoy por el Ministerio de Hacienda).
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. El Gobierno mantiene intacta la previsión de ingresar 850 millones con este tributo.
La ministra de Hacienda ha subrayado que el sector financiero “durante los años de la crisis recibió apoyo económico de las Adinistraciones Públicas” y por eso es razonable que ahora “contribuya al mantenimiento de los servicios públicos” con este nuevo tributo.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la nueva tasa la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.
Montero ha defendido que con estos nuevos impuestos que se pone los pilares para una “fiscalidad propia del siglo XXI” en España. Por un lado, adaptada a la aparición de nuevos negocios digitales que, tal y como está planteada la fiscalidad, suponen una “competencia desleal para los negocios tradicionales” que sí tienen gravadas toda su actividad.
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