El Defensor del Pueblo ha solicitado información a Instituciones Penitenciarias acerca de la situación del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a fin de analizar los motivos por los que aún no se le ha concedido el tercer grado a pesar de haber cumplido un cuarto de su condena.

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el organismo que dirige Francisco Fernández Marugán ha admitido la queja formulada por la familia del exministro y anuncia que está llevando a cabo continuas actuaciones con el Ministerio del Interior y, en su caso, con la Generalitat de Cataluña al tener trasferida la competencia, para velar por la situación de los presos en esta crisis sanitaria.

En su escrito al Defensor del Pueblo, la mujer de Rato recordaba que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa en la cárcel de Soto del Real (Madrid) a pesar de haber expirado una cuarta parte de la pena que le fue impuesta, y lamentaba que se le dejara «en especial vulnerabilidad, a sus 71 años» en la crisis del coronavirus.

La mujer del ex director del FMI recuerda que sigue en la cárcel a pesar de haber expirado una cuarta parte de la condena

La petición se producía apenas días después de que Instituciones Penitenciarias suspendiera la reunión de la junta de tratamiento en la que se iba a abordar la revisión del grado de Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumple su condena a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.

Antes, a finales del pasado año, ya se le había denegado el tercer grado o régimen que se aplica a quienes, por sus circunstancias, estén capacitados para vivir en semilibertad, al estar aún pendiente de la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia, donde la Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable.

En el documento, su mujer descartaba que hubiera riesgo de fuga, y señalaba que, aunque el fallo de la Audiencia Nacional esté todavía por llegar, «no se puede atentar contra su presunción de inocencia imponiéndole en la práctica unas medidas cautelares» que el tribunal de Bankia «no ha reclamado».

Ahora el Defensor del Pueblo, una vez analizada la queja, la ha admitido a trámite al entender que reúne todos los requisitos necesarios, y ha procedido a requerir información ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Asimismo, el organismo reitera su compromiso con la situación de los presos y de los funcionarios de prisiones ante la crisis del coronavirus, y asegura estar trabajando con las autoridades para garantizar los estándares sanitarios.

«Esta amenaza sin precedentes exige el esfuerzo de todas las instituciones del Estado para preservar los derechos fundamentales que tan severamente se ven afectados en unos momentos muy difíciles para todos», concluye.

A la espera de que se resuelva el grado, el pasado febrero, la prisión concedía al exministro un permiso para salir del centro durante dos bloques de seis días, propuesta que fue aprobada por el juez de Vigilancia Penitenciaria con el informe favorable del Ministerio Público; ese mismo mes, disfrutaba del primero de ellos.

Sin embargo, con motivo de la declaración del estado de alarma, el Ministerio del Interior suspendía «todas las salidas de permiso, programadas, y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad», con lo que Rato deberá esperar para gozar del resto de días.

Además del salto al parqué de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno aún tiene abierto ante la justicia madrileña el conocido como caso Rato sobre el origen de su patrimonio, que desde 2015 le investiga por supuesta corrupción entre particulares, fraude fiscal y blanqueo.