Economía Pacto de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan reformar la ley de pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un actos del diario elEconomista. Ricardo Rubio / Europa Press

Hay acuerdo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han llegado este lunes a un pacto para reformar algunos apartados de la ley de pensiones, según han anunciado fuentes sindicales y del Gobierno.

Entre otros, han decidido que quedarán vinculadas a la inflación, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo aunque suban los precios cada año; que retirarse dos años antes de la edad legal tendrá un mayor coste que ahora, y que alargar la vida laboral contará con más incentivos.

Este texto que se ha acordado en la reunión de este lunes de las tres partes -desarrollado en un texto normativo con forma de anteproyecto de ley-, deberá ser ratificado por los órganos de Gobierno de la CEOE. Después, se formalizará el acuerdo definitivo, con la firma de las partes implicadas. Las actuales normas que rigen cómo funcionan las jubilaciones en España se establecen en la ley de pensiones (Real Decreto 8/2015), que verá modificados algunos de sus aspectos a partir de que el Consejo de Ministros refrende el acuerdo entre el Ministerio y los agentes sociales, cuando este se selle.

«El acuerdo alcanzado hoy puede ser resumido en la siguiente frase: recuperación del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y ello a través de dos pilares: la eliminación del déficit actual de la Seguridad Social y la derogación de la reforma del PP de 2013. Este acuerdo afectará positivamente a todos los pensionistas: actuales, futuro y al conjunto de la ciudadanía», ha explicado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez.

De su lado, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo porque «refuerza la financiación del sistema» y lanza mensajes «muy positivos» a pensionistas y futuros pensionistas. También ha insistido en que los cambios en los porcentajes de penalización a las jubilaciones anticipadas afectan a los que la adelanten algunos meses en concreto, pero no se modifican los años que los españoles deben permanecer trabajando.

«Se refuerza la jubilación demorada y se establecen mecanismos, incentivos, para que las personas, cuando puedan, cuando lo deseen, puedan permanecer en el ámbito del mercado de trabajo, y se tocan todas las figuras de acceso a la jubilación anticipada o demorada, siempre bajo el prisma de la voluntariedad. No hay ninguna modificación en relación a la edad ordinaria de jubilación que sigue su curso en los términos que se acordó en el año 2011″, ha explicado.

Pero el pacto de este lunes no incluye todo lo que el Gobierno quiere modificar de dicha ley, sino que hay partes que han decidido dejarse para la segunda fase de la reforma. En este segundo bloque se incluirán la posible ampliación de los años trabajados que cuentan para el cálculo de la pensión, así como la creación de un mecanismo que garantice la equidad entre generaciones (sustitutivo del actual factor de sostenibilidad), o los nuevos tramos de cotización de los autónomos.

El acuerdo supone la derogación de la reforma que llevó a cabo el Partido Popular (PP) en el año 2013, cuando creó el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), como han confirmado los sindicatos. Este IRP establecía un incremento de las pensiones del 0,25% cuando el sistema estuviera en déficit, así como el factor de sostenibilidad, que se elimina ahora.

Por otro lado, con la firma de este acuerdo el Ministerio cumplirá con parte de la promesa que hizo a la Comisión Europea en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bruselas exigía reformas a España para el desembolso de los fondos europeos, y, en concreto, la del sistema de pensiones y la del mercado laboral instaba a negociarlas con los agentes sociales para garantizar que perdurarán a largo plazo.

El pacto de las pensiones pretende perdurar 25 años, hasta la década de 2040, como explicó Escrivá en un evento este lunes. El mayor problema del sistema español de pensiones es la generación del baby boom, mucho más numerosa que las anteriores y que las siguientes, lo que obliga a idear un sistema que no solo reevalúe cómo calcularlas sino que consiga que los jóvenes no tengan que cargar con el coste de las prestaciones de toda la población retirada.

Según los cálculos del Gobierno, los jubilados crecerán un 67% de aquí a 2050, al mismo tiempo que caerá un 10% la población en edad de trabajar. Pero, volviendo a lo negociado y cerrado este lunes, ¿qué es lo que incluye este preacuerdo?

Mantenimiento del poder adquisitivo

Los sindicatos reclamaban que no tenía sentido que los jubilados cada año pudieran comprar menos cosas a consecuencia de la subida de los precios (por la inflación). Finalmente, el acuerdo incluirá, según han confirmado a este medio fuentes del Gobierno -ya que ninguna de las partes ha compartido el texto aprobado este lunes-, que las pensiones se revalorizarán en enero de cada año lo mismo que haya subido el Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. En caso de que los precios hayan caído en lugar de subir, se mantendrán intactas. Este punto ya estaba fijado, y había acuerdo entre las partes, desde hacía meses.

Penalización a las jubilaciones anticipadas

Asimismo, jubilarse dos años antes de la edad legal (66 años) será más caro. En concreto, y en base al mismo texto que aún podría sufrir modificaciones, quienes adelanten su salida del mercado laboral dos años y tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados, su pensión se reducirá un 21%.

En el caso de los que cuenten con menos de 41 años y 6 meses cotizados, la penalización será del 19%; quienes tengan cotizados menos de 44 años y 6 meses, la reducción será del 17%, y los que tengan cotizados 44 años y 6 meses o más se les rebajará un 13%. Los coeficientes actuales, salvo en este último caso, eran sensiblemente menores, como ya adelantó este periódico.

Mayores incentivos a la jubilación demorada 

Otra de las medidas con las que el Ministerio busca conseguir que la población española se jubile algo más tarde es premiando a aquellos que retrasen su edad de retiro, aunque sea solo unos meses (ahora mismo, de media, los españoles se jubilan a los 64,5 años).

Por eso, el texto también recogerá pagos de hasta 12.000 euros por cada año trabajado a quienes retrasen su edad de jubilación, en el caso de quienes tienen las pensiones más altas y hayan cotizado hasta 44,5 años. Los pagos van bajando según la pensión y los años cotizados del trabajador, pero el departamento de Escrivá seguirá abonando cantidades progresivas a los que demoren su salida del mercado laboral.

Restricciones a las jubilaciones forzosas

Por otro lado, las empresas actualmente tienen la opción de terminar contratos de trabajadores en forma de jubilaciones forzosas. Ahora, no podrá tomarse esta medida salvo con trabajadores que hayan cumplido 68 años. Así, se eliminarían estas cláusulas que antes se podían incluir en los convenios empresariales, salvo las que ya estén incluidas en ellos, que solo podrán mantenerse mientras estos estén vigentes, hasta su fin.

Derogación del factor de sostenibilidad

Por último, y, de nuevo, solo en base a lo poco que han adelantado fuentes cercanas al diálogo social, el pacto también incluye la derogación del factor de sostenibilidad que disminuía la pensión conforme se alargaba la esperanza de vida, un aspecto que estaba lastrando el acuerdo. Pero los negociadores no han concretado por qué otro mecanismo de equidad intergeneracional se sustituirá, algo que decidirán más adelante.

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