Economía | Empresas LA CRISIS QUE SE VE EN LA FACTURA ELÉCTRICA

Más de 185.000 empresas recurren a las medidas ‘anticrisis’ para poder pagar la luz

Durante el estado de alarma, más de 121.000 pymes y autónomos han reducido la potencia de su contrato para ahorrar, 31.600 han suspendido el contrato y el suministro, y 31.400 han aplazado el pago de facturas, acogiéndose a las medidas especiales del Gobierno.

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Más de 185.000 empresas recurren a las medidas ‘anticrisis’ para poder pagar la luz
Cartel anunciando el cierre temporal de un comercio por el estado de alarma.

Cartel anunciando el cierre temporal de un comercio por el estado de alarma. ep

Resumen:

Con el estado de alarma casi recién estrenado, el Gobierno adoptó medidas excepcionales para proteger a colectivos vulnerables y para paliar el golpe a autónomos y pymes del parón económico. Varias de esas reformas están directamente ligadas a las facturas energéticas y a los contratos que les unen con sus compañías de luz y gas (reducción de la potencia contratada sin coste para pagar menos en la parte fija del recibo, suspensión temporal del contrato, aplazamiento de pagos de las facturas para abonarlas a plazos…).

Cuando acabó el estado de alarma, más de 185.000 empresas y autónomos se habían acogido a una o varias de esas ayudas especiales por el parón del negocio o incluso por el cese temporal de la actividad, según los datos que manejan las compañías eléctricas y a los que ha tenido acceso El Independiente.

El Gobierno aprobó el 31 de marzo medidas para que los autónomos y las empresas afectados por el parón de actividad pudieran reducir parte de sus costes, especialmente los ligados a suministros esenciales. Parte de los costes fijos de la factura eléctrica están ligados a la potencia contratada por el cliente; a menor potencia, menos hay que pagar. Cuando expiró el estado de alarma, el pasado 21 de junio, casi 121.100 clientes habían pedido esa reducción y el recorte de potencia contratada ascendía a 17,38 gigavatios (GW).

El recorte de potencia contratada también supone un recorte de los ingresos que recibe el sistema eléctrico. En concreto, el cálculo que hace la patronal de las grandes eléctricas Aelec (que integra a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) es que la rebaja de potencias que se acumulaba al final del estado de alarma abre un agujero en el sistema eléctrico (a la postre, en el recibo de luz) de 23,7 millones de euros al mes. Esa caída de ingresos la cubrirá el Gobierno con transferencias directas a las cuentas del sistema eléctrico, para cuadrarlas, mediante partidas específicas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Durante la vigencia de esta medida excepcional, ha ido creciendo el número de clientes beneficiarios, pero ha ido reduciéndose el volumen de reducción de potencia contratada. En el momento en que más recorte de potencia se registró fue a mediados de mayo con 43,34 GW y un impacto potencial en las cuentas del sistema eléctrico de 58,1 millones de euros al mes, pero en ese momento eran 100.500 los clientes acogidos.

Esto es, ahora hay muchos más usuarios que han pedido esta medida excepcional, pero son mayoritariamente autónomos y pequeñas empresas, mientras que antes la reducción de potencia era mayor por el mayor tamaño de las compañías afectadas y porque en muchos casos la potencia contratada se llevó al mínimo, según fuentes del sector.

En paralelo, cuando acabó el estado de alarma, más de 31.600 autónomos y empresas habían suspendido de manera temporal sus contratos. Ante el parón total de actividad de algunos negocios, el cliente ha congelado el contrato eléctrico: no hay ningún pago, y tampoco ningún suministro. Una medida que supone una reducción de los ingresos previstos por las comercializadoras eléctricas de 1,85 millones al mes.

Empresas y autónomos también tienen la posibilidad de suspender el pago de las facturas durante el estado de alarma y pagar de manera prorrateada las cantidades acumuladas durante los seis meses siguientes (cada mes una sexta parte de la deuda acumulada cuando se levante el estado de alarma. Con casi 31.400 clientes los que han optado por esta opción de pago aplazado, con un coste de 16 millones de euros para las compañías. Las comercializadoras empezarán a cobrar a plazos cuando termine el estado de alarma, pero las distribuidoras no percibirán su parte hasta seis meses después.

Las eléctricas que se vean afectadas por la suspensión de los abonos también podrán ahorrarse parte de sus costes, al quedar exentas del pago de los peajes ligados a ese consumo de electricidad. Un coste que también asumirán todos los contribuyentes al ser cubierto por el Gobierno con los PGE.  

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