La decisión del Tribunal Constitucional alemán de cuestionar el programa de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE) ha desatado un enfrentamiento entre Alemania y el resto de los socios de la Unión Europea. El debate ha ido cogiendo grandes dimensiones en los últimos días hasta llegar a las más altas instancias del club de los Veintisiete.

Hace tan solo una semana, el tribunal alemán emitió un fallo que considera parcialmente contrario a la Constitución de Alemania al programa del compra de bonos puesto en marcha por el BCE en 2015, la piedra angular del plan de salvación del euro impuesto por Mario Draghi. El tribunal cuestiona la proporcionalidad de la medida, pues cree que el BCE rebasó sus competencias con la flexibilización de los límites al programa de compra de deuda pública (PSPP, por sus siglas en inglés) e incumplió la prohibición de monetización financiera de los gobiernos que establece la legislación europea.

La última palabra sobre la ley de la Unión Europea se pronuncia en Luxemburgo [sede del TJUE]. En ningún otro lugar"

Ursula von der Leyen

El fallo no solamente cuestiona al BCE, sino también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya se había pronunciado sobre esta cuestión hace un par de años, cuando defendió la pertinencia, la necesidad y la proporcionalidad de este programa, lo que ha provocado un pequeño cisma entre Alemania y las autoridades europeas.

A raíz de la fina línea que separa la política monetaria de la fiscal, hay quien defiende que el tribunal alemán lleva la razón al intentar impedir que el BCE actúe sobre la política económica y fiscal del país, que no tiene cedidas a la Unión sus competencias en estas materias, pero lo cierto es que las autoridades europeas no se han tomado bien este cuestionamiento.

Mucho menos aún en este momento tan crítico, en el que la respuesta fiscal a la crisis del coronavirus ha puesto a prueba las costuras de la Unión Europea y el BCE se perfila como el único organismo europeo que está tomando medidas concretas para paliar el impacto económico y controlar las primas de riesgo española e italiana.

"La última palabra sobre la ley de la Unión Europea se pronuncia en Luxemburgo [sede del TJUE]. En ningún otro lugar". Así de tajante se mostraba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una declaración publicada el domingo tras días de silencio por parte del Gobierno comunitario al respecto del fallo alemán. Von der Leyen ha llegado incluso a amenazar con iniciar un expediente de infracción contra Alemania por este fallo.

La sentencia ha llegado, además, durante el periodo que la Comisión Europea se dio para plantear un plan de reconstrucción a los Estados miembros, que ya andaban separados en bloques antes de que se conociera el fallo. A la espera de un plan del Gobierno comunitario que aún está en el aire, la sentencia no facilita precisamente la conciliación entre los Estados.

El futuro del euro

No parece el mejor momento para poner en cuestión al guardián de la estabilidad del euro, cuyo futuro podría estar en riesgo si se produjera una nueva crisis de deuda, un debacle que el BCE, precisamente, intenta frenar con sus herramientas, las mismas que ahora han sido discutidas. Y, aunque el consenso de analistas considera que el fallo no podrá tumbar la actuación del BCE, lo cierto es que Alemania está dando mucha más importancia al tema.

Quien fuera ministro de Finanzas alemán durante la pasada crisis y en el momento del lanzamiento del programa de compras del BCE y actual presidente de la Cámara Baja, Wolfang Schaeuble, advirtió hace unos días de que la decisión del tribunal alemán arriesga el futuro del euro.

Angela Merkel, canciller alemana, por su parte, defiende que el BCE debe responder al requerimiento del tribunal alemán y que solamente de esta manera será "salvable" el programa de compras del supervisor, según recogía Reuters este lunes.

El BCE se revuelve y seguirá con sus programas

Aunque la decisión del tribunal alemán no discute el programa de emergencia puesto en marcha por el supervisor bancario para atajar los efectos económicos de la pandemia, el cuestionamiento de una de las armas más poderosas del BCE lo pone en jaque tan solo pocas semanas antes de que el supervisor anuncie compras ilimitadas, según pronostican algunos analistas.

Lagarde defiende que el mandato del BCE le obliga a hacer “todo lo necesario y lo que haga falta”

Con todo, el consejo de gobierno del BCE lo tiene claro: seguirá adelante con su programa independientemente de lo que digan los juristas alemanes, que dieron al instituto emisor tres meses para aclarar que sus medidas son proporcionadas.

Tras una respuesta algo tibia por parte del consejo de gobierno, que el día del fallo se limitó a afirmar que tomaba nota de la sentencia, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló unos días después que el mandato del supervisor le obliga a hacer "todo lo necesario y lo que haga falta" para cumplir su propósito.

El lunes, la representante alemana en el comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, en la misma línea, defendía ante el diario italiano La Repubblica que el supervisor seguirá adelante con su programa de compras sin tener en cuenta la sentencia, al tiempo que dejaba claro que "la primacía de la legislación de la Unión Europea es clave para su funcionamiento".

A pesar del convencimiento del BCE, lo cierto es que la sentencia alemana sienta un peligroso precedente y abre la puerta a limitar un programa de emergencia por la pandemia que se prometió sin límites para no dejar a ningún Estado miembro atrás. Los próximos meses serán determinantes para valorar sus implicaciones y su posible impacto en las primas de riesgo italiana y española, que a pesar del susto inicial solamente se han incrementado un 2,5% y un 0,29%, respectivamente, desde la publicación del fallo. Parece que el mercado confía en la fiabilidad del BCE... al menos de momento.