Economía Presupuestos generales del Estado

La retención de la Seguridad Social subirá un 1,7% en 2022 para los sueldos medios y altos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE/ J.j. Guillén

El Gobierno ha decidido subir un 1,7% las bases máximas de cotización, es decir, la retención máxima de la Seguridad Social, como aparece reflejado en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ha publicado La Información. Además ha tomado esta decisión sin consultarla en el seno del diálogo social, es decir, sin negociarlo con las organizaciones de empresarios y los sindicatos, según han trasladado ambos al mismo medio.

Actualmente las bases máximas se sitúan en los 4.070 euros mensuales. Según se recoge en los PGE, las cotizaciones sociales crecen este ejercicio un 9%, hasta los 136.345 millones de euros, permitiendo financiar el 75,3% de todo el presupuesto. «Este crecimiento viene influido por la elevación de las bases máximas de cotización en un 1,7 por ciento y por la recuperación del PIB esperada para el año 2022», se explica en el documento superfluamente, sin entrar en ningún tipo de detalle.

El Ejecutivo lleva planteándose subir las bases máximas de cotización («destoparlas») desde antes de que estallase la pandemia, buscando incrementar los ingresos públicos y poder destinar más dinero a gasto social. La cotización es la cantidad que retiene la Seguridad Social y que se destina al pago de las pensiones.

Las aportaciones están reguladas por las bases de cotización, que varían en función del salario, pero que tienen un límite, tanto a la baja como al alza, y es este tope máximo el que el Gobierno lleva años pensando en aumentarlo. Los empresarios siempre se han mostrado contrarios a esta iniciativa, puesto que incrementaría lo que deberían pagar a la Seguridad Social, tanto empresas como trabajadores.

Para 2019 se acordó una subida del 7%, aunque inicialmente se había planteado de un 10%, que afectó a 1,2 millones de personas y supuso unos ingresos de 850 millones de euros, la suma entre las aportaciones de los trabajadores y las de las empresas. Después, en 2021, el ministro Escrivá decidió congelarlas por la pandemia y ante la situación económica que atravesaba el país.

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