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Los procesos "en trámite" por ocupación de vivienda crecen un 91% en dos años

La paralización de la Justicia durante casi dos meses y medio ha provocado que se acumulen trámites de todo tipo en los tribunales, también los relativos a la ocupación de vivienda

Un bloque de viviendas. Europa Press

El Consejo General del Poder Judicial ha publicado esta semana estadísticas referentes a los distintos procesos judiciales que se han llevado a cabo durante el primer trimestre del año. Entre ellos, se incluyen los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas.

Estos juicios se reservan para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Tal como explica Luis Jiménez-Arellano, abogado del bufete Mas y Calvet, «este tipo de juicios se celebran cuando se produce el impago de la renta del alquiler».

En el primer trimestre, se registraron 791 asuntos de este tipo. Entre enero y marzo se resolvieron 866 casos y 2.635 se quedaron «en trámite». Teniendo en cuenta estas cifras, si bien los casos registrados no distan demasiado de los del mismo periodo en años anteriores (792 en el primer trimestre de 2020) o incluso se han reducido en comparación con 2019 (901), lo cierto es que los casos en trámite no dejan de aumentar.

A cierre de marzo, el número de juicios orales por ocupación de vivienda en trámite ascendía a 2.217, un 91% más que en marzo de 2019, último año antes de la pandemia. Ese año, los procesos en tramitación eran 1.379.

Causas

Esta acumulación tiene dos causas principales, según los expertos consultados. Jiménez-Arellano apunta que «si normalmente pueden tardar entre 8 o 10 meses, ahora había que sumarles un año ante la paralización de la justicia y los estados de alarma».

Además, según explica la abogada Amal Ezzedine, del despacho Acode Abogados, «se ha visto incrementada la litigiosidad este año en curso, habida cuenta la precaria situación económica en que se ha visto inmersa el país como consecuencia de la pandemia, lo que ha provocado un mayor número de ocupaciones ilegales de viviendas y por tanto su necesidad de judicialización, así como por el incremento de procedimientos que se iniciaron a partir de junio de 2020 tras la el alzamiento de la suspensión de la actividad judicial».

Es decir, se han producido más situaciones que han podido dar lugar a iniciar un proceso judicial y se han acumulado a aquellas que quedaron sin resolver durante el confinamiento.

Ezzedine añade que los procedimientos que «se encontraban en curso antes de la declaración del estado de alarma» en marzo de 2020, deben resolverse «por estricto orden de prelación de ingreso en los Juzgados». En este sentido, explica que «se ha dado prioridad a la tramitación de éstos procedimientos frente a dar comienzo a los procedimientos de nuevo ingreso en el Juzgado, y, por tanto, a contabilizarse menos nuevos procedimientos al tener que priorizar los que se encontraban en curso».

Desahucios

El CGPJ también ha dado a conocer datos sobre desahucios, que aumentaron un 13,4% con respecto al mismo trimestre del mes anterior. En total se ejecutaron 10.961, 7.862 derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 2.548 fueron consecuencia de impago de hipotecas y 551 se incluyen en «otras causas».

La prohibición de desahucios aprobada por el Gobierno incluía algunas complicaciones, según explica el abogado de Mas y Calvet, consistentes en la demostración de las situaciones de vulnerabilidad. «Para que las personas se encontrasen en esos supuestos de vulnerabilidad, era necesario acreditar que habían pasado a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%. Y además de eso, había que demostrar que el conjunto de los ingresos no superase unos umbrales», describe.

El abogado añade que el colapso del SEPE supuso un problema para poder acreditar estas situaciones con la «documentación necesaria». Así, «en la práctica, lo que ha ocurrido en un porcentaje elevado de casos es que los
arrendatarios que no han podido abonar las rentas en plazo se han agarrado a la normativa antidesahucios durante la pandemia, pero no tanto porque cumplieran los requisitos o porque pudieran demostrarlo, sino más bien para dilatar el lanzamiento». Por esta razón también se habría incrementado el número de expedientes «en trámite».

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