Inspección de Trabajo investiga a 28.200 empresas en ERTE en busca de fraudes

Desde el mes de abril, Inspección de Trabajo ha realizado 28.262 actuaciones en empresas que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Así lo explicó el secretario de estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que explicó que se trata de actuaciones en curso y que todavía no se pueden ofrecer datos de “cómo han concluido”.

En cualquier caso, Pérez Rey afirma que el fraude en los ERTE “se mueve en parámetros seguramente anecdóticos” y subraya que “el uso ha sido correcto”.

Con todo, en julio, el Ministerio de Trabajo y Economía Social puso en marcha una campaña para incidir “en la protección y uso responsable de los recursos públicos” en relación con los ERTE. El objetivo era detectar fraudes en prestaciones por desempleo o la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado mientras se mantenía a otros trabajadores en suspensión de empleo.

Esta es precisamente una de las barreras que se fijó en la mesa del diálogo social para la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Mientras una empresa tenga trabajadores en un expediente de regulación temporal de empleo no puede externalizar servicios o pagar horas extraordinarias a trabajadores que sí se hayan reincorporado a su puesto de trabajo.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en varias ocasiones en que la administración iba a vigilar las actuaciones referentes a los ERTE ya que se estaban destinando recursos públicos a la protección del empleo.

Sanciones específicas

Cuando concluyan estas actuaciones, las empresas que Inspección considere que hayan cometido fraude se enfrentan a sanciones de entre 6.000 y 187.000 euros. Además, deberán devolver las prestaciones que hayan recibido los empleados durante el tiempo en el que hayan estado en ERTE.

Estas multas se encuentran reguladas en el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo 23 de esta norma recoge que el «falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan fraudulentamente prestaciones» se considera una infracción muy grave.

El artículo 40 del Real Decreto 4 /2000 regula que para las sanciones muy graves las cuantías que deberán pagar las empresas irán desde los 6.251 euros para su «grado mínimo» y hasta los 187.515 euros en su «grado máximo». Será responsabilidad de la Inspección de Trabajo delimitar el grado de la infracción.

Tipos de fraude

Según informó Público, sindicatos y trabajadores han denunciado distintos tipos de fraudes en los ERTE. Algunas empresas, por ejemplo, obligan a trabajar la jornada completa a sus empleados pese a haberles incluido en un ERTE de reducción de esta. 

Otros ejemplos son la contratación de trabajadores para que estos perciban una prestación sin haber trabajado antes para la empresa o la falsificación de datos, como categorías profesionales, para que las prestaciones sean más altas de lo que deberían.