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Ribera usa la ‘hucha de la luz’ para tapar un agujero milmillonario en el recibo eléctrico

El Consejo de Ministros autoriza a usar el superávit acumulado por el sistema eléctrico para cubrir los desajustes de 2019 y de 2020 y evitar así volver al déficit de tarifa.

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Ribera usa la ‘hucha de la luz’ para tapar un agujero milmillonario en el recibo eléctrico
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. efe

Resumen:

El Gobierno quiere asegurarse de que cuadran las cuentas del sistema eléctrico. Y para evitar los agujeros millonarios que el sector prevé que se produzcan tanto en 2019 como en 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica podrá utilizar el superávit acumulado de otros años (una suerte de hucha de la luz) para cubrir los desajustes y desviaciones.

Las liquidaciones provisionales de ingresos y gastos del sistema eléctrico que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) reflejan un déficit de 2019 de 1.200 millones de euros, pero en la última liquidación se reducirá esa cantidad.

Las previsiones que maneja el sector auguran que las cuentas de 2019 presentarán un agujero de entre 700 y 900 millones de euros y que las de 2020, afectadas por la crisis sanitaria y por el bajón de la demanda y del precio de la electricidad, pueden sufrir otro roto que puede ser similar.

El Gobierno ha aprovechado un macrodecreto, en el que también impulsa las renovables evitando la especulación y que sirve para crear un nuevo mecanismo de subastas de nuevas renovables, para asegurarse un colchón con el que cerrar las grietas financieras del sistema.

“Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020”, explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera. La medida aún debe concretarse mediante una orden ministerial.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una reforma de la normativa vigente para evitar que los límites de los desajustes en las cuentas (no pueden superar el 2% de los ingresos del año, según la Ley del Sector Eléctrico) obligue a subir el recibo de la luz, según reconocen fuentes ministeriales.

Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el déficit de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit, que había alcanzado un total de 1.687 millones en un lustro.

La Ley del Sector Eléctrico establece que ese superávit debe emplearse para pagar la deuda acumulada por el sistema y que a principios de este año aún ascendía a más de 16.600 millones de euros. Pero ya el Gobierno de Mariano Rajoy permitió el uso de esta hucha de la luz para pagar indemnizaciones a las compañías eléctricas decretadas por la Audiencia Nacional y también se ha utilizado para fomentar programas de renovables.

Del importe del superávit generado desde 2014, se han utilizado ya 649,8 millones euros y actualmente , existe un saldo de 1.037,7 millones en una cuenta bancaria cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Una cuenta que, en la actual situación de tipos de interés, ha empezado a generar intereses negativos: a pagar por guardar el dinero. Son esos más de 1.000 millones de euros los que el Gobierno podrá utilizar para cubrir las desviaciones financieras del sistema eléctrico de este año y el pasado.

El Gobierno subraya que esta medida facilita la liquidez de las empresas que perciben retribuciones reguladas del sistema eléctrico, como los operadores de las redes de transporte (Red Eléctrica) y distribución (las grandes eléctricas y otras 300 pequeñas distribuidoras) y también las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos. “Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica”, subraya el Ministerio.

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