Cáritas calcula que España tendrá unos 400.000 parados de larga duración más en cuatro meses, periodo en el que sitúa la máxima intensidad de la parálisis económica provocada por el coronavirus. De cumplirse esta previsión, la cifra de demandantes de empleo inscritos en los servicios públicos de forma ininterrumpida durante al menos un año pasaría de 1,4 a 1,8 millones.

La organización perteneciente a la Iglesia católica no tiene dudas de que la pandemia incrementará la bolsa de la población en riesgo de exclusión social, cifrado en 8,5 millones de personas (el 18,4 % del total) antes de que se propagara el virus. La incógnita no es tanto si aumentará sino en cuánto lo hará debido al impacto que la crisis sanitaria tendrá en la economía.

El golpe en el mercado laboral se ha notado ya en marzo, periodo en el que se apuntaron en las oficinas públicas de empleo 302.000 personas. El desplome de la afiliación en 833.000 personas marcó también un registro histórico el mes pasado, cuando se decretó el estado de alarma -concretamente el día 14- y se ordenó la suspensión de actividades no esenciales para tratar de contener la propagación de la covid-19.

Cáritas pronostica que el 20 % de los 4,4 millones de contratos temporales tendrán "fecha de finalización" hasta julio, lo que mandaría al paro a más de 800.000 personas. Ello hará que aumente el sector de la población más vulnerable.

"De entre los 8,5 millones de personas se encuentran en exclusión social, hay un grupo de 1,8 millones que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que van a ser las primeras en notar el parón de nuestra economía y de cómo se establezcan las prioridades de las políticas de protección social", explica Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.

La ONG tiene puesta especialmente su mirada en los seis millones de personas que se habían quedado "al filo de la navaja" tras la última crisis económica y que en parte se verán arrastrados ahora por el cierre de sus pequeños negocios o por el fin de los contratos temporales de los que disfrutaban si no se adoptan las medidas sociales necesarias. "Es lo que nosotros llamamos la sociedad insegura, personas a las que cualquier vaivén en su salud, en su empleo o en su familia les puede suponer un problema", añade.

La ONG advierte de que una parte de los 6 millones de personas que quedaron "al filo de la navaja" tras la última crisis puede engrosar la bolsa de la exclusión social en España

Cáritas ya ha empezado a notar los efectos, como demuestran las llamadas a los teléfonos de emergencias que han habilitado de "gente nueva que no sabe ir a pedir esa primera atención a sus necesidades básicas". El pasado año atendieron a un millón y medio de personas, una cifra que tienen claro que será menor que la que se registrará cuando acabe 2020.

La organización advierte de las dificultades que el confinamiento está suponiendo a la hora de poder prestar ayuda tanto a las familias a las que se hace el seguimiento desde las parroquias como a las personas que residen en los asentamientos y barrios de infraviviendas, a los que se han de facilitar ahora todas las necesidades para que no salgan a la calle y puedan subsistir.

Cáritas, asimismo, también llama la atención sobre el efecto que puede suponer en muchos escolares la suspensión de los programas de apoyo escolar al no poder impartirlos por no tener la consideración de actividad esencial. "Hay muchos padres que no tienen medios telemáticos para apoyar a sus hijos y hay niños que van a descolgarse del curso escolar por no tener un apoyo adicional", advierte Peiro.

Salida "más global y solidaria"

La secretaria general de Cáritas Española confía en que la salida a esta crisis sea "más global y solidaria" que tras la última recesión, de modo que se desplieguen medidas sociales para apoyar a los colectivos más desfavorecidos.

"Es importante que no creamos otra vez que la simple aceleración económica y del crecimiento no va a dejar a nadie atrás. En estos cinco años de recuperación hemos visto que los que peor estaban se han recuperado de manera más lenta que los que partían de una situación mejor", añade Natalia Peiro. Ésta confía en que exista un "rescate" a nivel europeo, que se suavice el límite del déficit público y que se concedan eurobonos para impulsar políticas sociales.

Cáritas considera prioritaria la aprobación de una renta mínima que tenga carácter estatal -"es diferente ser una familia vulnerable en el País Vasco o en Andalucía", sostiene- y que sea "compatible con el empleo", de modo que el parado no rechace una hipotética oportunidad laboral de duración temporal por temor a perder dicho ingreso.

Ayudas al empleo doméstico

Para "atenuar al máximo" el impacto de la crisis en las personas más vulnerables, Cáritas pide que se adopten "con carácter urgente" otras medidas, como prórrogas en la prestación por desempleo, ayudas de emergencia temporal a los trabajadores de la ayuda doméstica, la suspensión de los desahucios durante marzo y abril, y que las familias con becas de comedor puedan canjear las tarjetas en supermercados y otras tiendas de alimentación.

Peiro destaca la ola de solidaridad que están constatando en las últimas semanas, con ofrecimientos de empresas y particulares de material y donativos. "Los peores momentos de una sociedad sacan lo mejor cada persona", apostilla.