La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha provocado la evacuación de alrededor de 6.000 personas. La lava ha destruido más de 500 edificaciones, entre las que se incluyen casas, colegios e incluso la iglesia de Todoque. Ante esta emergencia, las patronales bancarias y la Sareb lanzaron un comunicado la semana pasada ofreciendo sus viviendas disponibles para los afectados.

Sin embargo, una semana después todavía se desconoce la cifra total de viviendas que la CECA, la AEB, la UNACC y la Sareb pueden ofrecer a los palmeros. Las fuentes consultadas indican que es pronto para dar una cifra y reiteran que están “analizando” la disponibilidad.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que su entidad, la que tiene mayor presencia en la isla, tiene aproximadamente unas 70 viviendas disponibles, pero en esta cifra se incluyen casas que no están en La Palma. Gortázar ha participado en un diálogo organizado por la Fundación SERES. Fuentes de la entidad cifran en ocho los pisos que podría ofrecer en la isla afectada. 

Desde la Sareb indican que la oferta en La Palma es muy escasa, de hecho, en el buscador de su página web no aparece ninguna vivienda en esa isla. Sí disponen de ellas en otras islas o de otro tipo de activos en La Palma, pero no pisos o casas. En la misma línea, los buscadores de viviendas propiedad de entidades bancarias no arrojan resultados en la isla de La Palma. En el caso del Banco Santander, aparecen únicamente dos viviendas, por ello, las fuentes consultadas explican que se ofrecerán opciones en otras islas.

Otra de las entidades con presencia en la isla es BBVA, sin embargo, la entidad no ha dado ni una aproximación de la disponibilidad de viviendas que puede tener para contribuir con los afectados.

Pese a la unión de fuerzas de todas las patronales, lo cierto es que la oferta que se puede garantizar en la isla es escasa en comparación con el número de afectados.

Otras medidas

Más allá de la vivienda, las principales entidades ya han lanzado planes de acción para ayudar a los afectados por la erupción del volcán. Tal como publicó este periódico, CaixaBank, Banco Santander y BBVA han puesto en marcha medidas como moratorias en el pago de préstamos, ayudas económicas a fondo perdido o el adelanto en el cobro de los seguros.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha anunciado la paralización temporal de la amortización de los préstamos personales e hipotecarios de particulares, créditos del sector agrario y compromisos de pago de los clientes del segmento negocios durante 12 meses. Además, ha eliminado las comisiones para las retiradas de efectivo en sus cajeros, entre otras medidas relacionadas con la financiación.

Santander se ha puesto en contacto con sus asegurados con el fin de adelantar las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros y ha reforzado la atención al cliente en las zonas afectadas. También se está ofreciendo a los asegurados asesoramiento para tramitar los daños que se hayan producido en la vivienda y las gestiones con el Consorcio. Por otra parte, la entidad realizará una aportación a fondo perdido de 1.000 euros para los gastos de primera necesidad que tengan que afrontar sus asegurados.

En el caso de BBVA, ha puesto en marcha dos líneas de financiación con condiciones preferentes para familias y empresas afectados por la crisis volcánica. Estos préstamos pueden solicitarlos también personas que no sean clientes de la entidad. En el caso de los particulares, se trata de préstamos sin comisión de apertura ni cancelación y con un tipo fijo al 0%.

5,5 millones de euros para la compra de vivienda

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas en el que se incluye una partida de 5,5 millones de euros para la compra de un centenar de viviendas en la isla de La Palma. El objetivo es que se destinen de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupción de volcán.

El decreto desgrana, según Europa Press, que «deberán estar en condiciones de ser ocupadas con carácter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir», por la indisponibilidad de la vivienda habitual, ya sea en régimen de arrendamiento, usufructo o propiedad. Las viviendas podrán ser de titularidad pública o privada.

En el caso de que esas viviendas dejasen de cumplir este objeto, tendrán que permanecer bajo la titularidad del Gobierno canario y solo se podrán destinar a alquiler social u otras formas de tenencia, «siempre que se justifique su fin social».