El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se congratuló este martes de que, si todo sigue tal y como pronostican sus datos, el mes de agosto terminará con 80.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad que en julio. La cifra no es baladí porque llegar a los 19,48 millones de inscritos supondría recuperar niveles de empleo no vistos desde febrero de 2020, antes de que estallase la pandemia del coronavirus.

Teniendo en cuenta los ajustes estacionales, y tal y como puede consultarse en las cifras publicadas por dicho departamento del Gobierno, la afiliación media se situó en julio en 19,40 millones de trabajadores, el máximo alcanzado desde que arrancó la pandemia, pero aún por debajo de los casi 19,48 millones de afiliados en febrero de 2020. Este umbral es el que, según la estadística quincenal conocida el martes (que Seguridad Social publica desde junio), prevé rebasarse ligeramente al terminar el mes (19,48 millones).

Así, los datos de agosto pueden ser la guinda final al discurso que el Gobierno socialista viene enarbolando durante los últimos meses, y que se basa en que España solo ha necesitado un año y medio para recuperarse de esta crisis económica, frente al "desgaste" y los "años de esfuerzos" que el país requirió para salir de la de 2008, con el Partido Popular al frente.

En esa línea, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, subrayó también ayer que España está teniendo una salida de la crisis "muy diferente" a la anterior, con un "intenso crecimiento económico" que se está traduciendo en una fuerte creación de empleo, como demuestran, ha dicho, los datos publicados por la Seguridad Social. De manera similar se ha expresado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un hilo que ha publicado en Twitter.

Pero estos datos de empleo muestran que la recuperación se está produciendo sobre todo en los sectores con más contratos temporales, en un momento en que el mismo Gobierno está insistiendo en que hay que reducir la temporalidad todo lo posible al tratarse de una fuente de precariedad. Es ese el marco en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando la reforma laboral con sindicatos y organizaciones empresariales, una reforma que se ha comprometido en aprobar antes de que termine el año.

Seguridad Social ha publicado que los sectores en que han registrado mayores aumentos de afiliación son la hostelería (+2,4%), la educación (+1,8%) y la construcción (+1,4%). La hostelería es el cuarto sector al que se dedican más personas en España, por detrás del comercio, la industria manufacturera y la sanidad. Sin embargo, se trata de uno de lo que cuentan con más trabajadores temporales: el 31% del total (350.900, frente a un total de 1,12 millones de empleados), según los cálculos que ha realizado este medio en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De forma parecida sucede en la educación: el 32% de sus trabajadores son temporales (441.800 con contrato temporal frente a un total de 1,38 millones de empleados en el sector). El tercer sector en el que mejor ha evolucionado la afiliación estos 15 días de agosto, por detrás de la hostelería y la educación, es la construcción, donde un 36% de todos los trabajadores contratados son temporales (353.700 sobre un total de 967.600).

Los únicos sectores con mayor índice de contratos temporales frente a indefinidos que los mencionados son la agricultura (con un 53% de temporalidad y 526.000 empleados totales en España) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (con un 34% de temporalidad y 1,72 millones de trabajadores en el país).

La reforma laboral, contra el exceso de temporalidad

Los contratos temporales en España representan la inmensa mayoría, y es algo que no gusta al Gobierno, pero sobre todo no gusta a Bruselas, que considera imprescindible cambiar esta realidad. De cumplir con esta exigencia depende, también, la llegada de los fondos europeos.

Por eso, Trabajo propone reducir los tipos de contrato: de los 33 que ahora están en vigor en España, a tres, uno indefinido o «estable», otro el temporal y uno más, de formación. Uno de los cambios de mayor calado que esta propuesta lleva consigo sería el fin del contrato de obra y servicio y del fijo de obra, de manera que estos trabajadores pasarían a ser indefinidos (con contratos fijos-discontinuos). 

Por otro lado, tampoco podrán utilizarse contratos temporales para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas (para los que, de nuevo, deberá usarse el fijo-discontinuo), sino que solo se dejarán para razones de carácter productivo y organizativo. A la vez, Díaz busca castigar a las empresas que abusen de la temporalidad, por ejemplo estableciendo que serán nulos los despidos ligados a la temporalidad.

Lo que aún es una incógnita para el público es cómo se repercutirá esta reforma en las cifras de empleo. Por otro lado, las cifras de empleo también se están impulsando en la temporalidad de los trabajos en el sector público, que el Gobierno también ha prometido limitar, aunque en este caso será mediante el paso de interinos a indefinidos, para lo que aprobó un reciente real decreto. Según los cálculos de este medio, el Gobierno deberá convertir a más de 500.000 interinos en fijos antes de 2025, si quiere cumplir con su promesa de rebajar la temporalidad del sector público por debajo del 8%.