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El Gobierno prepara una reforma exprés para evitar una fuerte subida de la luz tras el Covid

El Ministerio para la Transición Ecológica maniobra para que los desajustes millonarios del sistema eléctrico por la caída de ingresos en plena crisis no le obliguen a subir la factura como ahora marca la ley.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. ep

El sistema eléctrico se enfrenta a un agujero millonario en sus cuentas, tanto en las de 2019 como en las de 2020, golpeadas además por el efecto de la crisis del Covid-19. El Gobierno se dispone a tapar parte de los desajustes utilizando los 1.000 millones del superávit acumulado en años anteriores (una suerte de hucha de la luz) y también maniobra para evitar que la vuelta al déficit de tarifa se traduzca en una fuerte subida del recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

El agujero eléctrico amenaza con ser milmillonario. Las liquidaciones provisionales de ingresos y gastos del sistema eléctrico que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) reflejan de momento un déficit de 2019 de 1.200 millones de euros, pero en la última liquidación se reducirá esa cantidad por ingresos adicionales que se ajustan a última hora.

Las previsiones que maneja el sector auguran que las cuentas de 2019 presentarán un agujero de entre 700 y 900 millones de euros y que las de 2020, afectadas por la crisis sanitaria y por el bajón de la demanda y del precio de la electricidad, sufría otro roto que puede llegar a ser similar. De momento, el Gobierno no desvela cuáles son sus estimaciones sobre el déficit eléctrico que viene, pero se dispone a tomar medidas para que el agujero no se traduzca en un subidón de golpe de la factura.

La Ley del Sector Eléctrico de 2013 establece que los desajustes entre ingresos y costes del sistema eléctrico no pueden superar el 2% del importe de los ingresos de cada año y que la deuda acumulada por estos desajustes tampoco puede superar el 5% de dichos ingresos. En caso de incumplirse estos topes, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estarían obligados a subir los cargos y los peajes que se incluyen en el recibo de luz para cubrir el desfase.

El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una reforma exprés para asegurarse de no verse obligado a subir el recibo de luz penalizando a los consumidores, si se supera ese límite del 2% en el desfase de alguno de estos años debido a la prevista caída de los ingresos, según confirman fuentes ministeriales. En paralelo, a más largo plazo, se estudia una reformulación integral del sistema eléctrico y del modelo de asignación de ingresos y costes y su traslado a la factura para garantizar su sostenibilidad e impulsar la electrificación de la economía.

Sacar 1.000 millones de la ‘hucha de la luz’

El Gobierno ha aprovechado un macrodecreto de impulso de las energías renovables y la reactivación económica para asegurarse un colchón con el que cerrar las grietas financieras del sistema. “Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020”, explica el Ministerio comandado por Teresa Ribera.

La medida aún debe concretarse mediante una orden ministerial, pero el Ejecutivo se asegura poder hacer uso de los algo más de 1.000 millones de superávit del sistema de los últimos años para cubrir los desajustes actuales.

Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el déficit de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit, que había alcanzado un total de 1.687 millones en un lustro.

La Ley del Sector Eléctrico establece que ese superávit debe emplearse para pagar la deuda acumulada por el sistema y que a principios de este año aún ascendía a más de 16.600 millones de euros. Pero ya el Gobierno de Mariano Rajoy permitió el uso de esta hucha de la luz para pagar indemnizaciones a las compañías eléctricas decretadas por la Audiencia Nacional y también se ha utilizado para fomentar programas de renovables.

Del importe del superávit generado desde 2014, se han utilizado ya 649,8 millones euros y actualmente existe un saldo de 1.037,7 millones en una cuenta bancaria cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Una cuenta que, en la actual situación de tipos de interés, ha empezado a generar intereses negativos: a pagar por guardar el dinero. Son esos más de 1.000 millones de euros los que el Gobierno podrá utilizar para cubrir las desviaciones financieras del sistema eléctrico de este año y el pasado.

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