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Las grandes hoteleras inician el cierre masivo de establecimientos en España

Un hotel del grupo Meliá Hotels International.

Un hotel del grupo Meliá Hotels International. EP

El decreto de estado de alarma del Gobierno imponía el cierre generalizado de comercios y servicios. Quedaron fuera de la clausura temporal inmediata supermercados, farmacias y otros centros que se consideran esenciales. También se libraron los hoteles para evitar que los miles de clientes que estaban alojados se quedaran en la calle de un día para otro.

Las hoteleras, según van saliendo de los establecimientos los turistas y estos van regresando a su lugar de residencia, han empezado ya a impulsar cierres masivos de hoteles en España. Meliá, el mayor grupo hotelero español, ha confirmado el cierre temporal de 59 establecimientos, la inmensa mayoría situados en España.

El grupo mallorquín, que permite la cancelación de las reservas sin coste, mantendrá clausurados los establecimientos, en principio, hasta el 31 de marzo, pero puede ampliar los plazos en función de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Del total de establecimientos afectados, 45 están en España, pero también hay otros en Italia, Alemania, China, Vietnam y República Checa.

El grupo Iberostar también ha empezado a parar la actividad en parte de sus establecimientos. La cadena de la familia Fluxá ha decidido cerrar todos sus hoteles en España y estudia ampliar la medida a otros países.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) pide al Gobierno, tras la declaración del estado de alarma, que apruebe por decreto el cierre de “forma ordenada y escalonada” de los establecimientos turísticos mientras estos se vacían de clientes, a la espera de que puedan regresar a sus países de origen.

La patronal del alojamiento turístico español (que agrupa a hoteles, apartamentos turísticos, campings y balnearios) subraya que los establecimientos hoteleros son responsables y darán un “servicio digno” a la espera de que los huéspedes puedan regresar sus lugares de residencia.

Además de los cierres, las cadenas están aplicando ajustes de plantilla de manera generalizada de manera paralela. Los sindicatos alertan de que Meliá ya ha recortado más de 200 empleos e Iberostar reconoce que el aluvión de cierres llevará emparejado la aplicación de recortes de plantilla temporales.

Cehat exige al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos un paquete de medidas urgentes que permitan paliar los escenarios negativos que se están produciendo desde el comienzo de la crisis. Y con ello se refiere, singularmente, a medidas fiscales y laborales. Rebajas de impuestos, aunque sean temporales, y facilidades para ajustar plantillas y para no subir salarios.

La patronal hotelera considera necesario garantizar la liquidez de las empresas, mediante el aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social por un periodo no inferior a tres meses, sin recargos ni intereses, a todo el sector hotelero. De igual forma, se solicita también el aplazamiento de otros impuestos de carácter local, como el IBI, el IAE o las tasas municipales.

Los hoteleros también alertan de que en la actual situación de emergencia sanitaria no procede el planteamiento de nuevas figuras fiscales, tales como el anunciado impuesto sobre el combustible para el transporte aéreo, con repercusión directa sobre el sector turístico, y “ve urgente que se aplacen por un periodo superior a un año las denominadas tasas turísticas de ámbito local o regional”.

Otra de las medidas que los hoteleros proponen al Gobierno es que habilite una línea extraordinaria de financiación a través del ICO con créditos blandos para superar situaciones de tensiones de liquidez, especialmente para aquellos establecimientos que han invertido en su mejora de cara a la temporada de Semana Santa.

Por otra parte, los hoteleros proponen una agilización en la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que se contemple todas las modalidades contractuales, no solo los fijos discontinuos; facilidad en el descuelgue de incrementos salariales recogidos en los convenios colectivos y que el coste de la tramitación de las bajas laborales motivadas por la afección de COVID-19 sea asumido por el Estado, debido a la excepcionalidad de la situación.

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