La escalada de precios de las materias primas se está dejando notar con especial fuerza en el mundo de la construcción. La patronal Seopan alerta de que el aumento que están registrando los elementos básicos con los que trabaja esta industria está afectado gravemente a la producción en curso de todas las empresas del sector, tanto en el ámbito de la edificación como en obra civil.

Los márgenes de beneficio en la construcción son generalmente estrechos. Y los extensos plazos desde que se diseña el proyecto hasta que se ejecuta la obra obligan a asumir riesgos. Pero aunque las grandes compañías extreman las precauciones para minimizar posibles pérdidas, hay coyunturas que pueden comprometer la viabilidad económica de los proyectos.

Desde la la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) señalan los fuertes incrementos experimentados respecto al precio mínimo de 2020 en materiales claves como el petróleo (+106%), el cobre (+102%), el acero corrugado (+78%), las mezclas bituminosas (+85%) y el aluminio (+56%).

"Son circunstancias del mercado con fluctuaciones muy grandes, que es muy difícil prever a cuatro o cinco años vista", explican desde una de las grandes constructoras españolas. "Con unos márgenes tan estrechos, cualquier imprevisto te puede llevar a pérdidas", añaden.

Pero la situación es aún más crítica. Desde Seopan alertan de que la coyuntura actual coincide con una ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas. Un procedimiento que pasó de ser obligatorio a discrecional tras la reforma de la ley de Contratos del Sector Público de 2007 y que, en la práctica, señalan habría terminado por desaparecer casi por completo de los pliegos de contratación.

Por contra, desde la patronal añaden que actualmente existen "tensiones en la disponibilidad de determinados materiales", cuyos proveedores sí ponen como condición en muchos casos que se acepten ofertas de suministro con cláusulas de revisiones semanales de precios.

Y ese sobrecoste que sufren las empresas, insostenibles en el tiempo -avisan las constructoras- no sólo pone "en peligro el equilibrio económico de los contratos, al tener que afrontar las empresas contratistas incrementos de precios superiores al 100%", sino que "puede poner en riesgo el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras".

Los nuevos planes de recuperación introducirán un nuevo factor de presión al alza en los niveles de precios futuros

Y el escenario podría extenderse. A la reactivación de la demanda mundial tras la crisis sanitaria y un incremento del precio del transporte marítimo de contenedores hay que sumar la puesta en marcha de grandes planes inversores de recuperación en muchas de las grandes economías del mundo.

Esto último, recuerdan desde la patronal de la construcción, supondrá un fuerte incremento de la demanda global de inversión en construcción e infraestructuras y servirá para introducir un nuevo factor de presión al alza en los niveles de precios futuros. La cotización actual de futuros de materias primas de la London Metal Exchange (LME) anticipa un sostenimiento de los mismos a 15 meses para el acero corrugado y, hasta diciembre de 2022, para el cobre y aluminio primario.

Revisión de precios

Para contener esta problemática, las compañías reclaman que, por un lado, se habilite con carácter urgente una norma para los contratos en curso que permita solventar de manera excepcional la situación mientras persista la situación inflacionista.

Por otro, pretenden que se reintroduzca el carácter obligatorio en los nuevos contratos de mecanismos de revisión de precios. Todo ello ya ha sido trasladado por la patronal que preside Julián Núñez a las distintas administraciones públicas, según explican fuentes de la patronal a El Independiente.

Por su parte, desde la Confederación Nacional de la construcción (CNC) han reclamado también adaptaciones legislativas que pasarían por introducir una revisión de precios automática en los contratos de obra y desvincular la Ley de Desindexación de la Economía española en los contratos de concesión.