Economía

La nueva ley de vivienda creará desequilibrios entre ayuntamientos de todo el país

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una imagen de archivo. Alberto Ortega / Europa Press

El recién anunciado acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para crear una ley de vivienda que limite los precios del alquiler ensanchará las diferencias ya existentes en materia de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) entre unas ciudades españolas y otras.

Según lo poco que se ha comunicado sobre este acuerdo, todo a través de fuentes de Unidas Podemos, la ley penalizará la posesión de viviendas vacías. Esto se llevará a cabo a través de un recargo del IBI de hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos. Desde Podemos pedían un recargo de hasta el 200%, el PSOE defendía un 75%, y, finalmente, se ha escogido un punto medio entre ambas cifras.

El IBI ya era un impuesto que se gestionaba de forma compartida entre el Estado (a través del Ministerio de Hacienda) y los ayuntamientos. En este sentido, es competencia de las corporaciones locales su liquidación y recaudación, pero el Gobierno fija un marco de actuación.

Más concretamente, los ayuntamientos españoles pueden incrementar o reducir algunos tipos de IBI fijados por el real decreto 2/2004 con unos márgenes concretos, lo que da lugar a diferencias entre territorios. Por eso, en parte, la recaudación por IBI por habitante es considerablemente diferente dependiendo de la localidad, y eso también lleva a que algunos municipios españoles recauden más del 40% de sus ingresos a través de este impuesto, como es el caso de algunos turísticos de la costa como Marbella o Mojácar, como explicó Datadista.

Ahora, la futura ley de vivienda dará más herramientas a ayuntamientos -a través del recargo del IBI- y a comunidades autónomas -regulación de precios a grandes tenedores- para la reducción de los precios de las viviendas en alquiler. Es decir, serán esas corporaciones las que tomen las decisiones sobre si se aplican estas limitaciones y recargos y cómo se hacen. Dejar este aspecto a su criterio no hará sino acrecentar las diferencias entre regiones y ciudades.

De hecho, este martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha calificado de “ataque a la propiedad privada” el recargo del IBI a las viviendas vacías. En este sentido, ha dejado claro que la capital no aplicará esta medida: «No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe», ha afirmado. En cambio, Barcelona fue de las primeras en aprobar una tasa para las viviendas desocupadas que el Supremo acabó por tumbar por considerar que el consistorio no tenía competencias para cobrarla.

Con la nueva ley de vivienda, más ciudades podrían tomar el camino que inició Barcelona o, al contrario, tomar la misma decisión que Madrid. Está claro que el factor político será determinante y que aquellas administraciones controladas por el PSOE o por Unidas Podemos estarán más cerca de llevar a cabo estas medidas; mientras que en aquellas donde el gobierno sea del PP posiblemente se opte por no aplicar las herramientas que les concede la ley de vivienda pactada por el Gobierno de Sánchez.

Es decir, la nueva ley no fijará un criterio único que lleve a la reducción de los precios del alquiler, sino que traslada ciertas competencias que CCAA y ayuntamientos pueden elegir si aplican, por lo que el efecto deseado no está garantizado.

Diferencias entre regiones

Por su parte, el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, opina que esta parte de la ley «puede generar situaciones dispares entre propietarios exactamente iguales en comunidades autónomas diferentes».

Asimismo, el experto duda de la efectividad de la ley. «No va a hacer aflorar un gran parque de vivienda. No hay un censo oficial de vivienda vacía, no es fácil determinar cuántos pisos a casa hay vacíos, cuál es el beneficio recaudatorio ni tampoco de generación de oferta en el mercado. La veo como una medida más efectista que efectiva, y para generar nueva oferta es insuficiente», valora.

Por último, Font cree que la ley tiene bastantes puntos que generarán inseguridad jurídica en un mercado del alquiler «ya de por sí complejo». «Son puntos que no suman a aportar tranquilidad», zanja.

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