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La Sepi se convierte en salvavidas de la industria y turismo tras el aluvión de peticiones de rescates

María Jesús Montero, ministra Portavoz y de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

María Jesús Montero, ministra Portavoz y de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Efe

Nueve meses después de que el Gobierno aprobara, por real decreto, el fondo de apoyo a la solvencia de empresas, la documentación que solicitan las empresas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) -organismo dependiente del Ministerio de Hacienda– se acumula en sus oficinas.

Dicha hucha estaba dotada con algo más de 10.000 millones para rescatar a las empresas que atraviesan problemas de liquidez, aunque todo hace indicar que pueden quedarse demasiado cortos. Las empresas que decidan acogerse al fondo de rescate tienen que solicitar un mínimo de 25 millones de euros.

Durante las últimas semanas se han disparado las peticiones de importantes empresas para pedir una cantidad de dinero que alivie su situación financiera derivada de la pandemia. De todas las solicitudes destacan las empresas que han pedido ayuda a la Sepi de dos sectores: la industria y el turismo aunque, de momento, solo se han aprobado tres.

La primera compañía que obtuvo el el beneplácito del organismo dependiente de Hacienda fue Air Europa, ya que la Sepi aportó un total de 475 millones de euros. No obstante, entre la aerolínea y la sociedad nacional surgieron ciertos problemas puesto que la familia Hidalgo era reticente a que se pusiera al frente de las órdenes a Juan Manuel Bujía como nuevo CEO.

Este mismo martes, la ministra Montero confirmó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobaba el rescate a la compañía asturiana Duro Felguera por un total de 120 millones de euros. Dichas gestiones se llevaban ultimando durante las dos últimas semanas y, finalmente, el 9 de marzo se dio validez.

Cabe recordar que la empresa llegó a un acuerdo de refinanciación de 85 millones de euros con las diferentes entidades bancarias. Además, ambas partes llegaron a un acuerdo para nombrar a un nuevo CEO.

En el mismo Consejo de Ministros también decidió entrar dentro del accionariado de la compañía de vuelos Plus Ultra y aportará una ayuda de 53 millones de euros. Esta compañía española, que comenzó a operar en junio de 2015 y establece viajes desde Madrid y Tenerife a diferentes destinos con aviones A340/300 y A340/600, da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500.

Aluvión de solicitudes

A las empresas participadas por la Sepi, se van a ir sumando durante las próximas semanas, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé el visto bueno a las operaciones en Consejo de Ministros.

La más importante económicamente hablando es la de Celsa. Este miércoles la empresa elevó la petición hasta los 700 millones de euros desde los 350 planificados en un primer momento, según confirmaban fuentes de la operación a Europa Press. La compañía de la familia Rubiralta formalizó a mediados de noviembre del año pasado su primera petición de ayuda, que el Gobierno canaliza a través del fondo. La siderúrgica emplea a casi 10.000 personas 

Expansión también adelantó el pasado miércoles que Room Mate, empresa dirigida por Kike Sarasola, presentó estos días la solicitud de un préstamo de 52 millones de euros de forma directa y a un total de 33.233 si se tienen en cuenta los puestos de trabajo indirectos. La empresa hotelera refinanció todo el crédito que vencía a corto plazo (ha prolongado la línea de 54 millones gestionada por Citi hasta 2024).

El sector hotelero también ha depositado la documentación para acceder a las ayudas de la Sepi y empresas como Soho Hotels, Selenta, Petit Palace o Serhs han acudido a la ventanilla de la Sepi para intentar salvar su viabilidad.

En el sector industrial, Naviera Armas, Tubos Reunidos, Losán e Hijos J. Barreras, además de las anteriormente citadas han demandado participación directa del Estado, según la información a la que ha tenido acceso este medio.

Sectores clave

A pesar del aluvión de solicitudes a la Sepi para que el Estado entre en el accionariado, no todas las empresas pueden optar a dicha petición ya que existen diversos requisitos.

Por ejemplo, en uno de los apartados del decreto ley aprobado explica que la decisión de utilización del Fondo atenderá, entre otros elementos, a la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa, por su relación con la salud y la seguridad pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, su naturaleza innovadora, el carácter esencial de los servicios que presta o su papel en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización, el aumento de la productividad y el capital humano.

Según el BOE, la Sepi “verificará la concurrencia de los requisitos previstos en este apartado y valorará, con ayuda de expertos independientes en su caso, la validez y suficiencia de la información aportadas”.

Además, las empresas solo pueden beneficiarse de los fondos siempre que no acrediten estar en concurso antes del 31 de diciembre de 2019 y “no haber solicitado la declaración de concurso de acreedores, presenten un plan de viabilidad a medio-largo plazo”.

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