Entre las medidas aprobadas por el Gobierno para proteger a empresas y trabajadores de la crisis del coronavirus está la moratoria para que las empresas insolventes puedan declarar el concurso de acreedores hasta el próximo 31 de diciembre. Antes de esta modificación, las empresas debían hacerlo en dos meses.

Este cambio puede suponer una “trampa mortal” para muchas empresas, explica Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), en una conversación con este periódico. La razón, según Comendador, es que “al disponer de más tiempo, las empresas agoten el plazo y lleguen a una situación en la que no se pueda detener el sangrado”.

La clave, defiende el presidente de ASPAC, es salvar a las empresas mientras estas son “viables”. El hecho de que una empresa espere demasiado antes de declarar el concurso de acreedores puede convertirla en inviable en el medio o largo plazo.

Por otra parte, desde ASPAC temen un aluvión de concurso de acreedores en diciembre, algo que supondrá una mayor “carga de trabajo en los juzgados mercantiles”. Para ello, se han convertido en hábiles las últimas semanas de agosto, del 11 al 30, con el objetivo de agilizar estos procesos.

Empresas afectadas

Comendador apunta que esta situación va a afectar “a todo tipo de empresas”, aunque reconoce que las grandes suelen tener “más pulmón económico” para aguantar la crisis. A grandes rasgos, indica que los sectores relacionados con la hostelería y el turismo serán también los que más sufran estos procesos a finales de año.

Preguntado sobre nuevas restricciones a causa de los rebrotes, Diego Comendador afirma que prefiere “no pensar en otro confinamiento” y alerta sobre el número de autónomos que podría no aguantar otro cierre de la economía. Además, pone sobre la mesa el coste de las medidas aprobadas por el Gobierno. “¿Cómo se van a seguir financiando las ayudas a los autónomos o los créditos ICO”, insiste.

Según los datos de ASPAC, durante el primer semestre de 2020 crecieron los concursos de personas físicas de forma general. Sin embargo, desde la Asociación hicieron hincapié en que “el número de concursos de personas físicas es muy reducido (en Madrid), por lo que se espera un aumento notable en el segundo semestre de 2020”.

Reforma de la ley concursal

En medio del escenario que se presenta para los administradores concursales, se encuentra la trasposición de una directiva europea que obligará a modificar el texto refundido aprobado el 5 de mayo de este año.

Según explica el presidente de ASPAC, la modificación permitirá reestructurar los concursos para “poder detectar a tiempo la insolvencia”, mejorar la segunda oportunidad para poder “presentar un concurso” y quedar exonerado de las deudas, así como la agilización del proceso.

Para ello, los administradores concursales piden que se les incluya en las comisiones de seguimiento, ya que son quienes “más conocen el proceso”.